La Justicia avanza en la investigación por el sospechoso contrato que firmó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el organismo que reemplazó al Registro Nacional de Armas (Renar). Se trata de un convenio que, según los denunciantes, se firmó tras una licitación direccionada que habría sido realizada entre gallos y medianoche y que, además, podría terminar constituyendo una enorme caja política.

Según pudo saber diario Hoy, la Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos que se llevaron a cabo tanto en oficinas de la empresa Dienst Consulting como en la sede de la agencia gubernamental cuya titular es Natalia Gambaro, una funcionaria que formó parte del partido creado por el empresario Francisco de Narváez. Actualmente, se le atribuyen estrechos vínculos con el operador judicial del macrismo y actual presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici. 

Fuentes judiciales informaron a este medio que, durante los operativos, “se secuestró información importante y valiosa que está siendo analizada”. El expediente se encuentra bajo secreto de sumario. Se trata de una causa que se inició luego de un informe publicado por el diario Hoy el pasado 27 de abril. Días después, el abogado Adrián Bastianes presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py, que recayó en el Juzgado Federal a cargo de Sebastián Ramos, mientras que la fiscal interviniente es Paloma Ochoa. 

La causa avanzó y Gambaro fue imputada por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Se le atribuye, entre posibles ilícitos, haber cometido irregularidades por la firma de la Resolución 0015/17, mediante la cual se le adjudicó a Dienst Consulting el negocio de otorgar las acreditaciones de condición psicofísica a los solicitantes de credenciales para la portación legítima de armas de fuego.

Hasta ahora, el permiso oficial tiene que actualizarse una vez cada cinco años y para lograr la tenencia legal de armas los solicitantes deben obtener un certificado de aptitud psicofísica firmado por un psiquiatra matriculado. Ese trámite tenía un costo de $800 pero, a partir de la adjudicación de este servicio a Dienst Consulting y la puesta en marcha del nuevo sistema, pasará a costar $3.500.

“Estamos ante un evidente negociado. Esta empresa (Dienst Consulting) fue denunciada por la AFIP por facturas apócrifas y no tiene la infraestructura necesaria para brindar este servicio. Con el costo que van a tener estos certificados, van a volcar a muchos legítimos, que cumplen todos los requisitos, a la ilegalidad. Es algo nunca visto, están destruyendo el registro de armas de la Argentina”, le dijo a este medio Héctor Abbas, un reconocido perito e instructor de tiro, quien aguarda que desde la Casa Rosada le respondan una serie de objeciones que presentó por escrito, vinculadas a la polémica adjudicación. 

Tras sus reclamos, Abbas mantuvo una reunión con Rodolfo Ocaranza, actual director nacional de Administración, Asuntos Jurídicos y Modernización de la Anmac. “Durante el encuentro no pudieron responder ni siquiera una sola de mis inquietudes. Pareció una burla”, afirmó el experimentado instructor. Por ello, la semana pasada, presentó un pedido de pronto despacho en la Presidencia de la Nación pero, por el momento, la respuesta fue el silencio.

Pese al avance de la causa penal, el Gobierno nacional sigue adelante con el nuevo sistema que favorece claramente a Dienst Consulting. Por ello, en el Boletín Oficial del pasado 9 de agosto, se publicó la resolución que reza: “Establézcase a partir del 15 de agosto de 2017 la entrada en vigencia del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos”.

“Resulta conveniente implementar la medida en forma gradual, comenzando con aquellas jurisdicciones que poseen mayor cantidad de usuarios de materiales controlados y mejor acceso a las prestaciones del sistema. Y otorgando, asimismo, un plazo cierto de validez temporal a la presentación de certificaciones psicofísicas emitidas de conformidad a la normativa vigente con anterioridad”, dice la resolución firmada por Gambaro. El sistema comenzaría a regir en Capital Federal, Córdoba y la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, existen numerosos interrogantes, dado que tanto la ex-Renar como la propia empresa prestataria no tendrían la infraestructura necesaria para atender de forma adecuada este servicio.

Denuncian nuevos abusos de la prestataria

Dienst Consulting, la polémica empresa prestataria encargada de controlar las licencias de los docentes y auxiliares bonaerenses, sigue dando de qué hablar. Ahora, el gremio de los maestros de Bahía Blanca, ciudad de donde es oriunda la compañía, denunció nuevos abusos por parte de la misma, que tiene un contrato anulado con la Dirección de Escuelas bonaerense que supera los $150 millones por año, por pretender que trabajadores de la educación que padecen graves patologías viajen más de 600 kilómetros para que se les audite su situación de salud.

Según explicó a diario Hoy Gabriel Bonfiglio, secretario de Salud de Suteba Bahía Blanca, previamente a las vacaciones de invierno “el organismo de Salud Laboral de la Provincia llamó a través del Consejo Escolar a cerca de 36 docentes que tenían recalificaciones permanentes o cambios de funciones definitivas para auditar su situación. El problema es que pretendían que fueran hasta La Plata para hacerlo, a las oficinas de Dienst Consulting de allá, en vez de mandarlos a las de acá”.

“Se trata de docentes que, algunos, están en esa situación desde 2006 y cuyo estado de salud ameritaba que no estuvieran en el aula. Para peor, les pedían los estudios médicos actualizados en un plazo de diez días, cuestión que es imposible de poder cumplimentar dados los tiempos que demanda la realización de esos estudios y porque no todos cuentan con el dinero para hacerlos. Tampoco les pagaban el viaje. Y todo era bajo apercibimiento de sanciones”, afirmó.

Tras una serie de protestas del gremio en el Concejo Escolar bahiense, la situación quedó por el momento en stand by. Sin embargo, para el dirigente gremial, se trata de un nuevo abuso de la empresa “que tiene la mirada puesta en el recorte”. “Buscan reducir las licencias a cualquier costo. Nos tienen acostumbrados. Trabajan desde el ajuste. Vos estás con un problema de salud, vas al médico y te da cinco días, pero cuando vas a la prestataria te dan tres o dos. Te dan menos días para evitar llamar a acto público y poner suplentes. Es un ahorro para la Provincia a costa de la calidad educativa, porque en el medio los chicos se quedan sin clases”, señaló Bonfiglio.

Además, denunció que la empresa ya no envía médicos a domicilio. “Dicen que solo lo hacen en caso de que no puedas deambular, o sea, en casos extremadamente graves. Hemos sabido de compañeras con 40° de fiebre a las que no le mandaron el médico porque supuestamente estaban en condiciones de deambular”, graficó, y agregó: “Quieren que vayas a trabajar enfermo para ahorrarse las suplencias”.

Según denuncia el gremio Soeme, “el actual sistema viola el ordenamiento jurídico vigente, que sabiamente confió la salud de los trabajadores de la educación a un organismo estatal, realmente capacitado y con profesionales probos, avezados en salud laboral, como lo es la Dirección Provincial de Reconocimientos Médicos”.

Piden informes desde el Senado nacional

La Resolución 0015/17, firmada por la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados) el pasado 31 de marzo, sigue trayendo mucha repercusión en el ámbito político. La misma estipulaba el contrato de la empresa Dienst Consulting para el otorgamiento de los certificados de condición psicofísica a solicitantes de credencial de legítimo usuario de armas de fuego y otros materiales controlados.

La senadora nacional salteña Cristina Fiore Viñuales presentó en la Cámara alta un proyecto de comunicación, en el cual le solicita al Ejecutivo que brinde especificaciones sobre el Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos creado por el organismo que conduce Natalia Gambaro.

En su presentación, la legisladora norteña pide que se informe “por qué se entregó a Dienst Consulting la realización de los exámenes psicológicos/psiquiátricos que permiten evaluar patológica, neurológica y psicológicamente a quienes buscan poseer un arma de fuego”, así como también exige que se explique “si los exámenes son uniformes o diferenciales para cada categoría”.

Además, Fiore Viñuales demanda que desde el poder central se aclare si la cuestionada empresa “presenta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una causa con numeración 18/2011 por la emisión de facturas apócrifas”.

En ese marco, la senadora pone en duda los criterios usados para darle a Dienst Consulting el otorgamiento de dichos certificados, y le reclama al Estado que ponga manos en el asunto “para resolver una situación que está muy poco clara en los hechos y que exige una explicación concreta de las autoridades”.

Otras unidades de negocios

Policía Metropolitana

En noviembre 2016, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que conduce Horacio Rodríguez Larreta le adjudicó a Dienst Consulting un contrato por $35,6 millones anuales para ejercer el “control de licencias médicas, de exámenes de ingreso y elaboración de informes socioambientales de la Policía Metropolitana”.

Guardia médica en la Ciudad de Buenos Aires

El 4 de mayo de 2017, la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Genoveva Ferrero, adjudicó a Dienst Consulting un contrato por $26.832.000, para la prestación de un servicio de guardia médica en el edificio ubicado en la calle Herrera nº 2.412 (Edificio Herrera) de Capital Federal. A Ferrero se le atribuye una estrecha relación con el exministro de Espacio Público porteño y exministro de Infraestructura bonaerense, Edgardo Cenzón, quien a su vez respondería al empresario Nicolás Caputo, uno de los mejores amigos de Mauricio Macri.

Un poco de historia

Si bien la tercerización de los servicios de control de licencias médicas de docentes y auxiliares en la Provincia de Buenos Aires es un mecanismo que comenzó a implementarse de manera incipiente a partir del año 1994, tuvo un punto de inflexión en el último trimestre de 2009. Mediante una polémica contratación directa, el entonces director general de Cultura y Educación bonaerense, Mario Oporto —mediante la firma de la Resolución 3894/94, que también lleva la rúbrica del entonces subsecretario administrativo Gustavo Corradini— le adjudicó el servicio a la firma Dienst Consulting, que tiene sus orígenes en Bahía Blanca. Oporto actualmente forma parte del espacio político de Florencio Randazzo.

En la resolución, se dice expresamente que, por los servicios que presta la mencionada compañía, la empresa comenzó percibiendo $1,6 millones por mes, lo que totalizaba en aquel entonces un monto anual de $19.992.849. A eso se le sumaban otros $20 millones por la licitación ganada para otras zonas de la Provincia. Pocos meses después, en el año 2010, el negocio dio sus frutos y la compañía Dienst Consulting (que había sido creada en el año 2001) resolvió aumentar su capital social de $12.000 a $312.000.

En el año 2009, el monto de la operación realizada en la Dirección de Escuelas (del contrato directo) superaba 327 veces los límites fijados por la Ley de Contabilidad de la Provincia, que establecía que las contrataciones directas solo se podían concretar con montos que no superaran los 61.000 pesos. La norma establecía, además, que para todas las contrataciones por encima de ese monto se debía seguir el proceso licitatorio.

Ocho años más tarde de la primera contratación, el convenio de Dienst Consulting con la Provincia asciende a más de 150 millones de pesos y presta servicios en 109 localidades de la Provincia de Buenos Aires, mientras que en las 26 comunas restantes la tarea de controlar de licencias está a cargo de los propios municipios.

¿Qué resultados arrojó el control de licencias tras ocho años de tercerización? Según lo informó la Dirección de Escuelas de la Provincia, el nivel de ausentismo docente llega al 17%, cifra que se ubica por encima de la medida nacional. A su vez, a lo largo y ancho de la Provincia, se multiplican las denuncias y quejas de docentes y auxiliares contra la prestataria. Sostienen, por ejemplo, que muchas veces son atendidos por empleados sin título de Medicina, como así también alertan que gran parte de plantel médico de la compañía está constituido por doctores generalistas, sin formación adecuada para evaluar las patologías específicas que padecen los trabajadores de la educación.

El contrato entre Dienst Consulting y la Provincia venció el año pasado, pero el entonces titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, prorrogó el convenio por otros 12 meses, hasta diciembre de 2017, y aún no hay indicios del llamado a una nueva licitación. Tampoco hay indicios de una estatización del servicio, teniendo en cuenta que la función de contralor, según lo establece la normativa vigente, debería ser desempeñada por el propio Estado a través de la Dirección de Reconocimientos Médicos.

Finocchiaro, que incurrió en la contradicción de cuestionar el ausentismo docente y renovarle el contrato a la empresa que debería haber realizado las tareas de contralor, actualmente es el ministro de Educación de la Nación, habiendo reemplazado en el cargo al precandidato a senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich.