Cambiemos reunió a las apuradas la bicameral de trámite legislativo para dictaminar los decretos de necesidad y urgencia del último semestre, antes de rotar las autoridades y dejarle la presidencia al diputado de La Cámpora Marcos Cleri.

Es que a diferencia de sus primeros días en el Gobierno, al oficialismo le cuesta cada vez más tener una firma opositora para un DNU pero como cuenta con la mitad de sus miembros por una legendaria maniobra de Emilio Monzó, la presidencia le permitía firmar el dictamen de mayoría. No ocurrirá más.

Los DNU sólo pierden vigencia si las dos Cámaras del Congreso los rechazan y si bien nunca sucedió, este año Mauricio Macri tuvo que derogar varios antes que la oposición los anule. 

Los más recordados fueron el aumento del gas, el megadecreto de desburocratización y la eliminación del fondo sojero, que algunos senadores peronistas aún amenazan con derogar en el recinto. Para evitarlo, en noviembre el Gobierno cerró antes de tiempo el período de sesiones ordinarias. 

En la reunión de esta mañana, se sumó a último momento el DNU 1117, que transfirió desde el Ministerio del Interior a la jefatura de Gabinete el control de la obra pública y de los Programas de Participación Pública Privada (PPP), que el Gobierno ya se resigna a no empezar nunca por la crisis financiera.

El peronismo podría unirse y obligar a Macri a quitarle la obra pública a Marcos Peña. El diputado Marcos Cleri presidirá la bicameral de decretos en 2019

Aun así, el primer DNU a tratar, el 545, contemplaba modificaciones al presupuesto para apuntalar los PPP que nunca empezaron. "Cuando las provincias y los gobernadores venían a reclamar de las obras les decían que saldrían por PPP. Ahora nos desayunamos con que no son prioridad y vuelven las licitaciones públicas", se indignó la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Citó el anuncio de la obra de portezuelo del viento en su provincia, que iba a ser por PPP pero será por financiamiento público. A su lado se sentó Máximo Kirchner, que esta vez no abrió la boca.

"Hay que reconocer que el sistema de licitación pública tampoco funcionó siempre bien. Hay décadas con casos de corrupción", respondió protocolar el macrista Pablo Tonelli, que protagoniza un duelo con la mendocina en cada reunión.

La senadora María Fiore Viñuales, salteña y aliada eventual del Gobierno, tampoco firmó ese decreto pero sí el que rearmó el organigrama de ministerios y rebajó las carteras de Trabajo y Salud, rechazado por el resto de la oposición.

Aunque es habitual para la oposición no objetar los decretos que crean o modifican áreas de gestión, la eliminación de ministerios de peso no fue avalada ni por el kirchnerismo ni por el peronismo federal, representado por el diputado entrerriano Juan Bahillo y los senadores Teresa González, Guillermo Snopek y Daniel Lovera, la línea dura con la Casa Rosada del bloque de Miguel Pichetto.

El DNU que le concede la obra pública a Peña podría ser eliminado, pero en un año electoral en Cambiemos no creen que el peronismo llegue tan lejos. Aunque no puede estar tan seguros y espera una bicameral más activa: en 2017, cuando también la presidió Cleri, fue habitual la visita de sectores de la sociedad civil afectados por los decretos para presionar a la oposición. 

Ocurrió con el que eliminó los reintegros a puertos patagónicos, que el Gobierno pudo mantener con concesiones a las provincias sureñas y varias reuniones de gabinete improvisadas. Sino el Congreso lo eliminaba.