Dos años le llevó a Patricia Bullrich imponerse en el gabinete para avanzar con el proyecto de la "ley mentira", que castiga a cualquiera que le mienta a un juez, incluso si es el acusado (hoy solo se castiga al testigo). Es un proyecto que va en contra de la interpretación histórica que hizo la Corte Suprema de la Constitución y que, para muchos penalistas, implicaría un avance peligrosísimo del Estado sobre garantías constitucionales. "Todos los que hayan sufrido un delito, la sociedad, van a estar a favor", dijo Bullrich, exultante, en la presentación del proyecto. "Esto va muy a fondo del alma de la Argentina".

El problema no fue convencer a Macri sino al Ministerio de Justicia que dirige Germán Garavano ("la línea tenía objeciones", cuentan dentro de la propia cartera). Tan de Bullrich era el proyecto que se anunció en la sede del Ministerio de Seguridad.

"Convencer a Macri fue facilísimo: es ingeniero. Él dice 'mentir está mal, ¿cómo se le va poder mentir a un juez?", dijo a LA NACION un legislador del oficialismo que celebraba "el gesto" que implica este proyecto de ley.

Sin chances reales de que el Congreso se disponga a tratarlo, este proyecto es, más que ninguna otra cosa, un gesto.

El objetivo es mostrarse del lado de "la verdad", de la ética, de los valores. "Pensemos en el Indec. Vivimos en un país donde la mentira estuvo institucionalizada", dijo el diputado Fernando Iglesias, que participó del anuncio del proyecto de ley.

"Convencer a Macri fue facilísimo: es ingeniero. Él dice 'mentir está mal, ¿cómo se le va poder mentir a un juez?", dijo un legislador del oficialismo que celebraba "el gesto" que implica este proyecto de ley.

En este tramo de la campaña, donde la apuesta es por el milagro, Macri se abraza a una épica que no admite grises. No es extraño entonces que quienes lo acompañan sean Bullrich e Iglesias, Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto.

Las caravanas del "sí, se puede"

Ni que el Gobierno impulse ahora esta "ley contra la mentira", el fortalecimiento del "control poblacional" de las fuerzas de seguridad o la ampliación del "servicio cívico voluntario". Tampoco, que Macri haya dicho, tomando partido como nunca antes en el tema del aborto, que está "claramente a favor de las dos vidas".

Y en Neuquén fue más allá. "¡Las dos vidas, por supuesto! ¡Todo con Dios, que nos da la fuerza todos los días!", dijo. En la efervescencia de las caravanas, en Tucumán le besó los pies a una mujer del público. Un gesto extremo que sorprendió hasta a sus colaboradores más cercanos.

El proyecto que propone el perjurio, según Bullrich, está "en el corazón del pensamiento de Juntos por el Cambio" y va en contra de los avances del "garantismo", un enemigo dilecto del macrismo más duro.

Ante la imposibilidad de negar los daños de la crisis, un funcionario lo dijo sin eufemismos: "Con este gobierno la pasas mal, pero no te miente".

El debate jurídico

El debate jurídico es profundo. La Constitución Nacional dice que "nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo" y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que toda persona "tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable". Bullrich y Garavano sostienen que la garantía está preservada con la posibilidad que tiene el acusado de negarse a declarar, pero que, si declara, debe decir la verdad o de lo contrario, ser sancionado. Que en Estados Unidos el sistema funciona así. Y que "cuando la mentira se integra abiertamente en el proceso, los jueces instructores acaban perdiendo sensibilidad ante los imputados que desean sinceramente decir la verdad, porque no hay diferencia procesal alguna entre declarar la verdad o no".

Es la opinión que sostiene desde hace años el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que afirma que "buena parte de los problemas de la administración de la Justicia" se dan porque debe "encontrar la verdad entre muchas mentiras" y que esto es así porque la mentira no se sanciona.

Según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en cambio, el proyecto del Gobierno viola la Constitución porque la garantía "abarca la potestad de no declarar como así también la facultad de declarar sin tener que asumir la culpabilidad bajo ninguna forma de coacción estatal o privada". Además, Gil Domínguez sostiene que la reforma propuesta afecta el principio de "progresividad y no regresividad de los derechos y garantías" (no se puede retroceder).

Un tema especialmente polémico es que el castigo a quien "a sabiendas afirmare una falsedad o negare una verdad" incluye también a los defensores. Los abogados se opusieron de inmediato.

Alejandro Carrió, referente en materia de garantías constitucionales del proceso penal, considera que la interpretación de la Constitución que hacen los autores del proyecto es una lectura posible, a pesar de que va en contra de la interpretación histórica que hizo la Corte Suprema. "La Corte, desde sus primeros pronunciamientos, habla de la coerción que significa hacer declarar a un acusado bajo juramento", explicó. Según él, lo más delicado es la indagatoria durante la instrucción, con un acusado que, además, muchas veces está detenido. "Es diferente en Estados Unidos, porque ellos no tienen la indagatoria ante un juez durante la etapa de la investigación", dijo.

Esta discusión difícilmente llegue algún día a tratarse en el Congreso. El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, ya dijo que el proyecto es "absolutamente inconstitucional".