por Nelson Castro

El Gobierno ha decidido salir a retomar la iniciativa política, atributo que perdió hace tres meses. La llamada “tormenta” lo ha dejado arrebatado por el viento. Por si alguien se deja llevar o se enamora del eufemismo meteorológico: la “tormenta” significa devaluación, inflación, caída de la actividad económica, caída de las expectativas positivas y aumento de la pobreza. Tanto el Presidente como su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quedaron satisfechos con las muestras de apoyo que lograron de parte de los ministros de Economía de los países del G20 que se reunieron en Buenos Aires el fin de semana pasado. Sin embargo, de la lectura fina de lo que allí pasó y se dijo en relación a la Argentina –que lejos estuvo de ser el centro de las preocupaciones de los asistentes al cónclave– se desprende la demanda de rigurosidad por parte del Gobierno en el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Palabra de fondo. Lo dijo Christine Lagarde en la conferencia de prensa que compartió con Dujovne: “La Argentina debe cumplir las metas acordadas con el Fondo”, expresó la directora gerente,  quien sobrelleva una condena por negligencia en el “affaire Tapis”, un caso de corrupción que aún hoy causa impacto en Francia. Bien leídas, las expresiones de Lagarde pusieron en blanco sobre negro las asignaturas pendientes de la actual gestión: “esperamos que el año que viene mejore la economía”; “esperamos que baje la inflación”; “esperamos que baje el déficit fiscal”. Es decir, el Gobierno está sometido a un examen cuya aprobación no será fácil. Por lo demás, Macri ha tenido durante la reunión una sobreactuación poco conducente. Es norma que los presidentes no hablen en ninguna de las sesiones porque para ello están las correspondientes a los jefes de Estado. Para los asistentes, escucharlo al Presidente fue un agregado más de una agenda que a muchos los perturbó porque les impidió asistir a la representación de Tristán e Isolda, la ópera de Wagner que con dirección del maestro Daniel Baremboin se representaba esa tarde en el Teatro Colón. El lunes, Macri sorprendió con el anuncio sobre las nuevas atribuciones que se planean para las Fuerzas Armadas. No resulta claro por qué el Presidente decidió meterse en este berenjenal. No porque el espinoso tema concerniente al quehacer y al qué hacer de las Fuerzas Armadas no lo amerite sino porque, siendo una deuda de la dirigencia política argentina desde 1983 hasta aquí, no parece que lo expuesto en la alocución presidencial sea, si no lo mejor, al menos viable. En el discurso se aludió a un accionar de los efectivos para cuyo despliegue hace falta un nivel de equipamiento que no solo hoy no se tiene sino –y esto es lo malo– que no sabe cuándo se tendrá. Por otra parte, la idea de involucrar a las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico debe analizarse con mucho cuidado. En ese sentido, la experiencia de México ha sido nefasta. Paralelamente, la opinión y el sentimiento de los integrantes de cada una de las fuerzas es prácticamente unánime en su rechazo a estas tareas. “Nos preparamos para defender a la Patria contra un agresor externo que ponga en riesgo nuestra soberanía, no para ser auxiliares de fuerzas policiales”, se escucha habitualmente en los ámbitos castrenses. El mensaje de Macri, además, permitió abrir la puerta de la duda respecto de si las Fuerzas Armadas actuarán o no en tareas que conciernen a la seguridad interior. Y eso bastó para movilizar a la oposición. En ese universo están los que desde siempre han protestado cada vez que algún hecho trajo reminiscencias de la brutal represión desplegada por la última y sangrienta dictadura militar. Conviven ahí los diferentes partidos y las agrupaciones de izquierda, organizaciones sindicales, sociales y de Derechos Humanos. A ellos les asisten la legitimidad de la coherencia. No es el caso, en cambio, del kirchnerismo siempre dispuesto a subirse a cualquier colectivo que les sea útil para exhibir su oposición al actual Gobierno. Allí aflora en forma diáfana la contradicción K: nadie puede olvidar que Cristina Fernández de Kirchner nombró como jefe del Estado Mayor del Ejército al teniente general César Milani, hoy preso por cargos de secuestro, tortura y desaparición de personas. Eso no es todo. Junto con las sospechas de enriquecimiento ilícito, pesan sobre él las de haber montado un aparato financiado con cientos de millones de pesos destinado a tareas de inteligencia interior. Que el kirchnerismo proteste ahora habiendo hecho lo que hizo con Milani, es una muestra de lo que es su esencia: la contradicción permanente. Aporte intolerante. Consciente de su caída en las encuestas, María Eugenia Vidal salió este fin de semana a timbrear. “Tenemos que dar la cara”, dijo la gobernadora cada vez más afectada por el impacto negativo que sobre su figura viene produciendo el ajuste económico y las denuncias de aportantes truchos en el financiamiento de su última campaña electoral. El enojo mayor es contra “el fuego amigo”. De la oposición se ha verificado una clara ofensiva de Unidad Ciudadana que es comandada directamente por  CFK. Pero el problema principal lo tiene Vidal adentro. Ella quiere saber quiénes son los que, desde adentro del partido, urdieron esta metodología que representa una clara maniobra de lavado de dinero. Las sospechas de muchos de su entorno llevan a personajes de cercanía con el Presidente. A algunos de ellos ya los denunció, por otras causas, la diputada Elisa Carrió. Los dichos brutales de Luis D’Elía –“A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo”– no pueden pasarse por alto. Quien dice algo así se autodescalifica. Por lo demás, nadie puede sorprenderse por los dichos de alguien que ha hecho de la violencia un modus operandi de su accionar supuestamente político. Lo que inquieta, en cambio, es el silencio del kirchnerismo, excepción hecha al momento de escribir esta columna, de Diana Conti. A Macri le corresponderá, en todo caso, el juicio de la Justicia. Y cuando deje la Presidencia, causas hoy dormidas lo tendrán seguramente como concurrente a los Tribunales de Comodoro Py. Esa es la norma en una sociedad democrática. Los fusilamientos son su antítesis de consecuencias nefastas. Y, para corroborarlo, están  los muchos fusilamientos ocurridos a lo largo de la historia política argentina. Todos fueron germen del odio y del revanchismo: fuente de Justicia, en cambio, ninguno.