El juez federal Claudio Bonadio, que desde hace un año avanzó con diligencia sobre funcionarios y ex funcionarios kirchneristas acusados de corrupción, enfrenta tres acusaciones en el Consejo de la Magistratura. Para defenderse, el magistrado acusó a la "mayoría automática" kirchnerista del cuerpo que según él lo persigue políticamente.

Para Bonadio, "la mayoría automática" de consejeros que tiene el oficialismo en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura realiza en su contra una "persecución política sistemática y constante", la cual " carece de toda base fáctica y jurídica". Bonadio consideró que ese grupo de la Comisión lo acusó de manera "arbitraria e infundada" y calificó de "dislate" al proceso.

Esta vez Bonadio está acusado de demorar un expediente que finalmente prescribió, en el cual se investigó la adulteración de un medicamento suministrado a hemofílicos que padecieron por ello HIV y hepatitis. El caso caducó, según el oficialismo, por la actuación "temeraria y negligente" de Bonadio.

Esta denuncia contra el juez se suma a otras dos por las que ya fue convocado a dar explicaciones a la Comisión de Acusación del Consejo. En una de ellas se lo acusa de incurrir en demoras en la investigación de la venta de un predio de los astilleros Tandanor, y en otra de tardar en investigar la causa en la que se cuestiona el pago indebido de reintegros impositivos a una curtiembre del grupo Yoma.

Las acusaciones prosperaron en el Consejo de la Magistratura luego de que Bonadio procesó a Ricardo Jaime por dádivas y lo mandó a juicio por la tragedia de Once; procesó a Amado Boudou por la falsificación de los papeles de su automóvil, y procesó al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

Tras esa actividad en su juzgado se multiplicaron las citaciones en la Magistratura. Bonadio las adjudica a la actuación de cinco consejeros kirchneristas de la Comisión de Disciplina: son el viceministro de Justicia Julián Álvarez, el camporista Eduardo "Wado" De Pedro, la senadora Ada Iturrez de Cappellini, el diputado Carlos Moreno y el académico Manuel Urriza.

Esa comisión tiene nueve miembros. Si bien el oficialismo tiene la mitad más uno en ese cuerpo para iniciarle un proceso, no cuenta con los votos suficientes para someter al juez a juicio político, porque ésa es una decisión que debe tomar el plenario del Consejo con dos tercios de los votos.

El consejero instructor de esta denuncia contra el juez era el magistrado Ricardo Recondo, quien integra la Asociación de Magistrados. Recondo propuso desestimar la denuncia, pero su dictamen no llegó a ser votado. Tiempo después fue presentado otro dictamen por el oficialismo en contra del juez.

Bonadio, en el escrito de defensa que presentó en la Magistratura, denunció que nunca se adjuntó al expediente que se le sigue el dictamen de Recondo que le era favorable, pues proponía desestimar la denuncia. Resaltó el juez que eso es una "flagrante violación al derecho de defensa".

El juez federal pidió la nulidad de la citación por el artículo 20 del reglamento del Consejo, que es mediante la cual se le piden explicaciones como si se tratara de una declaración indagatoria para defenderse. Bonadio dijo que su citación "viola elementales garantías constitucionales, como ser: saber la naturaleza del proceso al que se me intenta someter; saber con exactitud cuáles son los cargos e imputaciones y las pruebas que dan cuenta del hecho o hechos que se me imputan".

Para Bonadio la acusación de "la mayoría automática" es un "tremendo insulto a la inteligencia" al decir que se afectó los derechos de las víctimas pues "los últimos contagios detectados son para el HIV en 1985 y para la HC (hepatitis C) en 1991", quince años antes de su intervención..