El ministro de Energía, Juan José Aranguren, quedó inmerso en un fuego cruzado imprevisto. Por un lado, sufre el asedio de la conveniencia política, las formalidades y las apariencias, según las cuales debería vender sus acciones en Shell, tal como se lo indicó el viernes un dictamen de la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

En la otra punta se ubican sus propias razones económicas y afectivas. Sucede que esos más de $ 16 millones en títulos de la compañía anglo holandesa representan gran parte de los recursos que Aranguren pensó como su retiro tras la salida de la actividad privada. Además, son una ínfima parte de una compañía en la que trabajó más de tres décadas y que conoce en profundidad.

El choque de intereses condujo a Aranguren a un camino de difícil salida. A tal punto que, pese a la recomendación de la OA y la presión del círculo cercano a Mauricio Macri sobre la conveniencia para el Gobierno de que el ministro se deshaga de esos títulos, aún no decidió si venderá las acciones, las pondrá en un fideicomiso ciego (al igual que el Presidente) o sencillamente no tomará la "recomendación" del organismo que maneja Alonso.

"Si [la OA] le dijo [a Aranguren] 'tenés que vender todas tus acciones', [Aranguren] tendrá dos caminos: hacerle caso o dejar de actuar", sostuvo Pinedo en declaraciones a Radio Con Vos.

Casi al mismo tiempo, sin embargo, remarcó que no tenía "la menor duda sobre le honorabilidad de Aranguren", y lo calificó como un funcionario "sumamente" honesto. "Yo tomo a las acciones de Aranguren como si fueran una cucharadita de té en el mar, comparada con las acciones de Shell", expresó.

En esos términos Pinedo, de buena relación con Aranguren, se convirtió en vocero de lo que piensan varios funcionarios: no alcanza con ser transparente, sino que también es importante parecerlo.

En términos más formales, pero comparables, la OA había sugerido algo similar. Si bien remarcó que el ministro no había incurrido en incompatibilidades en sus nueve meses de gestión porque no tomó decisiones que afecten sólo a Shell, sino a todo el sector, le recomendó tomar recaudos hacia adelante. Entre ellos, mencionó como una alternativa desprenderse de las acciones de la compañía para la cual trabajó hasta el año pasado.

La OA también le indicó a Aranguren que en el futuro no podrá tomar medidas que tengan que ver directamente con Shell, sino que deberá designar a otro funcionario para esa tarea. Pero "no tendría vedado adoptar medidas que incidan en general sobre la actividad del sector". Es algo que el ministro ya venía haciendo.

La polémica que rodea a la tenencia accionaria de Aranguren es una de las menos pensadas por el Gobierno. Sucede que el funcionario se ganó la confianza de Mauricio Macri por su actitud frente al kirchnerismo.

En 2005, el ex presidente Néstor Kirchner convocó a un boicot contra Shell luego de un aumento en los precios de los combustibles. Con el respaldo de la casa matriz, Aranguren no cedió frente a lo que consideraba que era un derecho de la compañía que presidía.

Más tarde, el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, inició una maratónica disputa contra el ejecutivo, que lo llevó incluso a sufrir más de 50 demandas penales en su contra. Aranguren no cedió en público frente a las diatribas del oficialismo, al tiempo que se defendió en la Justicia y fue sobreseído.

La polémica por las acciones se reinstaló en un momento particular. Sucede que el próximo viernes se realizarán las audiencias públicas por el gas, un requisito que estipuló la Corte Suprema para permitirle al Gobierno que avance en los aumentos de tarifas.

Aranguren es el principal responsable de esa política, que tiene como objetivo bajar subsidios y aumentar los precios locales para que en 2017 coincidan con los internacionales, y despertó las críticas más duras al gobierno de Macri en la primera etapa del año.

La nueva propuesta contempla una suba promedio del 203% para los hogares en comparación con la tarifa de hoy, pero por debajo del incremento en torno al 325% que había dispuesto a partir del 1° de abril, lo que había despertado rechazo en ciertos sectores y fue finalmente anulado por el máximo tribunal.

El plan oficial, además, contempla un esquema de aumentos escalonados en el precio del gas que paga la demanda residencial que conducirá a la eliminación total de los subsidios a partir de 2019, salvo en la Patagonia, donde se extenderían hasta 2022, por lo que habrá dos aumentos por año.

Claves de la controversia

Juan José Aranguren (ministro de energía)

Aranguren trabajó más de tres décadas en Shell y sumó acciones de la empresa holding por $ 16 millones

La Oficina Anticorrupción (OA) le recomendó el viernes desprenderse de esas tenencias, aunque no se trata de una disposición de cumplimiento obligatorio