En plena cuarentena, con la actividad económica desplomándose y un Banco Central muy activo en la emisión de dinero, el ajuste, de hecho, efectuado por el Gobierno a los haberes jubilatorios no estaba en los planes de nadie. La decisión, tomada por Alberto Fernández, tuvo un único fundamento: en el tramo final de las negociaciones por la deuda, enviar una señal inconfundible a los acreedores, y también al Fondo Monetario Internacional.

Un informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) le pone cifras al ahorro fiscal por el recorte a los jubilados y pensionados: $34.000 millones acumulados entre enero y agosto. Se trata de una estimación neta de los bonos (suma fija) que el Gobierno otorgó a la clase pasiva a principios de año.

Está claro que no se trata -no todavía, al menos- de un monto significativo para si se los considera en relación al volumen del Producto Bruto Interno, aunque cobra relevancia si se lo compara contra el total del gasto previsional -que implica un 35% del presupuesto nacional, o un 50% si se contabilizan pensiones y planes de asistencia social-. Y por eso mismo hay que entenderlo como un gesto, una señal, de la Casa Rosada en el tramo final de las negociaciones por la deuda.

La idea no es novedosa: apenas asumió, Alberto Fernández tomó la decisión de suspender la fórmula de actualización de las jubilaciones, pensiones y de la Asignación Universal por Hijo, que le daba automaticidad a los aumentos de los haberes.

Lo hizo, precisamente, después de tener un diagnóstico de que, así como estaba planteada, la fórmula lucía inconsistente con la idea de un emprolijamiento fiscal, de cara a las negociaciones que, en ese comienzo de año, estaban por arrancar.

De hecho, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, uno de los funcionarios de mayor confianza con el jefe de Estado, ya había planteado la posibilidad de un aumento en las edades para jubilarse. "En algún momento, esa discusión vamos a tener que darla, pensando en un esquema gradual. La verdad que estas edades (de las jubilaciones actuales) vienen de hace muchos años atrás y las expectativas de vida van creciendo", había señalado Moroni allá por mediados de febrero último.

El ministro había deslizado esa posibilidad luego de juntarse con la misión del Fondo Monetario Internacional que había pasado por Buenos Aires. El escenario de pandemia cambió todo, y lo planteado antes de la irrupción del coronavirus parece ciertamente de una época muy lejana. Pero pasó hace poco.

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Para el aumento de junio, que tendrá vigencia hasta septiembre, el Gobierno otorgó u aumento del 6,12% para todas las categorías. Destaca el reporte del IARAF: "Este porcentaje de aumento implica solo el 56% del aumento automático que correspondería con la Ley de Movilidad". Debió ser del 10,9%.

"La jubilación mínima bajo movilidad sería en junio de $17.405 y bajo las actualizaciones por decreto será de $16.864. Los ingresos de los jubilados pasan a depender del componente discrecional (los bonos mensuales) que el Gobierno decide o no otorgar. El Gobierno también decide a qué grupo otorgarlos y cuál no", sintetiza el reporte.

El ahorro de $34.000 millones que consolida ahora el Gobierno por el ajuste vía decreto serviría para darles un bono de $3.000 a los jubilados de la mínima durante cuatro meses, estima IARAF.

El recorte implicó que, en lugar de otorgar un aumento generalizado del 24% entre enero y junio, al final las subas fueran de entre 10% (para los jubilados con los haberes máximos) y 19,9% (los de la mínima).

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El hecho de que las jubilaciones mínimas aumenten en esa proporción les habilita a los funcionarios para decir que el 80% de los haberes le ganarán a la inflación. Calculan que los precios subirán 14,4% durante el primer semestre, algo que todavía se desconoce.

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Para las distintas categorías, ese ajuste se traduce en pérdida de ingresos mensuales de entre $541 para los haberes mínimos hasta de $14.000 (también por mes) para los de la máxima.

Aun cuando sea verdad aquel postulado de un ingreso real superior para la mayoría de los jubilados y pensionados, lo cierto es que el recorte respecto de lo que correspondía derivará seguramente en una ola de juicios.

Fue lo que sucedió cada vez que los gobiernos ajustaron los haberes. El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y el abogado especializado Adrián Tróccoli ya anticiparon que la próxima semana se presentarán ante la Justicia para oficializar el reclamo. Ellos ya habían hecho una presentación a principios de año.

El argumento es lógico: la decisión del Gobierno implica una pérdida generalizada para los jubilados, ya que les dieron (por decreto) menos de lo que correspondía.

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 Es cierto: el Gobierno tuvo en la agenda, en sus inicios, un cambio en el sistema previsional. Y en la forma de actualización de los haberes. La sorpresa, en todo caso, tuvo que ver con el timing de la decisión.

En el marco de una depresión económica, al fin de cuentas se toma una medida que es pro-cíclica, como se dice en la jerga de los economistas. Es decir, juega a favor de esa recesión. Los jubilados, con menos haberes que los que les correspondían por ley, dispondrán de menos dinero para gastar.

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Menos se comprende ese timing si se tiene en cuenta que, por la cuarentena y el parate de la economía, el Banco Central prendió a full la "maquinita" de pesos. Desde que arrancó el año ya lleva emitidos la friolera de $800.000 millones, con una notable aceleración en las últimas semanas.

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Es verdad que semejante emisión de dinero requerirá de una eficiente política de absorción, en algún momento, para pinchar las expectativas inflacionarias.

La economista Marina Dal Poggetto estima que, por la caída de la recaudación en medio de la crisis, el rojo de las cuentas públicas podría ascender al 6% del PBI este año. Un bache que debería cubrirse, precisamente, con mayor emisión de pesos. En una Argentina que repudia su moneda y el público y las empresas dolarizan todos los excedentes que pueden, ese agujero será un caldo de cultivo para los que algunos economistas ya empiezan a mencionar como una "llamarada inflacionaria".

Lo cual confirma que la elección de los jubilados para efectuar el ajuste no fue nada casual. Se trata de la principal erogación que tiene el Estado. Y, por más que el ahorro no sea significativo -más aún en un contexto de expansión histórica del gasto público y la peor crisis desde 2002-, Alberto F. tomó la decisión muy clara de enviarle una señal inequívoca a los acreedores y al FMI.

El pago de los haberes a los jubilados y pensionados -sumados a la AUH- es el principal rubro del presupuesto nacional y, por lejos, el gasto más relevante del Estado, con más de ocho millones de beneficiarios -de los cuales se estima que sólo tres millones completaron sus aportes en forma- Si, además, se contabiliza a quienes cobran planes de asistencia social, entonces la cifra se extiende a 17 millones de personas.

Y la característica principal de ese gasto es que es estructural: son erogaciones permanentes en el tiempo. Por eso se diferencia de lo que ahora, en plena cuarentena, decida el Gobierno: estos son gastos únicos, excepcionales, que podrían extenderse unos meses. Pero tienen un final para cuando pase el coronavirus.

Distinto es el caso de los jubilados. Por eso vale, en términos políticos más que económicos, lo que acaba de decidir la Casa Rosada. La señal de que, no bien pase el tsunami económico, habrá un intento por hacer más sustentable el gasto público. Nada menos. ¿Ocurrirá?