La agenda, de cara a las presidenciales

Por Eduardo Anguita

La edad de Fayt acapara las preocupaciones y las difíciles negociaciones en las paritarias pasan a un segundo plano.

Un primer tema ineludible es que la edad de Carlos Fayt parece dominar las preocupaciones de las personas con más poder de decisión política de la Argentina. Una Corte Suprema con cuatro miembros podría zafar hasta fin de año y sortear el oleaje electoral. Sin embargo, si el nonagenario jurista decidiera dar un paso al costado, el máximo tribunal estaría con tres miembros cuando el número establecido es de cinco. Entonces, si Fayt renuncia, se precipitaría la designación de los –eventuales– dos puestos vacantes. El gobierno tendría margen de maniobra para proponer un par de juristas respetables para propios y ajenos. No puede eludirse que la mayoría de la oposición tomó la temeraria decisión de hacer el vacío hasta el fin del mandato de Cristina. Una actitud cerril que tiene como contrapartida, en un juego de espejos, la postulación de Roberto Carlés, con poco rodaje y pocos pergaminos como para sentarse en lugar de Raúl Eugenio Zaffaroni.

La sociedad escucha, atónita, que hay 14 mil expedientes en la Corte y que Fayt tendría que leer la cuarta parte de esos legajos cuando en realidad el ciudadano de a pie no tiene –ni debe tener– noción de cuántas secretarías tiene la Corte ni cuantos miles de esos expedientes tienen sentencia mes a mes. Por citar algo importante, las sentencias previsionales se aceleraron desde aquel famoso Caso Badaro de principios de 2009, que estableció un nuevo cálculo de la movilidad jubilatoria muy favorable para el demandante, justificable por su mayor contribución a la seguridad social. Pues bien, la Corte sentó una jurisprudencia que sirve para otros miles de casos, pero no son automáticos y van saliendo quizá en tiempos que no son acordes a la edad biológica de quienes reclaman lo mismo que Badaro. Una curiosidad es que la Anses va pagando las sentencias con un creciente uso de recursos, lo cual muestra la voluntad de pago del Ejecutivo pero que colapsaría si la Corte sacara más rápido las sentencias. El tema de los jubilados sí es un tema de agenda social. Pese a que la inclusión jubilatoria es uno de los logros indiscutidos de estos 12 años de gobiernos kirchneristas, al haberse achatado la pirámide para poder dar recursos a las categorías más bajas, resulta de estricta justicia reconocer los derechos de quienes más aportaron a percibir una mejor remuneración. Ahora, los recursos de y para los trabajadores pasivos no son una olla sin fondo. Hay tensiones y desde hace muchos años en el Ministerio de Trabajo fueron tenidas en cuenta. El propio Carlos Tomada invitó varias veces al sociólogo francés Robert Castel (fallecido en 2013) para abordar la cuestión de la seguridad social en plena época de precarización laboral, menor coeficiente de aportes previsionales y, al mismo tiempo, una extensión concreta de la edad promedio de los trabajadores pasivos, lo cual alarga el período de cobro de jubilaciones. Magia no hay, sin perjuicio de ello, las instituciones funcionaron de buen modo en la Argentina: el jubilado Adolfo Badaro reclamó a la Anses, luego fue a la Justicia y al cabo de unos años la Corte sentó un precedente que el Ejecutivo respeta. Sin duda, este juego de las instituciones está por encima de las personas y pone en evidencia que para algo sirve la separación de poderes.

JUSTICIA Y TRANSPARENCIA. En el vértigo de los meses preelectorales se tejen demasiadas hipótesis de qué hay en juego en la centralidad del debate de los miembros de la Corte. Desde poner el acento en vanidades personales o ejercicios de autoridad hasta sospechas de si la oposición quiere una Corte que investigue a los funcionarios actuales o el gobierno pretende, por el contrario, bajarle el precio a los expedientes donde se inculpa a miembros del gobierno. Las leyes y las madejas burocráticas suelen ser mucho más inmanejables que los cabildeos y las manipulaciones. Si parte de la dirigencia política se convence de la necesidad de mejorar los mecanismos de transparencia bienvenido sea, y para eso se pueden hacer cumplir leyes o promover otras más eficaces. Brasil, por caso, tiene una que es del "arrepentido" y que funcionó de modo contundente en el caso de Paulo Roberto Costa, ex director de abastecimiento de Petrobras, preso por ser parte de una red de corrupción. Pudo bajar su condena al delatar a una gran cantidad de legisladores y gobernadores que cobraban porcentajes ilegales por diversos contratos con la empresa mixta de petróleo de Brasil. Desde ya, cualquier delación no baja automáticamente la condena, sino que sirve para dar a los fiscales y jueces puntas del ovillo que luego deben investigarse con precisión. El caso Petrobras explotó porque la oposición quiso golpear al gobierno del PT. Eso es cierto, pero lo importante es que parece que es cierto y que los desvíos de fondos públicos son cifras escandalosas de miles de millones de dólares.

En la Argentina no parece que el oficialismo y la oposición se dividan por si Fayt es grande de edad o no. No cabe duda de que no está en condiciones de hacer su trabajo un juez de 97 años. La cuestión es que esto podría haberse tratado en reserva y con alguna solución decorosa para un jurista que lleva 32 años en la Corte y en vez de eso la sociedad ve un malestar y una tensión entre las personas con poder político que poco o nada tiene que ver con la agenda cotidiana, como sí lo es la movilidad social o tantos otros que sí dependen del buen funcionamiento institucional. No es novedad, hay agendas de Palacio que son percibidas como de la vida diaria y otras que sólo son recogidas por un porcentaje que ve la política a través del prisma del partido o el espacio político con el que simpatiza. El caso Fayt es un caso de agenda de Palacio en medio de muchas necesidades que requieren más visibilidad. No sólo eso, de necesidades que no pueden ser cubiertas con los recursos reales generados por una economía altamente primarizada, con parate industrial pese a que no crece la desocupación y con saldos exportables que no son suficientes.

ARGENTINOS A LAS COSAS. Mucho más importante para la salud de la democracia es detenerse con serenidad a observar los logros en materia de inclusión y redistribución de ingresos en un momento donde convergen las negociaciones colectivas de trabajo y la oferta política de cara al recambio presidencial. El programa de Roberto Navarro en C5N de este domingo puso los puntos sobre las íes en varios aspectos claves. Por un lado porque pudo entrevistar a Axel Kicilloff, quien esta vez en cambio de denostar opositores se prestó a las preguntas agudas de Navarro y el diálogo se hizo jugoso en un escenario nada sencillo. Las negociaciones salariales de estas próximas semanas no tienen techo aunque sí el gobierno pretende poner una vara, con un piso del 25% y un tope que no debería llegar al 30%. Navarro dijo que es razonable que las actuales negociaciones contemplen tanto los índices inflacionarios de 2014 como los que se proyectan en 2015. Y el asunto no es menor: este año, con el dólar planchado pero con una economía retraída, las expectativas rondan el 25% anual. Desde ya que es muchísimo, pero bastante menos que en 2014. El ministro dijo que las negociaciones deben tomar en cuenta este año, respuesta que sólo se explica por achicar las expectativas y no por la justeza del reclamo. Respecto del año pasado, Kicillof dijo que el ministerio a su cargo no toma el 30% como parámetro, pero tampoco mencionó el 23,9% del Indec. Cabe decir que la CTA que conduce Hugo Yasky, a través del centro CIFRA, ponderó en 36,8% el crecimiento de los precios minoristas. Estos tironeos sí tienen sentido, sí atienden a la agenda de la sociedad, como lo atiende discutir sobre el 35-40% de trabajadores informales o cuáles son las maneras de lograr que el sector privado genere puestos de trabajo registrados. Esa fue la agenda del kirchnerismo durante años. El propio Tomada más de una vez dijo: la política económica del gobierno es la política de empleo. No es para nada una aseveración autorreferencial sino la esencia misma de las vías en las cuales se puede luchar por más soberanía y por más igualdad en América Latina.

La discusión sobre la edad de Fayt retrasa, por más que Aníbal Fernández sea un buen polemista y un gran argumentador. Navarro puso en pantalla tres cuadros sobre capacidad adquisitiva del salario, uno por cada uno de los tres períodos de gobierno de los últimos 12 años. Los cuadros llevaban como fuente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. No salario nominal, sino ponderada la inflación. En los dos primeros períodos, el crecimiento del salario real fue fuertísimo. En el último, el que corresponde a 2014, en vez de incremento se registró una caída, nada menos que del 7 por ciento. El centro CIFRA estimó la depresión del salario real del año pasado en 4,8 por ciento. En realidad, sobre el segundo período del gobierno de Cristina, da un crecimiento del 5,6% en 2012 y luego caída del 0,6% en 2013 y luego la desaceleración marcada de 2014. Es decir, de acuerdo a la CTA cercana al gobierno, en este período el salario no avanzó ni retrocedió pese a las inclemencias internacionales y a la aridez de los indicadores macroeconómicos.

Pero hay, claramente, signos de dificultades que requieren debates con datos reales. No alcanza con conjurar, como muchas veces hacen los funcionarios, los pronósticos catastróficos de economistas o analistas opositores. Es una dialéctica mentirosa. Como lo es ocultar las cifras del Indec. Al respecto, el Ministerio de Trabajo publicó un trabajo imprescindible para analizar este período: Memoria de los 12 años de gobierno. Está disponible para su lectura, no es tan rutilante como una pelea verbal de algún buen esgrimista oficial con algún periodista opositor, ni tan taquillero como un tweet. Es, simplemente, información pública para que cada cual la interprete y le sirva para actuar. Tan simple como la democracia representativa.  

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