Por Nicolás Eisle.  

La pelea por los fondos que la Ciudad recibe de Nación se mudó a la Corte Suprema. En el distrito capitalino confían en que el máximo tribunal les otorgue una cautelar que les permita mantener el 3,5% que Mauricio Macri fijó como porcentaje de coparticipación por el traspaso de la Federal a la Ciudad. Desde el peronismo aseguran que Horacio Rodríguez Larreta recibe una cantidad de dinero mucho mayor a la que corresponde por ley.

La historia de los fondos coparticipables que recibe la Ciudad excede al macrismo y al kirchnerismo, y comenzó en 1988 cuando las provincias y la Nación acordaron que se repartirían 62% y 38% del dinero de impuestos que recauda el Estado nacional. En ese momento ni la Capital ni Tierra del Fuego eran territorios autónomos, un status que adquirieron tras la reforma constitucional de 1994 y por eso los aportes que reciben hasta hoy salen del porcentaje que maneja el Ejecutivo. Para modificar los índices es necesario que las 22 provincias se pongan de acuerdo y como ningún gobernador está dispuesto a resignar recursos de sus territorios, es la Nación quien lo gira.

La reforma constitucional obligó a una serie de transferencias que la Nación debía hacer a la Ciudad, incluídas la Justicia y la seguridad. La normativa ordenaba que los traspasos debían hacerse con las partidas presupuestarias correspondientes a los gastos que originaba. Ningún gobierno nacional quiso desprenderse del manejo de la policía ni de sus recursos hasta que Macri, a principios de 2016, pactó con Rodríguez Larreta la transferencia.

El presupuesto nacional para 2016 destinaba 11.400 millones de pesos a la “Seguridad Metropolitana” y otros 1200 millones para “Servicios de Bomberos” que tenían su base en la Ciudad. En teoría ese dinero era suficiente para pagar los salarios de los policías, cuya transferencia llegó acompañada por la cesión de los inmuebles en donde funcionaban las 54 comisarías porteñas.

Sin embargo esos $12,6 mil millones se transformaron en $16,8 mil millones casi por arte de magia. Un simple decreto de Macri llevó el porcentaje de fondos coparticipables de la Ciudad de 1,4% a 3,75 por ciento. Nunca estuvo claro cuántos agentes pasarían a la órbita porteña ni tampoco hubo un inventario de los bienes recibidos por la Capital, el primer decreto ni siquiera mencionaba que los recursos extra debían destinarse a seguridad.

Se supone que en el cálculo Macri incluyó los salarios de los Policías Metropolitanos que prestaban servicios en la Ciudad desde antes del traspaso de la Federal, además de todos los gastos que demandara la custodia del territorio capitalino. Eso incluye cámaras, patrulleros y las reformas que llevó a cabo el gobierno local en las comisarías.

Larreta gastó hasta ahora todo el dinero que Nación le transfirió para la policía, incluso, puso fondos propios dedicados a la custodia de los porteños. Los recursos destinados a la seguridad incluyen, sin embargo, cuestiones como la poda de árboles (para mejorar la iluminación), la instalación de cámaras y otras cuestiones.

“¿Es justo que un formoseño pague los patrulleros nuevos que compró Larreta o que un tucumano ponga dinero para financiar los aumentos de sueldo o las nuevas comisarías de la Ciudad?”, se preguntó un legislador del Frente de Todos.

Macri había bajado de 3,75% a 3,4% el índice de coparticipación que enviaba a la Ciudad por un acuerdo con los gobernadores peronistas y Alberto recortó por decreto 1,18% de ese dinero y envió al Congreso un proyecto para sacar otro 0,98%, con lo cuál la coparticipación que recibe la capital sería casi igual a la que tenía antes de la asunción de Macri.

En Nación ven otra trampa: el dinero de la coparticipación acompaña los aumentos inflacionarios, ya que es fruto de la recaudación. No es el caso de los salarios de los policías, que rara vez alcanzan los incrementos inflacionarios. Ese es otro de los motivos por los que la Ciudad estaría recibiendo más dinero del necesario para sostener lo transferido por Macri en 2016. Desde Nación aseguran que en diciembre anticiparon a la Ciudad su intención de recortar el dinero que giraban, mientras que en el larretismo la poda llega con un presupuesto en ejecución y en medio de una pandemia. «