El Gobierno decidió ocultar los números de la millonaria inversión que deberá hacer durante los próximos meses para tomar el control de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, golpeada por un déficit económico y académico. El proyecto que ingresó al Senado sobre el cierre del año y se trataría en extraordinarias en febrero solo dice que el dinero surgirá “de las reasignaciones que realice el Poder Ejecutivo en el Presupuesto 2013 o de las partidas que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente a la sanción de la ley”. Además, advierte que el Ejecutivo asignará “por única vez” una partida presupuestaria “para atender los gastos emergentes” de la implementación de la Universidad, que ahora pasará a denominarse Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos gastos?. Según pudo saber Clarín, ya está previsto que el Estado compre un inmueble para la Universidad, que actualmente tiene su sede central en el edificio de la Fundación, en Hipólito Irigoyen al 1500. También deberá pagar los sueldos de los profesores, que arrastran deudas de hasta tres meses. El plantel docente seguramente se agrandará porque ya está previsto sumar la carrera de Periodismo y Comunicación a las tres que venían funcionando. En ese proyecto trabaja el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, un aliado de Hebe de Bonafini.

La iniciativa, que lleva la firma del ministro de Educación Alberto Sileoni, del ministro de Justicia Julio Alak y del jefe de Gabinete Jorge Capitanich, justifica la “estatización” de la Universidad en la necesidad de formar “analistas, teóricos e investigadores” en el área de los Derechos Humanos para trabajar en agencias estatales, en el sistema educativo, en medios de comunicación y hasta en instituciones deportivas. Actualmente estudian en la Universidad unos 800 alumnos.

A través del artículo 5 del proyecto se propone crear una Comisión para que coordine la transferencia de recursos humanos y de los bienes al nuevo Instituto. Esa Comisión estará integrada por un representante de cada uno de los ministerios involucrados. Y será presidida por el rector del Instituto, que “será designado por resolución conjunta de los ministros de Educación y de Justicia”. La decisión final en lo formal será del Gobierno, pero Bonafini tendrá injerencia. Es casi un hecho que no seguirá la actual rectora Inés Vázquez, muy cuestionada por los empleados. Uno de los nombres que suena para reemplazarla es Marcelo Cortizo, director de la carrera de Trabajo Social. Pero también cuenta con el aval de la titular de las Madres el actual secretario académico, Germán Ibañez.

El proyecto de ley también crea un Consejo Consultivo integrado por “personalidades destacadas en el campo de la defensa de los Derechos Humanos”, que deberán “supervisar la concepción democrática de los planes de estudio”, entre otras tareas. Los miembros del Consejo serán designados por el Ejecutivo, pero no se aclara cuántos serán.