El Día Internacional de la Mujer provocó un nuevo chispazo entre los denominados “transversales K” y el gobernador Daniel Scioli, cuestionado en las últimas semanas por la pata progresista del kirchnerismo por sus políticas de seguridad.
En principio el encuentro sirvió como preparativo para el acto que la Corriente Nacional de la Militancia realizará este viernes en el estadio de Huracán, en donde se espera la presencia de varios referentes del kirchnerismo como el diputado nacional Agustín Rossi, el senador nacional Daniel Filmus y el ex canciller Jorge Taiana,
También confirmó su asistencia el líder de la CGT, Hugo Moyano e incluso se especula con la posible presencia de Cristina Fernández de Kirchner, en un acto organizado para lanzar la candidatura por la reelección de la presidenta y respaldar las listas colectoras que acechan al sciolismo y a los barones del Conurbano.
Pero el acto de ayer no se quedó tan sólo en una previa del viernes, sino que en la sede de la calle Pueyrredón se llegó a una serie de argumentos que tienen como principal destinatario al gobernador ya que, según se explica en un comunicado, entre las conclusiones del evento salta a la vista la de “Exigir al Estado provincial la realización de campañas contra la violencia de género”.
También se propuso “reclamar el funcionamiento pleno del Consejo Provincial de las Mujeres”, un organismo que está bajo la órbita del Ejecutivo bonaerense.
Una de las dirigentes que encabezaron la reunión fue Sandra Cruz, la diputada provincial que reporta al Frente Transversal y que, si bien se mantiene dentro del bloque oficialista en la Cámara baja bonaerense, siempre se ha mostrado crítica de la gestión de Scioli en materia de seguridad, como cuando el mes pasado le abrió las puertas de la Legislatura a la conducción del Centro de Estudio Legales y Sociales (Cels), para que lanzara fuertes críticas hacia el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Ricardo Casal.
Por otro lado, en el encuentro surgieron exigencias también para el Poder Judicial y el Legislativo, ya que por un lado se propuso impulsar la creación de fiscalías especializadas en violencia de género y por otro adecuar la legislación provincial a la ley nacional de violencia.
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