La Corte Suprema de Justicia convocó para este viernes a las 9 un acuerdo extraordinario en el que intentará destrabar el conflicto por la Ley de Tierras: el tribunal tiene en sus manos un pedido de medida cautelar que, si prospera, volvería a poner en vigencia las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros que Javier Milei derogó a través del DNU 70/2023. Antes de fijar la fecha, los jueces redujeron a 24 horas el plazo para que las partes impugnen la integración de los dos conjueces sorteados para el expediente y habilitaron días y horas inhábiles.

La causa fue iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie junto con las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y quedó vinculada al amparo colectivo que impulsó el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Los demandantes presentaron una aclaratoria porque su expediente fue tratado como conexo al de los excombatientes y buscan que se precise si el fallo produce algún efecto sobre su proceso. Para intervenir fueron designados los conjueces Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza: ambos aceptaron el cargo. Como suplentes quedaron Jorge Morán, del fuero Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En la resolución que difundió este jueves, se explicó: "En atención a las particulares circunstancias de la causa, corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas". Habitualmente ese plazo es de 72 horas, por lo que la decisión confirma la intención de la Corte de despejar el camino procesal en cuestión de horas.

El expediente llegó al Máximo Tribunal después del fallo de la semana pasada, cuando revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, por el que Milei derogó la ley 26.737. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el CECIM no contaba con legitimación activa para cuestionar la medida, y luego aclararon en un comunicado que solo resolvieron "un aspecto procesal", que la decisión "se ajusta estrictamente" a sus precedentes y que no afecta a otras cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales.

Ahora se abren dos caminos: el Tribunal debe definir si devuelve el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o si lo trata de manera directa, un camino excepcional que exige urgencia. Lo que está en juego es si la cautelar del amparo colectivo repone, aunque sea de forma provisoria, los límites que la ley 26.737 fijaba a la compra de tierras rurales por extranjeros. Es decir, la propia Corte podría dejar vigente, por unas horas o unos días, aquello que anuló la semana pasada.

La definición se produce en medio de una fuerte presión política: la oposición ya convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de derogar todo el DNU 70/2023, la misma jornada en la que confluye la quinta marcha federal universitaria, mientras el Gobierno analiza cómo bloquear el avance legislativo en el Congreso.