Un juez federal puede investigar en profundidad una causa penal por muchos motivos: por la sana conciencia de hacer bien su trabajo; porque la acumulación de pruebas no le permite hacerse el distraído; porque intuye que el imputado pierde poder; porque juega para la oposición o porque teme que, cuando cambie el Gobierno, puede ser destituido por no haber hecho bien su trabajo.

No todos esos motivos tienen validez moral. Pero los actuales jueces federales, que tienen denuncias por corrupción contra Ricardo Jaime, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y otros altos funcionarios conocen tres datos irrefutables: el kirchnerismo pierde poder, pero la sucesión presidencial no está clara y la oposición sigue fragmentada.

Oyarbide dio pruebas de lealtad cuando clausuró la causa por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner y, ahora, se niega a cerrar una denuncia contra Martín Redrado a pesar del dictamen del fiscal. Por su parte, no se recuerda que Bonadío haya esclarecido algún caso trascendente de corrupción en todos sus años de servicio.

En cambio, es natural que el Gobierno preste más atención al recurso extraordinario que presentó días atrás para que la Corte libere el uso de las reservas del Central. La Corte no está dando señales de querer tratar a la brevedad esas causas, que no llegaron aún a su estudio. Días atrás aprovechó una razón técnica para rechazar la demanda que presentó San Luis por las reservas. El ministro Carlos Fayt anunció que la Corte se tomará tiempo para resolver el caso y anticipó que el tribunal, en principio, no abre los recursos contra medidas cautelares.

Si ahora se pronunciase en forma expedita a favor del Gobierno incurriría en dos pecados. Por un lado, no advertiría que, en esta ocasión, los litigantes -diputados opositores- no cuestionan la sanción de una ley que no hayan sabido frenar, sino que piden que se los deje legislar. Por otro, esa decisión aproximaría al tribunal al redil del Gobierno, algo que la Corte siempre evitó.

Tal vez sea la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo, donde el Gobierno tiene buena llegada, la que haga el trabajo sucio y, a la hora de elevar las causas a la Corte, resuelva suspender las medidas cautelares. Si así fuera, la Corte tendrá tiempo para resolver sin la premura de los tiempos políticos.