Hernán Cappiello

El procurador interino Eduardo Casal dijo que le gustaría ser candidateado por el Gobierno como Procurador General de la Nación permanente y señaló que no se puede poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal sin presupuesto, recursos tecnológicos, personal y edificios, como quiere hacerlo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Es ineludible”, aseguró el funcionario.

Casal habló con LA NACION en su despacho de la Procuración, donde está al frente del Ministerio Público Fiscal de manera interina, como el fiscal ante la Corte mas antiguo, tras la renuncia en 2017 de Alejandra Gils Carbó, puesta por el kirchnerismo. Ahora le gustaría que el Gobierno lo proponga al Senado, que en ese caso debería darle acuerdo con los votos de los dos tercios de sus integrantes.

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Sin embargo, en una entrevista con este medio, el ministro Cúneo Libarona dijo que su candidato para el cargo es el camarista Marcelo Lucini, que la Asociación de Fiscales lo apoya y que “quienes no lo voten estarían bordeando el abuso de autoridad doloso, que es un delito”, según dijo el ministro.

El presidente Javier Milei saluda al procurador interino, Eduardo Casal, el último 10 de diciembreALEJANDRO PAGNI - AFP

Además, Cúneo Libarona expresó que es su prioridad “la implementación urgente del nuevo Código Procesal Penal Federal “obligatorio con los medios que tenemos, sin esperar tener la plata; hay que hacerlo ya y con fuerza, y los jueces y fiscales tienen la suficiente capacidad para hacerlo. “Si yo me detengo no sale nada; lo hacemos con los cargos y edificios que hay; vamos a hacerlo ya, porque sino, no sale”, dijo.

Esas definiciones pusieron en alerta a la Asociación de Fiscales (AFFUM) que en un comunicado expresó sus prevenciones. Y además motivaron la reacción del procurador Casal. El funcionario expresó con respecto a la implementación del nuevo Código Procesal Penal: “Lo que no me parece compatible es con la posibilidad de realizarlo sin recursos. Esto lo digo a partir de la experiencia que tuvimos en la implementación del sistema en Salta y Jujuy. Esto no es lo mismo que cuando se implementó el sistema de enjuiciamiento oral en los 90″.

“Con el sistema adversarial es un paradigma totalmente diferente, es decir el Ministerio Público ya no es solamente el órgano de la acusación, sino que es el órgano fundamental de la persecución, y está estructurado sobre la base de un sistema de oralidad plena desde el inicio del proceso a partir de principios de inmediación y desformalización. Esto requiere en la forma moderna de toda una cuestión de infraestructura, de recursos tecnológicos. La arquitectura del sistema lo exige”, advirtió Casal.

-¿Hablamos de cargos y edificios?

- De todo, de recursos humanos, edificios, que es fundamental, de tecnología. Cuando lo pusimos en Salta, el ancho de banda de Internet de 0,5 mega hacía imposible una conexión por Zoom, que es indispensable en las audiencias orales permanentes que implican el nuevo Código. Tuvimos que recurrir al Poder Ejecutivo para solucionar el problema. Sin una adecuada distribución del espacio físico en función de las tareas funciones propias de los fiscales, es imposible. El Ministerio Público precisa de salas de cámara gessel, espacio adecuado para el resguardo de las evidencias, alcaidías, requiere de todo esto para poder funcionar.

-Pero el Gobierno promueve el ajuste…

- Obviamente el poder administrador es el que resuelve cuáles son las prioridades y cómo administrar los recursos del Estado, pero la implementación del sistema precisa de recursos. Es ineludible, no alcanza con la voluntad política de ponerlo en marcha. La voluntad política está bien, pero por su propia naturaleza y su propio funcionamiento frente a la infraestructura que tenemos hoy, hace falta. No se puede implementar sin la asignación de recursos. Esto depende de las prioridades que se asignan, de cómo se lo quiere implementar, si es en modo total o si es por etapas, como se venía haciendo.

Casal señaló que cuando se implementó el nuevo Código hubo una coordinación entre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Justicia y la Comisión Bicameral, y aseguró que le extraña que ahora eso no ocurra, al punto que no se consultó a la Procuración sobre esa experiencia para poner en marcha el nuevo sistema en todo el país. “Hubo entonces una asignación muy racional de los recursos”, explicó Casal.

Con respecto de la propuesta de que sea el camarista Lucini el candidato a la Procuración, según anunció Cúneo Libarona, Casal afirmó: “Tengo un aprecio en lo personal por el doctor Lucini. No me corresponde a mí opinar, nunca lo hice, y menos como integrante de la Procuración. Es una facultad del Poder Ejecutivo el proponer al candidato. Si es, de alguna manera alentador, las condiciones a partir de las cuales el ministro fundamentó su elección: una extensa carrera en el Poder Judicial, un legajo intachable, su condición de docente. Son las características que podemos compartir muchos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público”, sostuvo.

“Pero hay que tener claro que esto no es algo sencillo y tiene sus particularidades en la dirección de una institución como esta. Estoy en la Procuración desde hace 40 años más o menos 40 años y esta institución no es la que conocí cuando ingresé y más ahora con la instrumentación del sistema acusatorio. Y en lo personal creo que hubiera sido útil o me hubiera sentido de alguna manera desde el punto de vista institucional más tranquilo de haber podido informar al ministro acerca de cuáles eran nuestras realidades” para contribuir “a la mejor toma de decisiones en la selección del aspirante y todo lo demás”, dijo.

EL ministro de Justicia, Mariano Cúneo LibaronaMarcos Brindicci - LA NACIÓN

- ¿Le gustaría quedarse en la Procuración, que lo propongan a usted?

- Por supuesto que sí. La Procuración como institución y como organización está dispuesta a colaborar con el resto de los poderes del Estado y especial con el Ministerio de Justicia, por supuesto. Siempre dije que estoy por a cargo por disposición de la ley desde hace ya seis años y siempre hemos tenido voluntad de trabajo coordinado en lo que hiciera falta para el bien público más allá de los embates que hemos sufrido del Ministerio de Justicia.

A Casal le extraña que no haya habido hasta ahora coordinación para hablar sobre el Ministerio Público Fiscal, a pesar de que son los que pusieron en marcha las novedades del nuevo Código Procesal: “Esta gestión a partir de todo esto ha logrado una experiencia muy rica. No me refiero a mi persona, me refiero a los colaboradores que me asisten con sus equipos, que son todos integrantes históricos de la Procuración”, sostuvo.

-Se habla de una autarquía del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, ¿eso cree que es una ventaja o que puede ser también una desventaja si es que los fondos asignados no alcanzan?

- En principio es bueno, es una condición para la independencia y la autonomía. Y esto tiene que ver también con lo que hablábamos de la falta de recursos. Y aquí hay un punto, en línea con la autarquía y a fin de reforzarla, hay que pensar en el aprovechamiento de los bienes decomisados a los delincuentes, que pueden ser objeto de procedimientos más ágiles y eficaces que permitan a un aprovechamiento inmediato.