Entre fines de este mes y principios del próximo comenzará a desarrollarse la discusión fuerte sobre los llamados superpoderes, que permiten al Poder Ejecutivo reasignar partidas presupuestarias sin la autorización previa del Congreso. Con una particularidad que el oficialismo intentará aprovechar como ventaja extra para resistir: un proyecto aprobado por el Senado, el año pasado. Con los dictámenes del martes, los bloques opositores de Diputados quedaron a un paso de avanzar en el recinto hacia su derogación. Luego, el kirchnerismo buscará ratificar en la Cámara de origen (el Senado) la iniciativa que había quedado pendiente de sus últimos meses con mayoría.

A diferencia del proyecto del oficialismo, la propuesta de la mayor parte de la oposición en Diputados apunta a volver a la redacción original del artículo 37 de la ley de Administración Financiera, que establecía que “quedarán reservadas al Congreso” las decisiones que afecten el monto total del presupuesto, del endeudamiento previsto, los incrementos de gastos corrientes en detrimento de los de capital, los cambios en la distribución de las finalidades y el aumento de las partidas.

A su vez, el dictamen contiene otro artículo para devolverle al Parlamento la facultad de asignar los excedentes de la recaudación tributaria. Y un tercero, para restituir el artículo 15 de la ley de responsabilidad fiscal, cuya suspensión dejó sin efecto los topes de gastos y endeudamiento de las provincias.

Como en un principio con la reforma del Consejo de la Magistratura, el espacio de centroizquierda liderado por Pino Solanas mostró diferencias: Claudio Lozano cuestionó esa propuesta y presentó un dictamen propio con mayor flexibilidad (el jefe de Gabinete podría reasignar hasta el 10% del presupuesto, sin cambiar la orientación de las partidas) y la prohibición del uso de decretos de necesidad y urgencia para asignar excedentes de todo tipo, como recaudación, reservas, utilidades del Banco Central o recursos de la ANSeS, por caso. Con el Consejo, el resto de los bloques tomó parte de las propuestas de ese sector para asegurarse la mayoría especial (129 votos como mínimo) en el momento de ir al recinto. Como para este tema no hará falta ese número, hasta el momento avanzaron por separado. En cambio, no se descarta que el oflicialismo, ante un escenario de derrota con el proyecto más duro de la oposición, busque algún acuerdo con Lozano.

De todos modos, en la reunión de comisión, el kirchnerismo avaló el proyecto aprobado en el Senado para fijar como límite la posibilidad de redireccionar el 5% del total del presupuesto, lo que para los bloques opositores mantendría la discrecionalidad. El oficialismo fundamentó que se trata del mismo porcentaje que dispone Mauricio Macri. ¿Qué hará el PRO? “Ese argumento es falso. En la Ciudad no se puede cambiar gastos de capital por gastos corrientes, y además, hay un tema de volumen. En el caso del Estado nacional, el 5% son más de 12 mil millones de pesos”, aseguró Federico Pinedo, el jefe de bloque del macrismo. En la Ciudad, ese 5% representan “sólo” unos 800 millones.

Más allá de ese debate, y aun con la centroizquierda aparte, el resto de la oposición confía en aprobar su propuesta en tres o cuatro semanas. Y el kirchnerismo guarda una carta anterior al eventual veto presidencial: como Diputados no llegará a los dos tercios de los votos, con mayoría simple el Senado puede ratificar el proyecto aprobado el año pasado. La paridad en esa Cámara y las fluctuaciones de algunos mantendrán el suspenso hasta último momento.