Por

EUGENIA RODRÍGUEZ

El oficialismo de Javier Milei difundió este miércoles el dictamen oficial de mayoría de la llamada ley ómnibus que consiguió con el apoyo -y las disidencias- de sus aliados del PRO y sectores radicales y peronistas. Uno de los puntos que quedó en la redacción final y que sigue generando mucho rechazo en varios sectores de la oposición tiene que ver con la parte del articulado que refiere a las retenciones que recaen sobre bienes industriales y que tendrían un 15% de alícuota, si la norma se aprueba en ambas cámaras y entra en vigencia. Según especialistas y cámaras del sector, esta medida implicaría una suba de más de diez puntos en las retenciones hoy vigentes y terminaría por “sacar de competencia a muchas empresas”.

Según estimaciones privadas, en 2023 las exportaciones industriales representaron un 40% del total de ventas al exterior y, de avanzar la medida que incrementa los derechos de exportación, el retroceso sería inevitable dado la mayor reprimarización de las ventas del país al mundo ya que “si exportas algodón o lana pagás 0% y si exportas moda, 15%”, así como por la pérdida de mercados que tendría consecuencias graves sobre el segmento de PYMES exportadoras, con menor margen de maniobra frente a un encarecimiento de la inversión y la actividad.

De acuerdo con un informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) solo en esa provincia, que produce el segundo PBI industrial del país, “podrían caer 20% las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y 50% las de origen industrial (MOI)” en tanto que la recaudación “en vez de aumentar sería USD 93,4 millones más baja” por la suba de las alícuotas y la contracción de las ventas externas. 

El golpe de más impuestos a la industria

La ley ómnibus, con sus más de 500 artículos sobre los más diversos temas y áreas, promueve en su sección VI referida a modificaciones en los derechos de exportación, un 15% de alícuota “para todas aquellas mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR que al 31 de diciembre de 2023 no hubieran estado gravadas con derechos de exportación o con una alícuota inferior”, con excepción de hidrocarburos y la minería que mantienen porcentajes por debajo. En dicho esquema las bienes industriales pasarían de pagar entre un 2% y 4% a escalar al 15% mientras, advierten especialistas, las materias primas sin agregado de valor tendrán 0% de retenciones. 

Al respecto, no son pocas las voces que refieren al impacto que esta medida podría tener en los sectores productivos industriales, en la generación de puestos de trabajo y en las economías locales. “Llegamos a 2024 con un esquema que, si bien no es perfecto y faltó profundizar, premia con menos derechos de exportación a la agregación de valor. Hasta los cambios de 2020 la industria pagaba un promedio de 4% de retenciones, luego bajó a 2,2% promedio (materias primas industriales 4,2%, insumos básicos 3,6%, insumos elaborados 3% y bienes finales 0,1%, sector automotriz)”, analizó el economista y especialista en desarrollo productivo, Leandro Mora Alfonsín. Según publicó, desde 2016 a 2023 “se ganaron mercados y mejoraron exportaciones” ya que, por ejemplo, el sector automotriz sumó tres destinos, el complejo de caucho y plásticos pasó de 126 a 166 países, a su vez los productos de laboratorio se expandieron a siete países nuevos y la metalmecánica llegó a nueve más, creando además casi 10 mil empleos en ese lapso. 

De acuerdo con el análisis de Mora, el impacto del alza de retenciones al 15% generaría cuatro consecuencias centrales: por un lado una “primarización de las exportaciones” ya que “si exportas algodón o lana pagás 0% y si exportás moda, 15%; por madera en rollo corresponde 0% y el papel y el cartón tienen 15%”, se suman que “se pone en riesgo mercados que se ganaron en los últimos años” y que “afecta más a aquellas exportadoras insertas en cadenas de valor que requieren más insumos importados (además de retenciones, sube el Impuesto País)”. En relación, dentro del sector industrial crece la alarma por cómo afectaría a las PyMEs exportadoras, “cuyos márgenes para ´subirse al container´ son muy justos". En 2022 se registraron 7.558 pymes exportadoras y el 14% de las exportaciones de bienes correspondió a este segmento que generó, con datos a 2021, unos USD 11.200 millones por ventas al mundo.

En ejemplos concretos: el sector automotriz pasaría a pagar 959 millones de dólares más, el de caucho y plástico 115 millones de dólares más, los productos de laboratorio unos 154 millones de dólares extra y la metalmecánica unos 408 millones de dólares más. “Necesitamos exportar más, retirar al Estado de la política pública industrial y de la estrategia del desarrollo es un error gravísimo que se verá en la profundización de la brecha ya no solo respecto de los países centrales, sino de vecinos como Brasil”, evaluó el especialista.

En la misma sintonía, desde el centro Fundar plantearon que “la ley ómnibus es anti-desarrollo porque perjudicaría a las exportaciones y a la industria y porque da excesivos beneficios a grandes inversores sin ninguna condicionalidad”. En detalle, “el esquema de retenciones que propone desincentiva las exportaciones de una manera poco estratégica ya que da igual exportar materias primas sin procesar que bienes con mayor valor agregado, producidos con trabajo e inversión argentina, que permiten a las economías locales desarrollarse y especializarse”. Guido Zack, director de economía de dicho centro de investigaciones señaló públicamente que “aplicar retenciones del 15% a todas las expo, sin importar el tipo de producto, valor, diferenciación, calidad, ubicación en la cadena, tipo de empresa, en dónde producen, etc., resulta contraproducente”. 

Rechazos de la representación empresarial

En un comunicado reciente la propia Unión Industrial Argentina (UIA), que se manifestó en varias oportunidades a favor tanto del DNU 70/2023 como del megaproyecto de ley del gobierno libertario, refirió que "la presión fiscal por efecto de los nuevos derechos sobre las exportaciones de los bienes industriales y alimentos y bebidas se incrementaría, en promedio, más de 11 puntos porcentuales” y que “es central excluir a las PYMES, que son las más afectadas y podrían derivar en una reducción de producción, empleo y exportaciones”. Según la entidad las exportaciones industriales totalizaron en 2023 los USD 27.000 millones y representaron un 40% del total. 

Asimismo se conoció el posicionamiento de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) que representa a un sector industrial que produce el segundo PBI industrial del país, emplea a más de 140.000 trabajadores directos y alrededor de 350.000 indirectos, desde donde alertaron que “por la suba de impuestos podrían caer 20% las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y 50% las de origen industrial (MOI)” y destacaron que esto implicaría una baja tanto en los dólares generados (-USD 4.015 millones) por comercialización externa como en la recaudación (podría caer USD 93,4 millones) pese a que el objetivo del ministerio de Economía que conduce Luis Caputo sería lograr un aumento de 0,5% del PIB, por este medio. 

 

Se suma el llamado de atención por parte de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) desde donde exigieron “reducir las alícuotas correspondientes para evitar ahogar innecesariamente exportaciones, producción y empleo industrial sin resignar recursos fiscales si no, por el contrario, buscando un esquema que permita recaudación incremental que, con el esquema propuesto, se perdería". 

Alarma en la producción industrial

En diciembre la industria PYME se desplomó 26,9% interanual, aculando en todo el 2023 una baja del 2,6%. Según datos de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), “la significativa depreciación de la moneda, la escalada de la inflación posterior a las elecciones y los cambios en las regulaciones de importación, que impidieron realizar compras durante algunas semanas, entre otras cuestiones, crearon un entorno marcado por la elevada incertidumbre y la disminución del consumo, factores que obstaculizaron los niveles de producción en el conjunto del sector manufacturero”, que mantuvo su capacidad instalada en torno al 73,1%. De esa manera, el mes pasado el 53,4% de las empresas reportó dificultades para reponer stocks (materias primas e insumos)

En la misma línea, un relevamiento realizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA) sobre las proyecciones en este sector para 2024 mostró que el 80% pequeñas y medianas fábricas espera una caída de la demanda en los próximos tres meses, el 68% espera que se reduzca la capacidad instalada de la industria (26,8% espera mantener las mismas máquinas que hasta el momento) y un 56% teme por la caída del empleo o, aún manteniendo el personal, advierte por reducción de la cantidad de horas en las empresas (el 62% espera que la cantidad de horas trabajadas en el trimestre se reduzca).

Se suma que el 32,4% de los empresarios pymes prevé que las exportaciones se mantendrán idénticas mientras que el 28,2% cree que se mostrarán a la baja y existe gran preocupación por el impacto de la apertura importadora indiscriminada. A la par, el 47,9% de las pequeñas y medianas empresas industriales espera que las necesidades de crédito suban en el próximo trimestre. El presidente de IPA, Daniel Rosato, alertó que “de profundizarse la situación, se convertirá en la antesala de un cierre masivo de fábricas, que llevará años recuperar”.