Quizás la persona que esté leyendo esta nota y que se viene informando diariamente sobre el escándalo de corrupción que involucra seriamente a Sergio Schoklender y a Hebe de Bonafini se pregunte dónde está el parricida; por qué, a dos meses de haberse conocido por primera vez las irregularidades en la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, aún no hay nadie preso; y si en algún momento recibirá Norberto Oyarbide, el juez que entiende en la causa, algún tipo de sanción por haberse tomado vacaciones para dejar que la causa se enfriara hasta después de la feria judicial.

Lo peor de todo, estimado lector/a, es que todos los grandes negociados que se realizaron en torno a la construcción de viviendas sociales o, mejor dicho, a la no construcción (el negocio consistía en cobrar y construir sólo un pequeño porcentaje de las casas establecidas en los convenios) se hizo con dinero que usted aportó de su propio bolsillo cada vez que pagó sus impuestos en los últimos años. Es decir, el principal estafado, en todo este asunto, es usted.

Una clara muestra de la impunidad con la que se mueve tanto Schoklender como su exjefa y protectora, Hebe de Bonafini, se evidencia en el hecho de que la Fundación de la Madres llegó a deber la friolera suma de $ 45 millones en concepto de cargas sociales. Y la AFIP, nuevamente, miró para otro lado, cuando se trata de un delito penal tributario por lo que cualquier empresario que incurra en una actitud similar y no cuente con protección política tiene muchas chances de terminar tras las rejas.

Ante esta situación, trabajadores que se desempeñan en los planes de obra que lleva adelante la Fundación, con los 770 millones de pesos que destinó el Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio de Vido, se vienen movilizando desde hace varios días. Ayer alrededor de 200 obreros cortaron el puente

que une la ciudad de Santiago del Estero con La Banda para reclamar por sus puestos de trabajo, dado de que la entidad ordenó paralizar las obras, sin previo aviso. Trascendió, asimismo, que a los beneficiarios de las casas ya se les habría cobrado cuotas mensuales de 400 pesos por la vivienda que ellos construían, cuando no debían haberlas abonado porque eran de carácter social y las financiaba la Nación.

Clientelismo

Además, uno de los obreros contratados por el Programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres afirmó ayer que eran “invitados con voz de época de militarismo” para “ir a apoyar a la Presidenta” a los actos oficiales y que temía por alguna represalia en caso de no concurrir.

“Hay que ir sí o sí porque todos somos culpables o responsables de lo que vaya a suceder. Una invitación un poco particular. Nadie decía nada y se subía a los micros”, relató Ernesto Sanz Alfonso. Y cuando se le preguntó si se concurría porque, en caso de faltar, se temía alguna represalia, contestó: “Sí, principalmente eso”.

Sanz Alfonso dijo sentirse “dolido porque Schoklender, se preocupó más por él que por la gente común”. Se trata de uno de los trabajadores que el martes cortaron el tránsito durante siete horas en la avenida General Paz, en el barrio porteño de Lugano, en reclamo del pago de sueldos adeudados por la construcción de un complejo de viviendas. También afirmó que “no hubo respuesta” por la discontinuidad de los haberes ni para explicar por qué no se hicieron los aportes sociales.

“Este sistema de pagos viene desde que comenzó. En su principio era aún peor: pasaban meses y meses sin cobrar. Ahora en estos últimos tiempos volvió al sistema del principio, de cobrar con días y quincenas de retraso. Determinaban ellos cuándo pagaban”, relató.

Según el trabajador, “la explicación que ellos daban era que, con este tema de certificar la obra, que venía tanto la gente de Nación como Ciudad, hasta que no estuviese certificado no se hacían los depósitos correspondientes para los pagos”.

EN FOCO

El Ministerio de Trabajo, ausente

Mientras Schoklender y Bonafini se quedaban con millones de pesos de los trabajadores de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en concepto de aportes provisionales, las autoridades del Gobierno nacional (especialmente la AFIP), como así también de algunas dependencias del gobierno provincial, miraban para otro lado.

Varios de los planes de vivienda de las Madres se ejecutaron en la Provincia y, por ende, las autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense tendrían que haber inspeccionado y controlado que no se cometieran las irregularidades que los propios trabajadores ahora están denunciando.

Estos funcionarios suelen ser implacables ante pequeños y medianos empresarios sin protección política, ante cualquier inconveniente que pueden llevar a encontrar en la gestión de sus empresas. Pero a la hora de controlar a Schoklender y Bonafini, decidieron no cumplir con su obligación. Privilegiaron sus intereses políticos por sobre las necesidades de los trabajadores. Por eso tendrían que estar dando explicaciones ante la sociedad y ante la Justicia.

Además, deberían explicar el porqué de los elevados niveles de trabajo en negro que se dan dentro del propio Ministerio de Trabajo provincial, como así también en otras dependencias bonaerenses, con cientos de empleados y profesionales que trabajan como pasantes durante años y/o con contratos basura.

Resumen de aportes cero

El programa de construcción de viviendas sociales de la Fundación Madres es investigado por la Justicia por las denuncias de presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de Schoklender.

Asimismo, Sanz Alfonso, extrabajador de la entidad, dijo que “hubo gente que fue a la Anses o recibió cartas en su domicilio donde figuraba un resumen de aportes cero. Eso empezó a llamar la atención al obrero común que no estaba interiorizado en ese tema”. "No había respuesta para este tipo de temas. Había que salir de la hora de trabajo para ir al centro, a la oficina central. Eso significaba pérdida de presentismo, probabilidad de suspensión o sanciones. Era más factible quedarse tranquilo”, reveló.

Los balances llevan la firma de Bonafini

En el balance de 2009 que la Fundación Madres de Plaza de Mayo presentó a la Inspección General de Justicia, figuran, en el rubro pasivos, deudas por $ 78 millones. La mayor parte, 49,6 millones, son “deudas sociales". Se trata, mayormente, de aportes jubilatorios y a la obra social de sus trabajadores que no habrían pagado en todo el año.

El martes Hebe de Bonafini estuvo otra vez en la Casa Rosada. Mantuvo una larga reunión con el secretario de Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, con quien habría analizado -según trascendió- la marcha de la causa judicial contra Sergio y Pablo Schoklender, a quienes acusan de desmanejos en la Fundación. Los balances llevan su firma, lo cual la hace responsable de los números declarados. En el 2009, según el balance de la Fundación, pagaron sueldos por $ 75,2 millones. Pero al finalizar el año acumulaba una deuda de $ 24,8 millones en aportes al Sistema Unico de Seguridad Social (aportes jubilatorios), otros 15,6 millones en distintos tipos de aportes a la obra social, y 2,5 millones a la ART, la aseguradora de riesgos de trabajo.

El monto de la deuda implica que en todo el año no pagaron ninguno de los aportes : el mismo balance dice que las cargas sociales del año sumaron 21 millones, menos que la deuda acumulada al cerrar el ejercicio. En total, la Fundación reconoció así que ese año debía 45 millones de pesos en aportes del rubro cargas sociales.

Algo huele mal en Chaco

La comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la Nación se reunió ayer con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich (foto), quien entregó documentación sobre el plan de obras de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, como parte de una serie de encuentros de ese cuerpo de trabajo.

Capitanich entregó a los legisladores documentación respaldatoria de los programas e informó que el monto de obra contratado por la provincia a la Fundación fue de $ 425.811.009 y que incluía la

construcción de 1.128 viviendas sociales, ocho hospitales de nivel 3, y 23 puestos sanitarios. El monto certificado a la Fundación, en cambio, fue de 243.546.924 pesos. Los legisladores nacionales se reunieron previamente con la intendenta de Resistencia, Aída Ayala, quien reiteró que su gestión no tuvo ingerencia alguna en el Plan Sueños Compartidos.

Luego de esas reuniones, los diputados nacionales encabezaron una audiencia pública que se desarrolló en un hotel de Resistencia con la presencia de legisladores provinciales, intendentes de la provincia y dirigentes sociales. El debate fue abierto por el diputado provincial por la UCR, Livio Gutiérrez, impulsor de una investigación en el seno de la Legislatura chaqueña sobre la ejecución de este plan de obras. “Hace 14 meses empezamos a pedir informes, ya que habíamos detectado situaciones irregulares en la implementación del programa de las Madres”.

Los diputados chaqueños del interbloque opositor pretendían conocer el método operatorio que utilizó el gobierno provincial para la construcción de viviendas ya que, según sus explicaciones, en la entrega de inmuebles el Instituto de Vivienda habría fijado como pago una cuota de 200 pesos hasta que se contara con la resolución definitiva del monto de la vivienda.