“Si es preciso, en la Argentina van a morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”. Ese fue el diagnóstico político que desarrolló el general Videla en la Conferencia de Ejércitos Americanos en Montevideo, el 10 de octubre de 1975. Para entonces, llevaba menos dos meses en la conducción del comando del Ejército. Su asunción era una clara señal de que las Fuerzas Armadas ya no preservarían al gobierno constitucional de Isabel Perón y comenzarían a preparar el golpe. En forma simultánea, se empezó a organizar el diseño de la represión ilegal y “el plan de los desaparecidos”.

El Reglamento Militar fue modificado para esos fines.

Por primera vez, preveía la conformación de los “LRD”, “lugar de reunión de detenidos”, en el que los “sospechosos”, en base a información de inteligencia, serían detenidos e interrogados, sin que tuvieran posibilidad de defensa legal. Los LRD era un modo eufemístico de señalar a los centros clandestinos. Uno de los “adelantados” en la materia fue el general Luciano Benjamín Menéndez, del III Cuerpo de Ejército, que mandó a construir el centro clandestino “La Perla” meses antes del golpe.

Hacia fines de octubre, las Fuerzas Armadas habían organizado el plan sistemático de la represión, con la división del país en 4 zonas –que luego fueron 5-, subzonas, áreas, subáreas… La arquitectura de la represión ilegal de las Fuerzas Armadas obligaba a convertir al Estado en un ente jurídico clandestino que debía ocultar sus actos criminales. Sobre las desapariciones la única respuesta sería el silencio, la ambigüedad (ver “Los desaparecidos”). Sólo hacia el final de la dictadura militar, en abril de 1983, las Fuerzas Armadas dieron a los desaparecidos por muertos y dejaban librada la actuación militar al “juicio divino”.

La conducción política de la represión ilegal tuvo tres cabezas organizativas: la de Videla, la del jefe del Estado Mayor del Ejército general, Roberto Viola y la de la jefatura de Inteligencia del Ejército, al mando del general Carlos Martínez, ahora detenido. En el plan de las desapariciones participaron, además del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que también modificaron sus reglamentos internos, con la inclusión de “LRD” para la investigación y el interrogatorio sin defensa judicial de los detenidos y la infiltración de sus agentes de inteligencia en todos los ámbitos de la sociedad, antes del golpe de Estado. La inteligencia de todo el engranaje represivo quedaría a cargo del Batallón 601 del Ejército, que reunía la información brindada por los agentes de la “comunidad informativa” de las tres fuerzas. Con agentes civiles y militares, estaban infiltrados en todos los sectores de la sociedad para asegurar control ideológico.

Una vez que organizó la represión ilegal en sus formas burocráticas, Videla intentó ponerse por encima de ellas, como si no tuviese responsabilidad. Hasta manifestaba cierta impotencia sobre lo que sucedía. Una prueba es la reunión que mantuvo con la esposa del sindicalista de Luz y Fuerza Oscar Smith, secuestrado en 1977. Cuando le reclamó por su marido, Videla acababa de rezar y tenía un rosario blanco en sus manos. La escuchó y le dijo que no podía ayudarla: “No sé nada. Son desaparecidos”.