El macrismo no cumplió indicaciones de la ley de Emergencia Ambiental ni aportó los recursos que permitirían motorizar el fallo de la Corte Suprema. Las víctimas son los vecinos que conviven con la contaminación.
En los hechos, el Gobierno porteño destinó muy pocos recursos para el saneamiento del cauce del río. Este año vence la ley 2.057, que declaró en 2006 y por cinco años "la emergencia ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo". A pesar de ello, poco y nada se ha hecho de los 13 puntos que buscan paliar la situación de cientos de miles de personas que viven en la ribera que limita con la ciudad de Buenos Aires.
En aquel entonces, la Legislatura previó destinar unos 300 millones de pesos para "reubicar a todas las personas que vivan en asentamientos precarios sobre la margen" de la cuenca, brindar asistencia inmediata e integral, crear centros de "Salud Ambiental" en cada hospital cercano al Riachuelo, construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales y conformar un registro "específico que comprenda todas las consultas médicas (...) relacionadas con el impacto contaminante", entre otras especificaciones.
"No se hizo absolutamente nada", sostiene el ex legislador de la Coalición Cívica y coautor de la ley, Facundo Di Filippo. El ex diputado y especialista en temas de vivienda agregó que la Comisión que debía crearse a instancias de la norma "nunca se reunió" y tampoco se realizó "el estudio epidemiológico y toxicológico de la gente que vive en los barrios afectados". Estos estudios tenían como objeto determinar "la presencia de contaminantes en los niños, en los alumnos de las escuelas cercanas a la cuenca y en los adultos mayores".
"Si bien puede señalarse que hay un cruce de funciones con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), esto no es excusa porque es una ley de la Ciudad y el Gobierno debería cumplirla", señaló Enrique Viale, abogado ambientalista. "Lo cierto es que la actitud de la Ciudad es coherente con el resto de su política: abandono de la zona sur y un gran desconocimiento y desidia de la zona metropolitana", espetó María de la Paz Dessy, presidenta de la Fundación Arraigar y ex secretaria general de la Acumar.
La norma fue sancionada en 2006 y recibió el apoyo de diversos bloques políticos, incluso del macrismo, que en ese momento era oposición. En el texto se explica que los fondos para financiar las diversas acciones deben extraerse de los resultados presupuestarios positivos, es decir, del superávit. "El Gobierno nunca destinó un solo peso y tampoco identificó ningún trabajo para cumplir con la ley", denunció la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía.
La declaración de la emergencia ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo fue un anticipo del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dos años después, el 8 de julio de 2008, ordenó al gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad (agrupados en la Acumar) a ejecutar un plan para sanear la cuenca. "La sentencia fue muy importante porque es la primera vez que la Corte interviene y obliga a los gobiernos involucrados a trabajar y solucionar problemas que hasta ahora han esquivado", resaltó Viale.
Pero el cumplimiento del fallo está plagado de contratiempos, sobre todo presupuestarios. Sin ir más lejos, este año será la primera vez que la Ciudad hace un aporte directo de 12,5 millones de pesos para la Acumar. No obstante, la administración porteña se había comprometido a contribuir con el doble (25 millones de pesos), según lo anunciado por el subsecretario de Obras públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano, Sergio Agostinelli, en una reunión del Consejo Directivo celebrada el 28 de junio de 2010. "Hoy la Acumar funciona con los 400 millones de pesos que aporta el gobierno nacional y los casi 100 millones de pesos de la Provincia de Buenos Aires", aseguró Andrés Nápoli, director del Área Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las cuatro ONG integrantes del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento del fallo. "El Gobierno de la Ciudad siempre se excusó con que hace aportes dinerarios indirectos, como la pavimentación de una calle o la limpieza de las márgenes por su cuenta", añadió Nápoli.
Las internas en el ente tripartito van in crescendo, con 6 cambios de funcionarios en los últimos dos años. Sin ir más lejos, tras la última audiencia celebrada en la Corte Suprema el 16 de marzo, quedó al descubierto la fractura entre los directivos, cuando el presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, Javier Corcuera, se explayó "sobre las diferencias entre Nación y Ciudad por el control de las industrias" que se encuentran a la margen del Riachuelo, según un testigo de la audiencia con el máximo tribunal.
Esta situación hizo fracasar la última reunión del Consejo Directivo de la Acumar, luego de que los representantes de la Ciudad se retiraran y dejaran sin quórum la sesión. Diario Z accedió en exclusiva al acta del 18 de marzo. Antes del orden del día, los funcionarios nacionales y provinciales incorporaron una moción para quejarse por la intervención de Corcuera ante la Corte porque "se alejó de lo previamente acordado en el seno de este Consejo Directivo en lo que se refiere a no expresar cuestiones que deben eventualmente resolverse en el seno de la Acumar". También advirtieron -según consta el acta- que "las cuestiones que plantearon los representantes del Gobierno de la Ciudad respecto de la competencia territorial de la Acumar y la programación y ejecución de inspecciones en dicha jurisdicción, nunca fueron planteadas ante el Consejo Directivo".
En tanto, los jueces de la Corte Suprema acordaron realizar una "inspección judicial" personalmente sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Lo harán en el marco del Plan de Integral de Saneamiento (PISA) acordado en el fallo de 2008. La Corte quedó disconforme con el resultado de la audiencia con las autoridades del Acumar del 16 de marzo, que pasó a cuarto intermedio. Con la recorrida, los jueces buscan "presionar" para lograr "mejoras" porque consideran que se ha avanzado poco, señaló una fuente que sigue de cerca el caso.
Zona de sacrificio ambiental
El Riachuelo tiene 64 kilómetros de extensión y atraviesa 14 municipios bonaerenses, además de la Capital. A lo largo de la cuenca viven más de cuatro millones de personas. De éstas, el 35% no tiene agua potable y el 55% no posee cloacas. Está expuesta a problemas respiratorios, gástricos y de la piel. Los especialistas hablan de una "zona de sacrIficio ambiental", referida sobre todo a las casi 20 mil industrias que vuelcan sus residuos en las aguas ya pestilentes. "La Acumar cuenta con 42 inspectores, una cifra exigua si se tiene en cuenta la gran cantidad de fábricas que se debieran controlar", apuntó Andrés Nápoli (FARN).
Desde la creación de la Acumar en 2006, se ha inspeccionado el 49% de las industrias. Los laboratorios y las refinerías son indicados como los más contaminantes. Por primera vez, en febrero de este año, la justicia federal trabó un embargo por 120 mil pesos sobre una empresa. La sanción recayó sobre la firma Centro Internacional de Contenedores (Cicsa), aunque no por contaminar, sino por no liberar los márgenes del Riachuelo. Más claro: no sólo los pobladores sino las empresas deben desocupar el camino de sirga.
"Se trata de uno de los ríos más contaminados y más poblados del mundo", describió Enrique Viale, quien pone el ejemplo de la limpieza del Támesis en Inglaterra o el Sena en Francia, ríos que estaban muy contaminados pero que lograron mejorarse. Uno de los principales problemas que afectan a la Ciudad son los asentamientos precarios (Ver "Sin viviendas...") que viven padeciendo los efectos más nocivos de la contaminación. Sin embargo, aún no se cumplió con la exigencia -tanto de la Corte Suprema como de la ley de emergencia ambiental de la Ciudad- de conformar un registro único de enfermedades. "Sería un escándalo mundial por los resultados desastrosos que arrojaría, por eso no lo hacen", sentenció Viale.
Un informe oficial del Ministerio de Salud de la Nación indica que el 96,4% de la población de la cuenca está expuesto al riesgo ambiental, casi un millón de familias. Y determina que el 33,3% padece problemas gastrointestinales y el 26% respiratorios. Esto se agrava porque alrededor de 330 mil personas viven alejadas de centros de salud, 33 mil residen alrededor de fábricas altamente contaminantes y casi 3 mil personas habitan asentamientos sobre los 400 basurales a cielo abiertos en la cuenca.
Las promesas de descontaminación no comenzaron con los recordados "mil días para nadar en el Riachuelo" de María Julia Alsogaray, sino con la Primera Junta, que en 1811 se comprometió a limpiarlo debido a las quejas por la instalación de las primeras curtiembres. Según los cálculos presentados ante la Corte Suprema de Justicia, el saneamiento del Riachuelo se extenderá hasta 2024 e insumirá 23.801 millones de pesos. Hasta el momento se llevan invertidos poco menos de siete mil millones de pesos, aunque la principal obra -un colector cloacal y una planta de tratamientos de efluentes- será financiada a través de un préstamo de 840 millones de dólares del Banco Mundial.
Todos los esfuerzos de Diario Z de recabar la opinión del Ministerio de Espacio Público resultaron infructuosos.
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