El Gobierno nacional tensó su relación con el campo y avanza sobre las retenciones, en el contexto de los acuerdos de precios que busca cerrar para controlar las subas en el valor de los alimentos. Ante la escalada de este conflicto, analistas del sector agroindustrial consultados por este medio coincidieron en el costo político que representaría para la Casa Rosada un aumento en los derechos de exportación.  Con el actual nivel de precios, una suba de tres puntos  en las retenciones de trigo y maíz –el tope establecido en la Ley de Solidaridad Social- el Estado podría recaudar 304 millones de dólares adicionales, en base a cálculos elaborados por consultores privados.

En los últimos días, desde la Casa Rosada empezaron a cerraron filas sobre este tema, con las declaraciones de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, que sostuvo que no descartaba una suba de retenciones para controlar el precio de los alimentos. Por el lado de la cadena agroindustrial, adviertieron que la suba de los granos en Chicago, más allá de la volatilidad que exhibió en los últimos días, permitiría aumentar el ingreso de divisas, sin necesidad de modificar el actual sistema tributario para el comercio exterior.

En el marco de los acuerdos que el Gobierno nacional busca cerrar para frenar el aumento en el precio de los alimentos, el presidente Alberto Fernández advirtió, en declaraciones a Página12- la posibilidad de subir los derechos de exportación del campo o un sistema de cupos. Si bien en los últimos días la Casa Rosada cerró un acuerdo con los frigoríficos exportadores, para la venta de diez cortes a precios rebajados, el presidente citó como ejemplo la suba en los mostradores de los cortes vacunos, a partir de una demanda sostenida por parte de China.

¿Más retenciones?

¿Es negocio para el oficialismo un incremento en las retenciones? Analistas del sector y economistas consultados por este medio coinciden en dos puntos. En primer lugar, el incremento en el precio internacional de los commodities se reflejará en un mayor ingreso de divisas, aún con las caídas en los volúmenes de producción de la campaña 2020/21 a causa de la sequía. El segundo aspecto es el desgaste político que representaría un nuevo enfrentamiento entre campo y Gobierno, con el recuerdo aún fresco del cierre a las exportaciones de maíz.

Si bien el precio de los granos en Chicago mostró una tendencia bajista en los últimos días, la soja cerró en 502 dólares la tonelada. Con el actual nivel de precios y aún pese a la caída en las estimaciones de cosecha, solo por efecto de la suba de precios en granos y subproductos, el ingreso de divisas este año aumentaría en 3.240 millones de dólares, de acuerdo a consultores privados. Con este flujo de dólares, el Gobierno recaudaría –sin tocar las retenciones- cerca de 150 millones de dólares adicionales.

Tras la asunción del Frente de Todos en diciembre de 2019, los derechos de exportación pasaron del esquema de 3 a 4 pesos por dólar exportado instaurado por Cambiemos a porcentajes. Con la ley de Solidaridad Social aprobada, el impuesto para la soja quedó en 30%, con la posibilidad de adicionar 3 puntos, opción que el Ministerio de Agricultura utilizó en marzo de 2020 y generó un fuerte cruce con el sector agropecuario, liderado por una Mesa de Enlace que no pudo alcanzar una postura unificada.

De esta manera, los derechos de exportación para soja quedaron en 33% (con un reintegro a pequeños y medianos productores que empezó a pagarse a finales del año pasado), mientras que maíz y trigo se establecieron en 12%. El dato a tener en cuenta es que para estos cereales, la Ley de Solidaridad Social dejó abierta la puerta para un incremento de 3% en este impuesto. Por su parte, la carne vacuna se mantuvo en 9%. La industria frigorífica exportadora bovina apunta a una baja de 4 puntos, pero más allá de las negociaciones, el Gobierno prioriza la recuperación de divisas.