Un sistema de "premios y castigos" para investigar la corrupción. Un mecanismo que involucre "delaciones premiadas", pero también penas para las empresas involucradas en los negocios oscuros. El proyecto de responsabilidad penal de las personas jurídicas que impulsa el Gobierno podría generar un cimbronazo en las pesquisas judiciales, pero también cambios en el mundo corporativo.

Uno de los pedidos que Mauricio Macri le encomendó al Congreso fue la sanción de lo que bautizó como "ley de responsabilidad empresaria". El proyecto, elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA) con la colaboración de expertos, se presentó en octubre del año pasado y el oficialismo ahora saldrá a buscar el favor de la oposición.

La iniciativa propone sancionar a las empresas por los delitos cometidos contra la administración pública, como cohecho (coimas), tráfico de influencias y negociaciones incompatibles. Hasta ahora las penas recaen sobre las personas físicas -accionistas, ejecutivos, gerentes-, pero no hay consecuencias previstas para las compañías.

El texto del proyecto estipula algunas sanciones, como multas de entre el 1 y el 20% de los ingresos brutos anuales, la suspensión de las actividades y la pérdida de subsidios estatales.

La norma, sin embargo, prevé un gran salvavidas para las empresas: si demuestran que habían implementado un "programa de integridad" y que los ilícitos fueron un desvío de alguno de sus integrantes, se las podrá eximir total o parcialmente de su responsabilidad. Según el texto, "las personas jurídicas son responsables por los delitos que hubieren sido realizados en su nombre cuando fueran consecuencia de un control y supervisión inadecuado".

Según explicó a LA NACION Manuel Garrido, director del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés (que colaboró con el organismo que conduce Laura Alonso), "el proyecto apunta a la otra cara de la corrupción: los privados". "Busca que la empresas establezcan mecanismos anticorrupción y que aporten información para avanzar en las investigaciones a cambio de reducción en las sanciones."

Colaboración eficaz

Si los mecanismos de control interno fallan, las empresas tendrán otra chance para morigerar su pena. Podrán celebrar "acuerdos de colaboración eficaz", un mecanismo que, en casos como el Lava Jato brasileño, permitió destapar la olla de las coimas de Odebrecht. En este caso, la "delación premiada" sería con las empresas. El proyecto estipula que los fiscales y las compañías podrán celebrar un convenio en el que "a cambio de la suspensión de la persecución" la firma deberá aportar datos "precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos".

Otro de los puntos clave del proyecto es la incorporación del delito de soborno transnacional al Código Penal, que permitiría poder juzgar a los argentinos que paguen coimas a funcionarios extranjeros. La cláusula responde, sobre todo, a la necesidad de hacer los "deberes" frente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reclamó que los países adapten sus sistemas penales para facilitar la colaboración internacional en la lucha contra la corrupción.

Guillermo Jorge, uno de los expertos que participaron en la elaboración del proyecto, ilustró: "Hoy las empresas no son responsables y mandan a sus ejecutivos a cometer delitos para conseguir negocios. La idea es que eso ahora tenga consecuencias". Y aclaró: "No se trata de que las empresas entreguen a sus empleados, sino de que colaboren con el Estado. Además, la responsabilidad de los individuos no siempre eximirá a la empresa".

El texto indica que, entre los criterios para la determinación de las sanciones, se contemplarán "la cantidad y jerarquía de los involucrados en el delito, la comisión directa de parte de los propietarios y la gravedad del hecho", además de la cooperación con las autoridades y la existencia o no de sistemas de control interno.

Un abogado que suele representar a compañías importantes en el país admitió que muchos empresarios no ven con buenos ojos el proyecto, por los costos en estudios de abogados y en consultoría que implicará sumar servicios de compliance, para garantizar las buenas prácticas en sus firmas.

Las claves de la iniciativa

Personas jurídicas

El proyecto establece sanciones a las empresas por los delitos contra la administración pública. Hasta ahora las penas sólo alcanzaban a personas

Las sanciones

Se establecen multas de entre el 1 y el 20% de los ingresos brutos anuales, la suspensión de las actividades y la pérdida de subsidios estatales

Desviaciones individuales

Las empresas podrán eludir su responsabilidad si demuestran que habían implementado un "programa de integridad" y que los ilícitos fueron un desvío de alguno de sus integrantes

Delación premiada

También podrán beneficiarse si aportan información para esclarecer los hechos