Luego de que los principales bloques del arco anti-K anunciaran que presentarán un proyecto de ley para derogar esa resolución, a la que juzgan un nuevo “ataque” a la libertad de expresión, trascendió que mañana saldrá en el Boletín Oficial una resolución que establece que el traspaso de usuarios a otras empresas debe ser gratis.

   Los diputados Fernando Pino Solanas, Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica); el ex presidente del Banco Central Martín Redrado y el ex funcionario del Ejecutivo bonaerense José Pepe Scioli, entre otros, condenaron la decisión anunciada por el ministro de Planificación, Julio De Vido.

   Solanas calificó de una “locura” la cancelación de la licencia de Fibertel —operada por la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín— y sostuvo que “el peor de los monopolios es el ligado al partido que gobierna”.

   Para el cineasta, la Casa Rosada “le quiere traspasar a las dos telefónicas” el servicio de internet. Luego recordó que durante la discusión parlamentaria de la ley de medios el kirchnerismo había mostrado su aspiración a “quedarse con el paquete accionario de Telecom y la centroizquierda se opuso a eso”.

   “Soy usuario de Fibertel desde el primer año, me vuelvo loco si lo sacan”, acotó el legislador. “Tenemos que oponernos a cualquier concentración monopólica, se necesita diversificación; que yo pueda optar entre cinco, seis o siete servidores”, pregonó.

   En la misma sintonía, Lozano denunció que el gobierno nacional busca “favorecer el monopolio de las telefónicas” como lo hizo en la primera “versión” que presentó del proyecto de la ley de radiodifusión.

Perversos.

“La perversidad con la que funciona el discurso gubernamental tiene que ver con enunciar determinados planteos que intentan ser presentados como de signo progresistas y, en la práctica, esconder una estrategia de acumulación de poder exclusivamente propio”, lanzó el legislador.

   Desde la Coalición Cívica, Prat Gay consideró “totalmente injustificada” la decisión del gobierno contra Fibertel y la enmarcó en “la intención de extorsionar y presionar para que se publique” en los medios de comunicación “lo que quiere” la administración kirchnerista. l