Ante la Cámara Federal, la querella del Estado volvió a exigir ayer la indagatoria del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, de la dueña del multimedios, Ernestina Herrera de Noble y del director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, acusados del desapoderamiento de la empresa Papel Prensa. La audiencia clave ordenada por la Sala I fue para expresar argumentos, y que sea ahora el tribunal quien defina el pedido de la fiscalía –rechazado por el juez Julián Ercolini- para que los empresarios comparezcan como acusados de haber comprado la firma a precio vil, bajo amenaza y en connivencia con la dictadura cívico militar. El fiscal general Germán Moldes –impulsor de la marcha 18F y crítico del gobierno- desistió de sostener el recurso de su par de primera instancia, lo que en los hechos significa que rechazó que sean citados.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación representada por Martín Fresneda y Luis Alén reiteró los argumentos por los que solicitó la indagatoria de Magnetto, Herrera de Noble y Mitre, además de la del ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Juan Pío Podestá, y de Guillermo Juan Gainza Paz, acusado de ser el intermediario del traspaso, en la audiencia oral que comenzó ayer poco después del mediodía. Una causa tramitada hace más de cinco años y considerada delito de lesa humanidad por otros tribunales que la analizaron, una serie de pruebas ya recabadas, y medidas que fueron cumplimentadas fueron los fundamentos expresados por el Estado para ratificar que, sin un llamado a indagatoria, la causa entraba en una parálisis. "Lo único que se hizo en estos últimos tres años es repetir declaraciones testimoniales ya realizadas en otros momentos y encargar una pericia contable que no va sobre el fondo del asunto, que es verificar que los Graiver fueron desapoderados en un contexto de persecución, tortura y muerte", sostuvo Alén. "No puede ser una causa que tenga cinco años y no se cite a indagatoria a los imputados. Hay víctimas que esperan la resolución de la justicia", sostuvo Fresneda a la salida de los tribunales de Comodoro Py. Un rato antes, el funcionario le había pedido a Moldes como representante del Ministerio Público que acompañara la postura de la querella por delitos considerados imprescriptibles.

Ante los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, el fiscal de Cámara se excusó de sostener el recurso de Leonel Gómez Barbella, quien estaba a cargo de la Fiscalía Federal Nº 5 y fuera remplazado hace pocos días por Franco Piccardi. Sin bien dijo coincidir con parte de la argumentación de los querellantes sobre el clima y el contexto de violencia de "aquellos años", sostuvo que los jueces eran "los dueños del proceso" y que por ende debían ser ellos quienes resolvieran cómo y cuando se concretaban las indagatorias. Jorge Auat, al frente de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, intentó intervenir pero Moldes lo bloqueó, argumentando que él era quien ocupaba el rol de la fiscalía.

A su turno, la defensa de Magnetto representada por el abogado Hugo Wortman Jofré cargó contra la denunciante Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, y sostuvo que había declarado cosas distintas en el juzgado y en la Secretaría. Desde la cartera de Derechos Humanos replicaron que nunca se le había tomado declaración allí, y señalaron que no se trataba de un reclamo patrimonial, sino del juzgamiento de una asociación ilícita entre la dictadura y los diarios Clarín, La Nación y La Razón para quedarse con la fábrica de papel para diarios.

Pedro Pusineri, abogado de Podestá e integrante de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia (que asisten habitualmente a los represores), se quejó de que se mirara a los Derechos Humanos "desde un solo lado", y sobre el final expuso su preocupación: "Todos sabemos que al final van a ser llamados a indagatoria."

Sin plazos, la Cámara ya está en posición de decidir en los próximos días cuál es el futuro de la causa. Según fuentes judiciales, se podría volver a resolver a través de un voto dividido. «

HSBC: Cablevisión debe presentarse ante Comisión

La Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros, que investiga la facilitación a la evasión y la fuga de capitales realizada por el banco británico HSBC, recibió el aval de la justicia para citar a la firma Cablevisión, del Grupo Clarín.

El lunes pasado, Jorge Alvarez, director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, informó a Roberto Feletti, titular de la Comisión Bicameral, que el Juzgado Penal Tributario Nº1 dispuso que "el representante legal de Cablevisión deberá concurrir ante la Comisión Bicameral a la próxima audiencia que sea citado bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública y formularse denuncia por desobediencia; debiendo además acreditar en autos, mediante certificación emanada de la Secretaría de la Comisión, el estricto cumplimiento de esta sentencia".

En la Bicameral se espera que Cablevisión apele la decisión judicial aunque voceros de la misma aseguraron a este diario que los representantes de la firma serán citados a informar para el martes próximo. Según la comunicaciónenviada por Alvarez a Feletti, "El Juzgado envió cédula notificando la sentencia a Cablevisión, razón por la cual, podría ser recurrida".

Con todo, el Juzgado Nº 1 indicó que "se encomienda al presentante que, en su caso, disponga que se informe de inmediato al tribunal el incumplimiento de la presente".

Por la Comisión bicameral ya han testimoniado representantes de empresas como Telecom Argentina y Central Térmica Güemes.

SHERATON

El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa por crímenes en el centro clandestino "Sheraton", que funcionó en la Subcomisaría de Villa Insuperable, entre 1976 y 1978. Alcanza a seis imputados por secuestros y torturas en el marco de la megacausa "Primer Cuerpo de Ejército".