“Sabemos que Jujuy es una provincia que necesita alternativas económicas pero esas alternativas como la minería, que generan un impacto en el medio ambiente, tienen que desarrollarse bajo la mirada atenta del Estado, que controle y exija cumplir las normas ambientales nacionales que son el piso de exigencia que están vigente en el país”, aseveró.

Para Calsina, “no se puede exigir menos que los presupuestos mínimos ambientales que están vigentes para todo el país, necesitamos una provincia fuerte con federalismo auténtico, que nuestro gobierno defienda a Jujuy, defienda los interés provinciales y no al revés que por apoyar o por viajar con la presidenta por ejemplo a Canadá como paso, se asuman compromisos con empresas mineras que resulten dañinos para los intereses provinciales”.

Ponderó, además, la importancia del cuidado de nuestros glaciares por el gran beneficio que representan. “Jujuy tiene peri glaciares que de a poco van nutriendo los cauces de los ríos y con los cuales conseguimos el agua para beber y para el riego en la provincia. No podemos descuidar la calidad de los mismos, ni dejar que se haga cualquier tipo de explotación minera que resulte perjudicial para la salud”, señaló.

“Tiene que cuidarse -prosiguió- a la población que vive en el lugar, y cuidar también a todos los jujeños que recibimos el agua porque si este cuidado no se da, puede contaminarse esta fuente natural y contaminar a toda la población”.

EL DESENDEUDAMIENTO

Por otra parte, haciendo una lectura de lo acontecido en la última sesión de la Legislatura donde el oficialismo aprobó la adhesión al desendeudamiento, la referente de LyDER opinó que “este tema no es tan ventajoso como lo presentan, ya que una refinanciación es una nueva deuda, son nuevos plazos y va a implicar pagar montos iferentes a los oportunamente aprobados”.

Observó que “legalmente hablando, esta aprobación es totalmente inconstitucional, ya que claramente el Art. 81 de la Constitución establece la votación de los dos tercios de la totalidad de los diputados, para cualquier decisión vinculada al endeudamiento de la provincia, como no ocurrió así y se aprobó por mayoría simple no tiene sustento legal”.

Cuestionó también que no se debata ningún cambio al Programa Federal de Desendeudamiento y recordó que “en oportunidad en que las autoridades nacionales negociaron la deuda obtuvieron un descuento importante en la misma, el desendeudamiento para nosotros se tenia que resolver pidiendo una quita a la nación, no comparto que se acepte todo sin ningún cuestionamiento, sin pelear por algo mejor”.

Fallo transparenta

la gestión nacional

“El acceso de la comunidad a la información de la gestión pública es fundamental”, sostuvo el senador Gerardo Morales, al tiempo que renovó su compromiso por transparentar los actos de gobierno en el orden nacional.

Tales conceptos derivan del fallo judicial a favor del legislador jujeño, en su denuncia por falta de información pública de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Cabe recordar, que en junio pasado interpuso una acción de amparo requiriendo se ordene al organismo de control el “cese de la violación al derecho de acceso a la información”.

En la misma oportunidad, solicitó que se ponga a disposición de la ciudadanía en general a través de internet todos los informes producidos y aprobados por el organismo con anterioridad a 2010 y todos los informes aprobados y a aprobarse con posterioridad a 2010, conforme lo venía haciendo hasta fines de 2009. Incluso, pidió que se declare la inconstitucionalidad de la práctica o de cualquier regulación por la cual la Sigen restrinja ilegítimamente el acceso a través de internet a los informes de su producción.

El senador fundamento su reclamo en la constitucionalidad que resguarda el principio de publicidad de los actos de gobierno de donde deriva el derecho fundamental al acceso a la información pública, ampliamente protegido en tratados internacionales.

El 14 de septiembre pasado, al expedirse sobre la cuestión de la legitimación activa, la Cámara resolvió a favor del senador Morales, entendiendo que la sola condición de persona física del accionante otorga suficiente legitimación activa para la procedencia de la vía intentada con arreglo a la normativa que regula el derecho al acceso a la información pública.

De esta manera, luego de este fallo, el juzgado de primera instancia deberá resolver el fondo de la cuestión planteada, es decir, pronunciarse sobre la legitimidad de la actual política de la Sigen en materia de acceso al público general de los informes de su autoría.

Durante casi diez años la Sindicatura General de la Nación dio plena difusión a los informes por ella elaborados a través de su plataforma digital en internet (www.sigen.gov.ar). Al permitir un masivo e irrestricto acceso a las versiones digitalizadas de los informes de su producción a través de la web se brindaba la necesaria y básica trasparencia a la gestión pública.

“Cumplía, de este modo, un rol primordial para la democracia y el debido control de los actos de gobierno, posibilitando a ciudadanía la rendición de cuentas y un más amplio escenario de información para la autodeterminación colectiva”, explicó Morales en su presentación judicial y agregó que “la información producida por la Sigen resulta materia prima necesaria para la lucha contra la corrupción y la elaboración de políticas públicas racionales”.

Sin embargo, desde comienzos del corriente año, la Sindicatura suprimió dicha accesibilidad, requiriendo ahora una presentación formal y escrita que debe reunir los recaudos del Decreto 1172/03. Exigiendo, que las presentaciones deban realizarse en la sede del organismo, en la Ciudad de Buenos Aires, y determinando que las copias de la información requerida corra por cuenta del solicitante.

“Esta limitaciones, implican solo que la ciudadanía no puede ya tener acceso fácil e irrestricto a los informes de la Sigen con anterioridad a 2010, sino que nadie pudo tener acceso a los informes producidos en lo que va del año”, señaló Morales.

El cupo femenino, un objetivo a corto plazo

Dirigentes de la Unión Cívica Radical dieron a conocer los avances de las gestiones por la ley de cupo, cimentada en el tratamiento igualitario, en el derecho de la mujer a acceder al 30 por ciento de los cargos electivos y partidarios.

El Presidente del Comité Provincia, Raúl García Goyena Miriam Burgos, vicepresidenta del Comité Capital;los diputados Ana María Jorge, Silvia Alejandra Martínez, Martha Susana Pantoja y Pablo Baca; a concejal Carmen Peña, la presidenta del Comité Departamental Palpalá, María Amerise; ls funcionarios municipales Ada Galfré, Gustavo Muro, Sonia Bernis, Victoria Luna Murillo, María Ferrín, Txapi Baca y Estela Flores, entre otros, participaron de una conferencia de prensa en la que se ratificó acompañamiento irrestricto a las gestiones por el cupo.

“Este encuentro forma parte de una lucha que viene llevando adelante el Bloque de Diputados del Partido Radical, junto a otros estamentos, las mujeres del partido, como así también de otras extracciones, de la mujer en general que ve en este proyecto la justicia para alcanzar espacios que no le son cedidos”, definió Baca.

Comentó que “recientemente se conmemoró el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, que fue instituido en 1997, por una ley del Congreso de la Nación, fecha alusiva al derecho a sufragio, que fue una conquista de las mujeres que se comprometieron a principio de siglo, las del socialismo y el radicalismo, y que fue consagrado por ley a fines de la primera presidencia de Perón, que tuvo entre sus impulsoras más importantes a Eva Perón” y añadió que “se consagró ese día el derecho de la mujer a ser elegida, como hoy se conmemora también y para ello hace falta que se sancione la ley de cupo”.

“En Jujuy de 180 cargos aproximadamente, no llegan al 10 por ciento a ser ocupados por mujeres, incluso en algunos concejos deliberantes directamente no hay presencia de mujeres”, completó.

Insistió en resaltar que “hace falta que la Legislatura sancione esta ley, para ello necesitamos que el oficialismo, que viene resistiendo hace muchos años, deponga su actitud mezquina y acepte el reconocimiento de los derechos que le corresponden a las mujeres”.

La diputada Jorge, por su parte, dijo no enteder los motivos por los cuales “Jujuy va contra la mujer, contra los Derechos Humanos y la igualdad de oportunidades”. “Nuestra provincia es la única en el país que se sustrajo al mandato constitucional de garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres”, sostuvo.

Consideró que “es necesario potenciar la toma de decisiones en todos los niveles, que no exijan capacidades solo en la mujer, sino también en los hombres, que no sea un hecho cultural o machista”.

Burgos, a su turno, expresó que “la lucha por el cupo está instalada desde hace muchos años. Desde 1991 que accionamos a través de nuestros legisladores, a través de proyectos que fueron cajoneados”.

Aseguró, que “este año estamos decididas a lograr este derecho, es una deuda con las mujeres de la sociedad, que son mayoría en todos los ámbitos, que trabajan incansablemente con un compromiso social y político”.

“Por ello hoy desde la Unión Cívica Radical tomamos la bandera de lucha y creemos que de este año no debe pasar, la ley tiene que ser aprobada y por ello desde el partido acentuamos una serie de actividades para contar con el impulso que necesitamos”, finalizó.