El objetivo de esta nota es llamar la atención de la gobernadora María Eugenia Vidal para que tome conocimiento (si es que no lo tiene) de la clase de funcionarios y el tipo de representación que están ejerciendo en su nombre “puertas adentro” (es de público conocimiento que la versión “marketinera” del gobierno está dando sus frutos).

Entonces, ¿“vamos a ver cómo es el Reino del Revés”? En este caso, un sector del gobierno provincial que está ejerciendo una brutal e inédita violencia institucional sobre los agentes que prestan servicio en dependencias que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Para poner un poco en contexto esta situación, en el transcurso de los últimos 18 meses la cartera de Justicia tuvo 2 ministros (lo cual sugiere cierta “improvisación” a la hora de conformar el gabinete provincial): Carlos Mahiques (con un vuelo rasante, interesado más en su crecimiento profesional que en la gestión pública) y Gustavo Ferrari (sobreviviente de  la gestión de Daniel Scioli, cuestión que no parece poco importante en el entramado político de la provincia). Asimismo, en este período, el Servicio Penitenciario Bonaerense contó con la Jefatura del “resucitado” y vuelto a crucificar, Fernando Díaz.

Actualmente, el SPB está intervenido, y se encuentra bajo la supervisión de Juan José Baric, Subsecretario de Política Penitenciaria (sin antecedentes técnico-profesionales en esta materia).

Dicha intervención iba a extenderse sólo por unos meses, pero parece que requiere de mucho más tiempo… Claro, los funcionarios -importados de la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país- no conocen el territorio, ni la estructura administrativa bonaerense y mucho menos el universo penitenciario; con lo cual, necesitan más tiempo para “seguir diagnosticando” (ya que no están gestionando nuevas acciones ni implementando novedosas políticas públicas) ésta y otras dependencias bajo su órbita.

No todo es color de rozas

¿Pero en manos de quien está –verdaderamente- la intervención? ¿Quién es el funcionario a cargo de llevar a cabo la “refundación” del sistema penitenciario? Un tal señor (denominación que le queda muy grande) llamado Fernando Rozas que ostenta el puesto de “Auditor General del Servicio Penitenciario”, y podemos agregar también: dependencias aledañas. Rozas es “socio” de Gustavo Ferrari, y ambos son hombres del golpeador de periodistas, el violento y matón Francisco De Narváez.

Está claro porqué este monstruo está a cargo de la implementación de un “plan de exterminio y adoctrinamiento” basado en prácticas fascistas como la extorsión, amenaza y violencia institucional, ejercidas -en esta oportunidad- sobre los agentes penitenciarios.

Este plan es ejecutado a través de (en muchos casos) injustificados traslados de personal, cuantiosos sumarios administrativos -de los cuales se jacta el Ministro-, recargo infundado del servicio sobre el Escalafón General (esto es, incremento de horas semanales para el personal que presta servicio dentro o fuera de las unidades penitenciarias), que no se bonifica.

A través de un ejercicio abusivo de la autoridad, se obliga al personal a cumplir una mayor carga horaria “por el mismo precio”, lo cual implica una reducción del salario; sumado a la compleja problemática económica que atraviesa nuestro país -profundizada en las provincias- que sumerge a los agentes públicos en situaciones de “cuasi” pobreza (los salarios rondan entre 12.000 y 18.000 pesos mensuales, incluyendo escalafón profesional –abogados, licenciados, médicos, odontólogos, etc.-).

Seguramente, cuestiones que tendrán que replantearse, revisar y retractarse a través de vía administrativa-legal, porque no sólo omiten los derechos de los trabajadores, sino que desoyen los mismísimos derechos humanos, que constan en nuestra carta magna y otros documentos de relevancia, a los cuales adhirió nuestra Nación.

En este sentido, la gestión del ministro Ferrari, exhibe una profunda contradicción, ya que atenta contra la integridad (en todos sus sentidos) de los trabajadores, convirtiendo en víctimas del sistema al propio personal bajo su administración, en lugar de explorar y capitalizar sus virtudes, motivando a todos los agentes públicos para que contribuyan en la construcción de una sociedad más equitativa, justa, que asuma y cumpla -a su vez- con el rol social que les fuera encomendado en calidad de representantes del Estado.

Lamentablemente, María Eugenia Vidal delegó el poder en “personajes” que la representan de manera nefasta, violenta, misógina y corrupta, los cuales consideran que hay empleados de primera, segunda e incluso de tercera categoría.

Funcionarios que sólo saben hacer “politiquería” (decir barata sería redundante), en lugar de implementar políticas púbicas constructivas, pluralistas, que constituyan la base de una provincia moderna, desarrollada, pero por sobre todas las cosas: justa y equitativa (hacia adentro y hacia afuera de la estructura administrativa provincial).

Anti-ética al por mayor

Debemos señalar –además- que estos funcionarios no son el mejor ejemplo de transparencia ni ética pública (a pesar de que hayan inaugurado recientemente la OFI), ya que debieran revisar el desempeño de Ferrari durante la gestión de Scioli, y su contribución en el “vaciamiento de las arcas” a través de la Asesoría General de Gobierno.

De igual manera ocurre en la actual Dirección General Administrativa del SPB (intervenido por el mismísimo Ministro, a través de su socio/administrador Fernando Rozas), donde vuelan centenas de pagos de 50.000 pesos (por presentar un ejemplo), que vaya a saber a qué tipo de contrato de servicios corresponden.

Interventores, auditores, asesores y directores que no cumplen la ley (ni siquiera la de espacios públicos cerrados libres de humo de tabaco… ¡imagínense entonces lo demás!).

Funcionarios designados de manera arbitraria (a veces poco clara desde la cuestión técnico legal administrativa) sin trayectoria, sin competencia en el ámbito penitenciario, con dudosa reputación (algunos en sus épocas mozas fueron “ñoquis”) que gracias a contactos políticos (vía Mariotto, por ejemplo –aparece nuevamente la gestión Scioli-) ocupan actualmente cargos en la administración pública provincial; incluso algunos sin formación profesional (Licenciados en vaya a saber qué cosa…) ni política, que puedan acreditar.

Qué importante es el ejemplo. Sería bueno que los funcionarios designados por Mariu en el Servicio Penitenciario, representen “el cambio” y “sean el ejemplo”, no sólo de ética y transparencia, sino también de respeto, educación y buenos modales y no pululen por las oficinas amenazando al personal con “romperle el c…”  (Rozas sabe muy bien sobre esta ¿muletilla?) o “trasladar” (a Bahía Blanca a pelar pingüinos) a todo aquel que ose responder, fundamentar o esgrimir algún tipo de palabra que pueda contradecir la opinión u orden del Auditor General.

Así las cosas, Lilita no es la única que tiene un encono o presenta “diferencias” con el ministro Ferrari, y su séquito…