Entre el respaldo, la prudencia y el silencio, así fueron las reacciones del sindicalismo a la idea propuesta por Cristina Fernández de reformular el servicio de salud para ir hacia un sistema integrado entre los “tres subsistemas: público, obras sociales y privado o prepagas”.

Desde la mesa chica de la CGT, dijeron a El Destape que no tendrán una posición oficial hasta que “no conozcamos la letra de un proyecto concreto”. Señalaron que “para cada problema que tiene el sistema de obras sociales, el propio movimiento obrero tiene soluciones”.

Otro integrante del Consejo Consultivo advirtió que cualquier modificación deberá discutirse con los sindicatos y que, además, “debe ser presentado por el Poder Ejecutivo, por el presidente Alberto Fernández”.

A pesar de algunos reparos y pedidos de definiciones en privado, los dirigentes sindicales se mantuvieron en silencio, sin declaraciones públicas ni comunicados de rechazo. Es, en principio, una postura diferente a la que tuvieron en enero de este año cuando, tras una reunión de la cúpula de la central obrera, salieron a defender el nivel cobertura de las obras sociales y volvieron a exigir “más fondos para garantizar la salud de todos”.

Fue luego de que la vicepresidenta participara del cierre del VII Encuentro Nacional de la Salud organizado por el espacio Soberanía Sanitaria, cuando reiteró que la necesidad de “una reformulación del sistema de salud”.

En el gobierno de Axel Kicillof destacan que las diferencias no se dan “tanto con los sindicatos, sino con el sector privado”, que son los que se “terminan llevando una torta muy importante del sistema”. Así lo asegura Salvador Giorgi, jefe de Gabinete del ministerio de Salud bonaerense y fundador de Soberanía Sanitaria, la fundación que preside el viceministro Nicolás Kreplak, y principal usina de la idea que impulsa Cristina Fernández.

Las prepagas “han tenido muchísimo aumentos para sus afiliados y eso no llega en atención”, dice Giorgi a El Destape, y destaca también que “hay muchas obras sociales chicas que por una reforma de los 90 quedaron muy afectadas por la desregularización de esos años”.

Explica, además, que en territorio bonaerense ya funciona un sistema de gestión de camas en el que obligan a todos los efectores de salud, de los distintos subsistemas, a informar la ocupación de camas de terapia intensiva para definir a dónde derivar pacientes. “Es un sistema integrado, de coordinación, con el Estado como organizador. No es una estatización”, dice Giorgi.

El funcionario bonaerense marca que “es una discusión que siempre venimos dando, no es de ahora pero la pandemia vino a mostrar la falencia de este sistema y cómo el Estado pudo ayudar y colaborar con muchas clínicas privadas”.

El guiño de Moyano a Cristina

El camionero Hugo Moyano salió este miércoles a respaldar la idea de la vicepresidenta. Dijo que es "bienvenida" porque podría "mejorar la situación de la salud".

"Había escuchado del proyecto cuando estuve en La Plata, pero no lo conozco en profundidad. Si se hace es para mejorar la situación de la salud de la sociedad y especialmente la de los trabajadores y su familia", dijo Moyano en la radio Futurock.

El ex titular de la CGT preside, además, la Obra Social de la Federación Nacional de Camioneros y la de Choferes de Camiones (Oschoca). Consideró que la reforma podría generar "más recursos" para las obras sociales, que “están pasando situaciones complicadas" con la exigencia que provoca la pandemia. "Las organizaciones gremiales hicimos un aporte importantísimo en la pandemia. La salud de los trabajadores debe ser atendida como corresponde", remarcó Moyano.