Con un discurso que insistirá en la demanda de una mayor autonomía de poderes y una imprescindible celeridad en la designación de jueces, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, inaugurará hoy el año judicial 2010. Aunque sin tensar demasiado la cuerda con el Ejecutivo, sus palabras harán referencia a la judicialización de temas que, según ya expresaron otros supremos como Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni, deben ser resueltos en el ámbito político y no en el máximo tribunal.

La ceremonia de apertura comenzará a las 12 en el cuarto piso del Palacio de Talcahuano. Ante la presencia de funcionarios de los tres poderes, Lorenzetti presentará oficialmente la agenda prevista para este año, que incluirá fallos trascendentes como el reparto de la coparticipación, la ley de medios, la libertad sindical, el matrimonio gay y la legalización del derecho al aborto.

Según adelantaron fuentes judiciales, Lorenzetti no dará su opinión sobre la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsa la oposición, pero sí volverá a reclamar al organismo que se aceleren los nombramientos necesarios para cubrir los casi 200 tribunales vacantes de todo el país, incluidos los cuatro juzgados federales claves.

En el caso del presupuesto judicial, que depende de la aprobación de la Jefatura de Gabinete, el presidente de la Corte se encargará de recordar que las partidas con el aumento del 10 por ciento previsto para este año aún no han sido transferidas. Antes de ser giradas, deben contar con la aprobación de Aníbal Fernández.

Apenas terminó la feria, el alto tribunal resolvió rechazar la demanda que había interpuesto la provincia de San Luis contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que dispuso el uso de reservas del Banco Central para crear el Fondo del Bicentenario. Aunque no se expidieron sobre el fondo del asunto, los jueces se anticiparon a la decisión del Congreso y ratificaron así su intención de no judicializar la política.

Durante los próximos meses, los supremos deberán definir el destino de otra causa política pero de consecuencias económicas: el millonario planteo de seis provincias por la absorción de la administración central de impuestos que deberían ser coparticipados y por los atrasos en la ejecución del programa para financiar las deudas distritales.

La Corte también tiene en carpeta otra demanda de San Luis que reclamó la inconstitucionalidad de la ley de medios audiovisuales. Hasta ahora, los integrantes del cuerpo sólo recibieron el dictamen de la Procuración General, que consideró que la Corte es competente para tramitar ese reclamo. Se presume que este fallo también se hará esperar ya que es inminente que otros expedientes similares terminen en manos de los jueces.

De Narváez con reforma propia

Coinciden en la forma pero no en el fondo. El sector del PJ disidente que responde a Francisco De Narváez está dispuesto a defender cambios en el Consejo de la Magistratura pero con elementos diferentes de los que plantea el radicalismo a través del jurista y diputado Ricardo Gil Lavedra. Gustavo Ferrari, en nombre del grupo de De Narváez, propuso "cambiar la representación" en el Consejo, pero manteniendo el número de integrantes en 13 miembros, como en la actualidad, a diferencia de otros sectores de la oposición, que quieren volver al número de 20. "Aumentar no es necesariamente una garantía de equilibrio", argumenta el legislador del PJ disidente. El planteo de Ferrari es limitar la cantidad de miembros designados por el oficialismo, que la presidencia esté a cargo del titular de la Corte Suprema de Justicia "para fortalecer la división de poderes" y avanzar en una modificación en el procedimiento de remoción de un miembro, "para evitar la discrecionalidad".