José Pampuro fue la primera voz del kirchnerismo que disintió con la teoría del partido judicial. Opinó, con dosis de sentido común, que suele haber fallos favorables y en contra del Gobierno. Que puede haber mejores o peores jueces. Como hay mejores o peores legisladores. Nada más.

Desde ese momento el senador empezó a sufrir el calvario político que cada día le prepara Kirchner. Retuvo la vicepresidencia del Senado porque el kirchnerismo venía allí desbarrancando y no tenía reemplazo para él. La debilidad política objetiva del matrimonio lo puso a salvo. Bastó que Pampuro promoviera un diálogo con la oposición para hallarle una salida al DNU sobre el uso de las reservas del Banco Central para que el propio Kirchner desatara un abanico de presiones, desde intendentes del conurbano hasta ministros. Pampuro seguirá, al menos un año más, en su sillón jerárquico del Senado pero habría iniciado su adiós político definitivo de las filas kirchneristas.

El senador contemporizó más de una vez los enojos de algunos de los jueces con el Gobierno. Esa actitud podría hablar de su buena voluntad pero, también, de las enormes falencias del equipo que comandan los Kirchner. En este conflicto que escaló con la Corte Suprema hay cuestiones llamativas.

La ausencia, por empezar, del ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak. El funcionario ha quedado circunscripto por el ex presidente a la lucha política en La Plata contra el intendente Pablo Bruera. Alak no habla con los jueces de la Corte y tampoco se ocupa de la seguridad. Para eso está Aníbal Fernández.

El jefe de Gabinete pareciera haber ingresado en una suerte de eclipse verbal. Hace ya dos semanas que no desenrolla su ingenio público, en el cual mezcla picardía con recursos chabacanos. Mientras fue ministro de Justicia y en su cargo actual, Fernández tampoco ayudó a que se alisara la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Al contrario.

La orfandad política oficial boyó, como pocas veces, cuando para abordar el conflicto con la Corte Suprema afloró Carlos Tomada. El ministro de Trabajo solicitó prudencia a los jueces después que Carlos Fayt opinó que las últimas declaraciones de la Presidenta -sobre la existencia de jueces que "tarifarían" sus fallos- serían sólo "tonterías".

Sobre esa desarticulación notable que exhibe el Gobierno no sería extraño que en las semanas venideras, cuando comiencen las discusiones paritarias, Jorge Taiana, el canciller, pueda llegar a tener algún entrevero con Hugo Moyano, el jefe de la CGT.

La irrupción de Tomada resultó circunstancial porque la primera línea de la pelea volvió a ocuparla Cristina. Al pedido de "mesura" en las opiniones que seis de los siete miembros de la Corte formularon ayer en un comunicado, la Presidenta replicó con una ironía de cierto sesgo onomatopéyico. Sostuvo que la palabra "mesura" le sonaba similar a "censura".

La colisión de los Kirchner con la Corte Suprema reflejaría, en realidad, el disconformismo elocuente del matrimonio con el conjunto del Poder Judicial. Ese Poder ha caído, en la versión del matrimonio, al grado maligno de corporación. No fue una casualidad que el Gobierno, luego de resistirse por años, pretenda ahora acompañar a la oposición en algunos retoques al Consejo de la Magistratura.

El proyecto que impulsa el ultrakirchnerista Carlos Kunkel en Diputados es, en ese aspecto, transparente: apuntaría a condicionar la incidencia de las organizaciones judiciales en la designación de los abogados que integran aquel Consejo.

¿Cómo se gestó la colisión de los Kirchner con el Poder Judicial? La historia se incubó desde finales del año pasado por dos motivos: los primeros fallos (cinco en total hasta ahora) que han paralizado la puesta en marcha de la ley de medios. También el comportamiento de varios jueces (María José Sarmiento, Ernesto Marinelli, Claudia Rodríguez Vidal), y de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, cuando estalló el conflicto en el Banco Central por la ambición oficial de usar reservas para hacer frente a vencimientos externos. Los Kirchner creyeron detectar en esas co incidencias las supuestas sombras conspirativas de las corporaciones mediática y judicial.

¿Qué tendría que ver la Corte con esos contratiempos? La ley de medios es una cuestión todavía lejana para el máximo Tribunal. Pero ante la crisis del Banco Central los siete jueces enviaron el mismo mensaje: el conflicto debe resolverlo la política y no la Justicia. Todas las instancias judiciales, además, señalaron lo mismo: no habría objeciones para el uso de las reservas con una ley del Congreso. Como se hizo en el 2005 cuando Kirchner saldó de un saque la deuda con el FMI. Ocurre que el Congreso es ahora, a diferencia de aquel entonces, una geografía adversa y hostil para el oficialismo.

La prescindencia de la Corte fue interpretada por los Kirchner casi como un gesto de "traición". Sobre todo, por parte de aquellos jueces que llegaron empujados por la brisa de renovación que impuso Kirchner cuando inauguró su mandato en el 2003. Aquellos magistrados tienen nombre y apellido: Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Elena Highton y Carmen Argibay.

Esos jueces y otros tres (Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda) no tuvieron, que se recuerde, ningún fallo traumático en la era de los Kirchner. Quizás el más sensible haya sido aquel que, en tiempos económicos aún inciertos de Kirchner, ordenó la actualización de los haberes jubilatorios. Pero puntualizó que debían hacerse siempre y cuando no atentaran contra el equilibrio de las cuentas públicas.

Los jueces de la Corte se vieron forzados ayer a contestarle al Gobierno no sólo por las controvertidas declaraciones de Cristina. Los actos intimidatorios contra la Justicia fueron varios y sorprendentes: desde aquel patrullero que Aníbal Fernández instaló en la casa de la jueza Sarmiento, por haber frenado la destitución de Martín Redrado en el Banco Central, hasta una campaña de publicidad en TV contra magistrados que fallaron en un litigio comercial en contra de los intereses del Gobierno.

El fondo de la actual escalada se explicaría, entonces, por la renuencia de los Kirchner a aceptar la imposición de límites. Un juego natural de cualquier democracia módica, pero peligroso si se lo pretende burlar.