Bien es sabido que la ciudad ha sido víctima de un derrame de petróleo por la pinchadura del oleoducto que va desde Dock Sud a Ensenada en 1988. El hecho ocurrió a la altura de la calle España en su intersección entre Panizza y Lafayette generando graves consecuencias para los vecinos y el municipio.

En este sentido, la firma se comprometió a hacer una remediación que continúa a día del hoy, y que ha generado un pasivo ambiental muy grande.

Según pudo saber EL SOL, desde el Municipio señalan que esta cuestión ambiental y el daño que ha generado en la zona la empresa será tomada en cuenta a la hora de que el tribunal de tasación realice el análisis de la tasación de la empresa, quien pide una compensación de más de 10 millones de dólares, situación que el Estado argentino anunció que revisará minuciosamente antes de definir el valor de expropiación.

En este sentido, fue el propio Ministro de Planificación Julio De Vido quien advirtió que la empresa "tendrá que pagar" por los daños ocasionados al medio ambiente. "El medio ambiente no se rifa y tiene precio", dijo De Vido quien aseguró que "el costo de la empresa" habrá que "conversarlo" porque "los gobernadores también tienen muchos reclamos para hacer".

Asimismo, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, coincidió con el ministro y sobre el precio le respondió a los pedidos de Antonio Brufau diciendo que el valor de la compañía "lo fijará el Tribunal de Tasación. Pero antes de pagar se tendrá en cuenta el daño ambiental producido en las distintas áreas explotadas".

Las denuncias

Ante los planteos de los funcionarios nacionales, se tendrá muy en cuenta el caso de Quilmes, donde hubo centenares de denuncias debido a la gran cantidad de petróleo que se expandió por la zona durante más de una década.

Desde el municipio destacan que "esta gestión fue la que hizo una denuncia penal para que la justicia investigue si existe contaminación y que se tomen las medidas correspondientes. Desde el municipio se tomaron todas las medidas asistenciales, médicas y ambientales, trabajando en un abordaje completo", a la vez que se planteó que "desde ese momento hubo una discusión sobre la reparación económica para el municipio y los vecinos en caso de comprobarse un impacto ambiental".

Vale recordar que algunos lugareños llegaron a un acuerdo económico hace tiempo y abandonaron el lugar, cediendo las tierras a la petrolera.

La historia

En 1988 se había dado cuenta de la pérdida de hidrocarburos y YPF anunció la reparación del oleoducto, además los bomberos sacaron gran parte del combustible que se había derramado en más de una hectárea, removiendo tierra y prendiendo fuego el área afectada para consumir el petróleo.

No fue hasta principios del 2000 que los vecinos más cercanos al poliducto comenzaron a sentir fuertes emanaciones con olor a combustible que les provocaban problemas como náuseas dolores de cabeza y malestares gastrointestinales, mientras que el agua extraída de los pozos empezó a tomar un color oscuro, como si tuvieran componentes de hidrocarburo.

Repsol respondió que los olores correspondían a una vieja pérdida, pero que habiendo quedado algunos restos de combustible alojados en el subsuelo, salían a la superficie por el ascenso de las napas. Asimismo, presentaron como argumento una medición de presión del conducto, donde pretendían negar algún tipo de pérdida o fisura en el mismo, escondiendo que una simple porosidad en el caño del tamaño de un alfiler, resultaría imposible de ser registrada por un manómetro, teniendo en cuenta que por el caño circulan miles de litros de combustible a lo largo de casi 70 kilómetros.

Más de Repsol

Según recuerdan los vecinos, cuando Repsol realizó el "Programa de Remediación Progresiva", se realizaron perforaciones para extraer por alto vacío el combustible y el agua depositada en el suelo y subsuelo. Luego de días de venteo, los vecinos salieron al cruce por los olores nauseabundos que emanaba el sistema, el cual fue paralizado.

Asimismo, los lugareños denunciaron que los líquidos eran volcados en desagües y zanjones. Desde 2009 la zona se ha declarado en Emergencia Ambiental hasta tanto se repare el daño ambiental producido por el derrame de hidrocarburos. La ordenanza plantea la exigencia a la empresa -como responsable máxima de los derrames- la remediación, tareas de reparación de las posibles grietas o filtraciones en los ductos que pasan por la calle 78, que se reubique a las personas en riesgo, que se hagan cargo de los costos de estudios de impacto ambiental y la cobertura médica de los afectados.

Por otro lado, se pidió control para impedir el vuelco de líquidos y barros extraídos del suelo (así como otro desecho o sustancia) en la zona, y se dio pie para iniciar una demanda administrativa/judicial para la reparación de la zona.

Más casos en el país

Los reclamos no se ciñen solo a Quilmes, ya que además Repsol cuenta con varias demandas en Argentina. La firma de capitales españoles fue llevada a la justicia en varias ocasiones en nuestro país en los últimos años.

Quilmes es un caso testigo, pero también hay otros ejemplos como en 2009 la rotura de un oleoducto de Repsol provocó un derrame en San Luis, y el gobierno -en ese entonces encabezado por Alberto Rodríguez Saa- presentó una demanda penal contra la empresa por el derrame producido en la localidad de Juan Jorba, debido a la rotura de un ducto de la compañía en el tramo que va de Villa Mercedes a Montecristi (Córdoba).

Su primera demanda civil en la Argentina el 27 de marzo de 2002, de la mano de comunidades mapuches Kaxipayiñ y Paynemil de Loma de la Lata, donde explotaba el mayor yacimiento de gas y petróleo del país. La misma fue por 445 millones de dólares en resarcimiento de los daños causados por vertidos de hidrocarburos, donde a las comunidades se les encontraron altos niveles de altos de plomo, cadmio, arsénico y níquel en el cuerpo.

Otro derrame que involucra a la petrolera tuvo lugar en 2007 en Chubut, frente a las costas de Caleta de Córdova, en una demanda de 50 millones de dólares. Asimismo en Buenos Aires se realizaron denuncias particulares por contaminación al Río de la Plata en Ensenada (zona de canal Este y Oeste) y en Dock Sud, además de dos denuncias de gases tóxicos afectando a vecinos de Berisso, Ensenada y El Dique.

El estudio LAQUI

En 2004 el laboratorio LAQUI realizó un estudio a menos de un metro de profundidad donde se determinó la existencia de una "laguna subterránea" de 40 mil metros cuadrados de superficie y 70 centímetros de profundidad, algo así como 3 mil metros cúbicos de combustibles alojados en la zona, sin contar lo que logró drenar Repsol mediante las ventilaciones y tareas de remediación.

Es por eso que se planteó la posibilidad de nuevas filtraciones en el oleoducto que generaría un serio foco de contaminación y caldo de cultivo para enfermedades. En el estudio de LAQUI se planteaba que cerca del poliducto se encontraba una fuerte presencia de nafta degradada solo en un 20 por ciento con relación a combustibles nuevos, mientras que a 50 metros del lugar la degradación llegaba al 40 por ciento, dejando en claro que mientras más cerca del ducto el combustible toma mayor toxicidad y combustión poniendo en serias dudas la teoría de la empresa que no existen pinchaduras nuevas, ya que en 20 años los valores y presencia de combustible tendrían que haber bajado.