Una denuncia de la AFIP por evasión contra el tradicional complejo de boliches de Villa Gesell, Pueblo Límite, radicada el 9 de enero pasado, develó una inmensa red de empresas destinadas al lavado de dinero, cuya cara visible eran testaferros, entre los que habían heladeros, changarines y jubilados. La justicia descubrió que por detrás de la fachada del centro de entretenimiento más conocido de la costa atlántica, se había montado una estructura delictiva con 167 empresas fantasmas que llegaron a tener un giro de hasta 400 millones de pesos. En una investigación relámpago, en la que intervino la justicia federal de Dolores, el ente recaudador, la Unidad de Información Financiera, la Inspección General de Justicia, y las divisiones especializadas en delitos complejos de la Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires , se arribó a la conclusión de que la maniobra ocultó un desfalco para la administración pública que supera los 50 millones de pesos. 

Según la conclusión judicial, el objetivo de la compleja maniobra que involucró a una constelación de sociedades fue "evadir sistemáticamente el pago de impuestos" y ocultar la verdadera identidad de los dueños, por lo que también se imputó a los responsables el posible blanqueo de activos. En una medida inédita, también se ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de los involucrados y el decomiso preventivo de sus bienes registrados,  para intentar el recupero del dinero involucrado en el ilícito. 

Tras una serie de allanamientos en varias escribanías y domicilios particulares, ahora se investiga el giro comercial de cada una de las cuentas bancarias asociadas a las firmas, mientras que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dispuso medidas urgentes y prohibió la salida del país de los involucrados, a la espera de que sean citados a declaración indagatoria. 

De las 167 empresas detectadas, solo cinco se presentaron ante la justicia para conocer los motivos del bloqueo judicial a sus cuentas corrientes, y en varios casos, hasta sus representantes legales dijeron desconocer cuántos empleados estaban registrados bajo cada razón social. Solo por el último año también se investiga la evasión de aportes patronales por 400 mil pesos.

AL LíMITE. Hace más de dos años que Pueblo Límite estaba en la mira de la AFIP por irregularidades detectadas en los Operativo de Verano 2012/2013 y 2013/2014. La justicia, a partir de la denuncia de ese organismo, detectó que por detrás de las empresas Bon Figon SA, Listen Dance SA, Soluciones Integrales Centro SA, Queen Houses SA, Parosma SA y Rodamón SA –que habrían participado "fraudulentamente" en la explotación del complejo "Pueblo Límite"– estaban dos empresarios: Marcelo Fabián Pinta y Pablo Ricardo Martín. Ambos habrían actuado a través del contador Ricardo Toneatto, socio de Rodamón, para la creación de una red de empresas constituidas a través de ocho prestanombres sin capacidad económica ni financiera que aparecían como accionistas o directivos de más de 80 sociedades comerciales, que también fueron imputados por el fiscal Orlando Giménez. 

"El complejo entramado societario urdido por Pinta y Martin con la colaboración esencial de Toneatto (…) tuvo, en principio, como principal finalidad la evasión de tributos a gran escala", sostuvo el dictamen fiscal.

A su nombre tenían registradas las marcas comerciales que identifican a Pueblo Límite además de tener una situación económica diametralmente opuesta a los insolventes que figuraban como dueños de las empresas: vivían en Nordelta y en el country Abril; poseían varios vehículos 4x4 de alta gama y cuatriciclos; hacían pagos a colegios privado por 9 mil pesos; realizaban viajes a Uruguay, República Dominicana, Perú, España, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos y Panamá; y tenían gastos de tarjeta de crédito anuales de alrededor de 230.000 pesos. 

Según la información recolectada por las agencias estatales y por escuchas telefónicas, Martín, desde 2008, figura como acreedor hipotecario en 46 escrituras públicas por un total de casi 8 millones de pesos. Pinta tenía también un terreno en Cariló valuado en más de un millón de pesos. Su consumo en el exterior, solo en el último año, excedió el medio millón en moneda local. Al igual que su socio, era acreedor hipotecario por sumas millonarias. Todas las escrituras habían sido avaladas por el escribano Osvaldo Isaac Masri, también ligado a la operatoria, pero que no está imputado. Compras de inmuebles, donaciones de madre a hijo, e hipotecas, están certificadas por Masri, quien junto a otros tres escribanos participaron en otras 47 operaciones para constituir empresas "pantalla", el mismo día y con los mismos "socios".

"HOMBRES DE PAJA". La red fue armada a través de la participación de prestanombres o testaferros, cuyas identidades se repetían a su vez en múltiples empresas que compartían domicilios donde no se prestaba ninguna actividad comercial. Soluciones Integrales con un capital social de $ 100.000, estaba presidida por un hombre que cobraba $ 1700 en una farmacia y que solo poseía una moto. Sin tarjetas de crédito, ni cuentas bancarias, vivía en una vivienda humilde. No solo integra otras tres sociedades, sino que su domicilio fiscal ofrece otra peculiaridad: está compartido con otros 540 contribuyentes. Su hermano, es director suplente pero ante la AFIP no posee actividad ni tiene bien alguno inscripto. Pero el caso más curioso es el de Arnaldo Martín Rebori, cuya actividad como empresario emergió cinco años antes de su muerte en 2013, a la par de que cobraba su jubilación. Deudor irrecuperable en el sistema crediticio era el presidente de Bon Figon y Listen Dance y formaba parte de otras 79 sociedades comerciales, de las que, actuó como presidente del directorio en cuarenta y cuatro de ellas. Las dos primeras facturaron 400 millones de pesos.  «

el paso a paso de las irregularidades

Ventas millonarias en sociedades vacías. Heladeros que figuraban como titulares de sociedades. Y demás.

Pueblo Límite: El boliche clausurado por AFIP el 1 de febrero aparecía controlado de manera "fraudulenta" por las empresas Bon Figon SA, Listen Dance SA, Soluciones Integrales Centro SA, Queen Houses SA, Parosma SA y Rodamón SA, integradas por testaferros sin ocupación declarada.

Queen Houses: Declaró ventas por $ 10 millones entre enero y febrero de 2014 con más de 156 empleados. La conclusión de la justicia es que no tenía "solvencia patrimonial y/o financiera por cuanto no posee bienes registrables a su nombre, como así tampoco acreditaciones bancarias".

Bloqueos: De las 167 empresas detectadas cuyas cuentas fueron bloqueadas, hasta ahora se presentaron en la justicia de Dolores sólo representantes legales de cinco.

Allanamientos: Se secuestró documentación en cuatro escribanías. De allanamientos en ocho locaciones –dos en Ituzaingó y el resto en la Capital Federal, donde estaban inscriptos los domicilios fiscales– el resultado fue que nadie conocía a esas empresas.

Prestanombres: Ocho personas insolventes figuraban con cargos societarios y domicilios vinculados a las firmas que integraban la maniobra. Uno de ellos, heladero, compartía domicilio fiscal con 540 contribuyentes. Otro, jubilado, había creado 79 empresas pero solo tenía un beneficio de la Anses.

Medidas: Se prohibió la salida del país de los involucrados en la operatoria que calcula un monto de evasión de unos $ 50 millones. Están imputados por lavado y se analizan las cuentas bancarias para determinar si además existió blanqueo a través de sociedades "pantalla".

Las cifras

167 empresas  es la cantidad de firmas "pantalla" creadas con testaferros para distanciar a los verdaderos dueños Pablo Ricardo Martin y Marcelo Fabián Pinta.

50 millones es lo calculado por la AFIP sobre la presunta evasión, que también involucra posibles maniobras de lavado a través de acreencias hipotecarias.