Por Andres Miquel.

La provincia de Buenos Aires decidió da un salto de calidad en el combate contra aquellas obras clandestinas que, entre otras cosas, problematizan el drenaje del agua de lluvia y complejizan el escenario ante inundaciones, tal como quedó demostrado en 2025. Así las cosas, Gabriel Katopodis puso en un funcionamiento un nuevo procedimiento para detectar y desactivar canales o terraplenes no autorizados. Se incorpora el uso de tecnología y se fortalece el rol de los municipios a la hora fiscalizar y controlar.

Contra los canales clandestinos

La herramienta nació en un trabajo conjunto entre la Autoridad del Agua (ADA) y la Dirección Provincial de Hidráulica, ambas dependientes del Ministerio de Infraestructura que lidera el ex intendente de San Martín. El objetivo es subsanar un inconveniente que volvió aquedar en el centro de la escena ante las históricas inundaciones del oeste bonaerense.

A partir de la firma de la Resolución N°46/2026 de la cartera que conduce Katopodis, se derogan viejas normas y se puso en práctica un nuevo “procedimiento para el tratamiento, prevención y resolución de las obras hidráulicas no autorizadas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires” que, entre sus principales saltos cualitativos, tiene la incorporación de tecnología satelital.

“La Autoridad del Agua se encuentra trabajando de manera articulada con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, a través de un proyecto que permite acceder a imágenes de alta resolución de los satélites SPOT y PerúSat”, apuntaron desde el organismo descentralizado que cuenta con la presidencia de Damián Costamagna.

En la misma línea, indicaron, se suscribió un convenio entre la ADA con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) cuyo objetivo es “intercambiar información y definir acciones conjuntas, tendientes a implementar un mecanismo de fiscalización remota, a través de imágenes satelitales Landsat y Sentinel, que permita identificar aquellos inmuebles en los cuales se lleva adelante un uso ilegítimo del recurso hídrico”.

En paralelo, se fortalecerá el rol de los municipios. Tal como contó este diario meses atrás, un conjunto de intendentes mantuvo una reunión con Costamagna a los fines de profundizar las acciones que pongan un freno y barran con los canales y terraplenes clandestinos que se llevan el caudal de ríos y arroyos, o bien, vuelcan el excedente de agua en campos vecinos. Con el nuevo procedimiento, junto con la firma de un convenio, cada partido no solo estará en condiciones de denunciar una posible obra no autorizada, también podrá contar con la autorización judicial para eliminarla.

De esta manera, la Provincia avanza sobre un reclamo sistémico de intendencias y productores agropecuarios, a muchos de los cuales sus campos se inundan porque un vecino vuelca el agua con alguna obra clandestina. A diferencia de Nación, que prometió fondos y no cumplió, el gobierno provincial tomó cartas en el asunto modernizando las reglas de juego.

Más control y sanciones más duras

La nueva resolución firmada por Katopodis deroga las resoluciones ministeriales N° 229/2002 y N° 413/2003. De aquella época data el mecanismo para operar sobre denuncias por obras clandestinas. Ahora, con la modernización en la detección, fiscalización y análisis de los casos, también se actualizan las multas y en qué instancias pueden llegar. Las sanciones oscilan entre los 30 mil y los 120 mil litros de gasoil grado 3. A un valor promedio actual de 1.900 pesos el litro, las multas van de los 57 millones a los 288 millones de pesos.

En caso de que, tras una denuncia, la ADA constate la clandestinidad, llegará la multa por transgresión al artículo 94 de la Ley Provincial N°12.257 del Código de Agua. Un artículo corto y preciso: “Las obras que realice un propietario para beneficio de su predio requieren la aprobación previa de la Autoridad del Agua y estarán a su exclusivo cargo”.

En segundo término, la ADA evaluará si la obra en cuestión afecta o no el Sistema Hidráulico Provincial. Si se determina que sí lo hace, el propietario será intimado a la “desactivación”. Si no lo hace, llegará una nueva multa.

“Cumplido el plazo otorgado para la desactivación de la obra, sin que se lleve a cabo, se avanzará con el cobro de la multa de pleno derecho, sin necesidad de interpelación alguna. Asimismo, se procederá con la desactivación, la cual se llevará adelante a costa del propietario, estando facultados a realizarla la Dirección Provincial de Hidráulica y la Autoridad del Agua, en articulación con los Municipios”, establece el noveno artículo del nuevo procedimiento.

Precisamente, los distritos son los actores de comprobación de las obras en su jurisdicción. A los fines de profundizar esta acción y que puedan intervenir ante las denuncias, la ADA firmó convenios de cooperación con 26 municipios. A través de esta colaboración, se establecen medidas para la protección de los recursos hídricos frente a actividades que afecten el flujo natural de las aguas.

En el caso de detectarse obras no autorizadas, por medio de este acuerdo los municipios estarán facultados para realizar las notificaciones pertinentes y colaborar en la resolución de la situación con el apoyo técnico del Organismo. Mercedes, Navarro, Pila, Chascomús, General Paz, General Belgrano, Alberti, General Las Heras, Suipacha, Colón, Arrecifes, Rojas, Salto. Roque Pérez, Carlos Casares, 9 de julio, Bragado, Lincoln, Trenque Lauquen, Bolívar, 25 de Mayo, Las Flores, San Pedro, Chivilcoy, Benito Juárez, Lezama y Coronel Rosales, son los 26 firmantes hasta el momento.

Esto no quiere decir que son los únicos municipios donde se aplicará el procedimiento. La nueva norma es igual para los 135. Lo que cambia con los que sellaron su acuerdo con la ADA es la capacidad de acción sobre las obras no autorizadas. Hasta el momento, 18 son peronistas, 6 radicales, 1 del PRO, y dos vecinalistas. Los dos últimos son 25 de Mayo y Chivilcoy que coquetearon en más de una vez con La Libertad Avanza.

El antecedente 2025

El 2025 será recordado como un año bajo agua para el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Las históricas lluvias que triplicaron el promedio anual anegaron miles de hectáreas indiscriminadamente. Muchos productores quedaron imposibilitados de cosechar, los caminos rurales quedaron destrozados y los tambos tuvieron dificultades para sacar su producción.

En medio de este proceso, los intendentes plantaron bandera por los problemas que generan los caminos rurales. Incluso, Patricia Bullrich, de veloz paso por la zona y con pocos fondos asignados para la emergencia, planteó el inconveniente de los canales clandestinos. De todas maneras, más allá de algunas fotos a principios de noviembre, la Nación no tomó cartas en el asunto.

Es más, municipios como Pehuajó denunciaron “discriminación ideológica” al ser excluidos de la ayuda libertaria. De todas maneras, partidos como 9 de Julio, gobernados por el PRO, tampoco recibieron toda la ayuda prometida e, incluso, las máquinas que estaban trabajando desde Vialidad Nacional fueron retiradas a menos de un mes de llegar.