A pesar de la salida de un grupo de los senadores de las provincias, el bloque del Frente de Todos en el Senado continúa con su agenda de propuestas. Durante la sesión preparatoria de este jueves, la legisladora mendocina Anabel Fernández Sagasti, acompañada por el diputado José Luis Ramón y el secretario de Comercio Matías Tombolini, presentó el Proyecto de Ley de Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación.

“Estamos proponiendo un cambio de paradigma poniendo a los consumidores y consumidoras en el centro de la escena. Hay que revertir un sometimiento estructural en las relaciones de consumo y las situaciones que se dan y no están alcanzadas por una norma que ponga a la dignidad de la persona humana como prioritaria”, sostuvo Fernández Sagasti en la presentación del proyecto.

La propuesta tiene como objetivo estimular las acciones individuales y colectivas, así como los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de derechos, mientras que estipula regular diferentes formas y tipos de publicidad comercial engañosas y situaciones contractuales abusivas.

El proyecto impulsa el consumo sustentable y pone en debate la obsolescencia artificial programada, junto con la verdadera durabilidad de los productos. Por otro lado, propicia el acceso real e igualitario a los servicios públicos esenciales y promueve la participación de las y los consumidores, en la elaboración e implementación de políticas públicas.

Foto: Prensa Fernández Sagasti.

De acuerdo a datos de Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, los rubros que lideran la lista de reclamos son: servicios financieros y seguros (34,8%), telecomunicaciones (29,5%), electrodomésticos (12,8%), rodados y automotores (11,6%) y servicios de administración de pagos (11,3%). Luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, las tres provincias que reúnen mayor cantidad de reclamos son Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

En su intervención, Matías Tombolini resaltó que “la asimetría de la información nos lleva a una situación en el presente en la que es necesaria la intervención del Estado para hacer lo que hizo siempre el peronismo: emparejar la cancha. Y eso implica muchas veces tocar los intereses de los sectores concentrados. Entonces, cuando aparecen herramientas que le dan al sector público la capacidad de penalizar a quienes lastiman los derechos de los usuarios y los consumidores es algo que debemos celebrar”.