La Agencia Nacional de Discapacidad no dio explicaciones sobre el documento interno que publicó un portal y en el que se indica que se deben separar los expedientes de menores de edad y establece una revisión de unos 20 mil casos que estaban por tener su pensión. Desde la Agencia sostuvieron que no les consta la existencia de ese documento y no pudieron precisar si son cinco los médicos que tienen a su cargo revisar miles de expedientes. En un comunicado oficial, negaron que vaya a haber bajas de pensiones a menores de edad y sostuvieron que encontraron 72 mil casos de menores pensionados “que no tienen certificada su discapacidad”. Según voceros de la agencia, esto implica que les falta un documento y que los ayudarán a tramitarlo.

El sitio Nuestras Voces publicó un documento interno que comenzó a circular entre los trabajadores de la Agencia en el que se ordena separar los casos de menores de edad y confeccionar una lista. Según les señalaron a los periodistas de ese portal, la decisión se tomó porque como son niños “no tienen incapacidad laboral”.

 

El documento también decía que otros expedientes –se calcula que son 20 mil– debían volver a ser revisados por el equipo médico de la Agencia. Ordena enviar “a la oficina 32” (de la sede en Hipólito Yrigoyen 1447) para que los revisen un total de cinco médicos. También señala nuevos requisitos para personas con síndrome de Down, HIV o cáncer. Y se indica que los expedientes deberán ser revisados también por el “equipo Sintys”, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. Esto implica que van a ver si tienen bienes y los pueden excluir.

Voceros de la Agencia Nacional de Discapacidad negaron saber nada de lo que alega ese documento. “No nos consta de donde salió. No hay nuevos requisitos”, afirmaron. Sobre la revisión por parte de un plantel de médicos, no dieron explicaciones. Ni siquiera pudieron confirmar si hay cinco médicos o hay más.

La agencia, presidida por Javier Ureta Sáenz Peña, eligió responder a través de un comunicado titulado “Los menores con discapacidad son prioridad para la Agencia Nacional de Discapacidad”, en el que la entidad “niega categóricamente la baja de las pensiones por invalidez a los menores bajo el argumento de que ‘no tienen incapacidad laboral’ y que haya ‘nuevos requisitos para los pensionados con Síndrome de Down, HIV y cáncer’”.

En el comunicado, también sostuvieron que “se detectó que sobre el total de la población de menores pensionados, habría 72 mil de ellos que no tienen certificada su discapacidad y, por esta razón, la Agencia trabaja para que no se les prive de otros derechos de los que son sujetos”.

¿Qué quiere decir que no “tienen certificada su discapacidad”? En la Agencia contestaron que esas personas cobran actualmente una pensión. Y sostuvieron que no está en riesgo la continuidad de los pagos, sino que lo que se busca es que obtengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Aseguraron que se hará un trabajo territorial en conjunto con las provincias sobre poblaciones vulnerables en sectores rurales para que hagan el trámite y accedan a “otros derechos”, como la gratuidad en el transporte y determinadas prestaciones de salud. Enfatizaron que en ningún caso se dará de baja estas pensiones.

No obstante, los antecedentes del gobierno de Mauricio Macri en esta materia no son los mejores. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dio de baja 170 mil pensiones a personas con discapacidad. Luego del escándalo que provocó, anunció que iba a restituírselas, lo que en muchos casos nunca ocurrió. En respuesta, la abogada de la Red por los Derechos por las Personas con Discapacidad (REDI), Varina Suleiman, presentó un amparo y ganó en todas las instancias. El mismo Gobierno que había dicho que daba marcha atrás con la medida apeló en cada caso en el que se ordenaba restituir las pensiones. Finalmente, la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017, por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.