Después de la sorpresiva suspensión del aumento de cuotas a partir de febrero que había sido autorizado horas antes por el propio Gobierno, las entidades de medicina prepaga le llevaron a los funcionarios una serie de propuestas, entre las que se incluye la instrumentación de un mecanismo de actualización periódica y automática de los valores de los planes de salud. En caso de implementarse una medida así, los precios se incrementarían cada cierta cantidad de meses en el mismo porcentaje de variación que haya tenido algún índice, que podría ser el de inflación o alguno vinculado a los salarios. "Es mucho mejor tener un índice de actualización que no tener nada", sostuvo, al ser consultado por LA NACION Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS) y dueño de Swiss Medical.

El directivo afirmó que el sector no puede seguir "en el camino de tortura que significa lograr cada actualización" de las cuotas. Y agregó que, además de una propuesta de actualizaciones según un índice (que podría ser se frecuencia mensual, trimestral y hasta semestral), un documento presentado al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, incluye también algunas medidas de carácter impositivo y de otro tipo para aliviar los efectos de los aumentos de costos.

Las idas y vueltas del Gobierno con el reajuste de las cuotas tuvieron dos capítulos en los últimos meses. El primero se inició en octubre del año pasado, cuando, luego de haber mantenido conversaciones con referentes del sector privado, el ministro de Salud, Ginés González García, resolvió aprobar un aumento de cuotas de 15% para diciembre pasado y otro de 10% para febrero de este año. La resolución firmada por el funcionario con esa decisión llevó el número 1786, pero no llegó a publicarse en el Boletín Oficial y fue anulada por un artículo de otra, la 1787, que estableció un único y más moderado incremento: 10% para diciembre.

El segundo capítulo ocurrió el último día de 2020, cuando se publicó la resolución 2987, también firmada por el ministro, que otorgaba la autorización para una suba de 7% en febrero; en la misma tarde del 31 de diciembre hubo un suplemento del Boletín Oficial y su único contenido fue otra resolución que dejó sin efecto a la emitida tan solo horas antes, "por orden del Sr. Presidente", según uno de los considerandos. No se expresó ningún otro argumento, pese a que en la resolución de la mañana sí se había justificado la necesidad de permitir el aumento de los precios. En la actividad, no pocos vincularon ese cambio repentino de una medida oficial con las declaraciones que días antes había hecho la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, respecto de la necesidad de reformular todo el sistema.

 

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Desde entonces, los directivos tanto del sector financiador (prepagas) como de la actividad prestadora (clínicas y centros de atención y de diagnóstico) intentan tener una respuesta a sus reclamos. En rigor, en las empresas no consideran que la mejor salida sea una actualización de las cuotas según un índice como la inflación o los salarios (los sueldos son la variable a la cual está naturalmente atada la suba de la recaudación de las obras sociales, la otra pata financiadora del sector salud). Pero la plantean como una salida viable, al menos de manera temporal durante este año, ante el temor del congelamiento de las cuotas, dados los hechos y los dichos que surgieron desde el Gobierno.

Belocopitt explicó que no ve como una alternativa hoy viable que las cuotas sigan la evolución de un índice que tenga en cuenta directamente la evolución de los costos de los servicios de salud, "porque eso se desacoplaría de los ingresos de la gente". Según afirmó, esos costos suben más que el índice de precios general.

Después de la autorización y suspensión de la autorización ocurridas el 31 de diciembre, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo, en declaraciones radiales, que "el Gobierno no está en condiciones de favorecer aumentos en la medicina prepaga", y sostuvo que él no se había enterado del incremento de las cuotas que hubo en diciembre. En rigor, esa suba fue posible gracias a la autorización que otorgó en su momento el propio Gobierno y que se publicó en el Boletín Oficial.

"Nos dieron un 10% en diciembre por todo 2020, que no es lo mismo que si nos hubieran dado eso en enero de 2020", planteó Belocopitt. Las estimaciones presentadas por las entidades en sus pedidos de autorización para el aumento de cuotas indican que el año pasado los costos se incrementaron un 54%, contado ahí un remanente de subas no cubiertas con los reajustes de las cuotas de 2019, un año en el que, a la vez y según el presidente de la UAS, se arrastraba un desfase de 2018. Según un cuadro de datos elaborado por Hugo Magonza, presidente de la asociación Acami, desde 2012 hubo tres años en los que las subas acumuladas estuvieron en línea con la inflación, cuatro en los que estuvieron por debajo de la variación de los precios, y dos (2015 y 2017) en los que la superaron.

 

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Las cuotas de los planes de salud suben solo con previa autorización de los gobiernos, porque eso es lo que marca la ley de regulación de la actividad aprobada una década atrás. Según esa normativa, "la Autoridad de Aplicación autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos". En función de esa redacción, en las prepagas dicen que la ley no se está cumpliendo por parte del Gobierno, que no permite los incrementos aun cuando se presentaron datos de subas de costos.

Desde el sector de las clínicas, hospitales privados, centros de diagnóstico y otras entidades que dan servicios, nucleadas en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) se convocó a una asamblea nacional virtual para este jueves. Allí se analizarán "el estado de situación del sector y los pasos a seguir". Los prestadores reciben subas en sus ingresos en función de los aumentos de cuotas que les permiten aplicar a las prepagas. Pero, más allá de eso, también reclaman mejoras en los pagos que les hacen las obras sociales y el PAMI, además de medidas impositivas y de ayuda para el pago de salarios, ya que el Gobierno decidió discontinuar el ATP.

Por: Silvia Stang