Tras la frustrada votación del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, el gobernador Axel Kicillof espera que la historia no se repita en la Legislatura bonaerense. Hoy se conoció una primera postergación: el primer debate en sesión para discutir la ley de gastos y recursos para 2022 previsto para mañana pasó para la última semana de diciembre.

Kicillof envió a la Legislatura a sus ministros de Hacienda y Finanzas, Pablo López; de Justicia, Julio Alak; y de Producción, Augusto Costa. Ante diputados y senadores, López habló de no repetir la “una situación no deseada con el presupuesto del gobierno de la Nación”.

La oposición ya avisó que Kicillof fue el primero en gobernar sin un presupuesto votado por la Legislatura: “Yo recuerdo que el primer año de gobierno de esta gestión no tuvimos presupuesto por que el Poder Ejecutivo decidió no enviarlo” recordó el senador Marcelo Daletto.

El Presupuesto, tal como está redactado, requiere mayoría simple más dos tercios de los votos para la aprobación de los artículos donde se autoriza al Poder Ejecutivo a tomar nueva deuda (por 94.000 millones de pesos). El oficialismo podría quitar los artículos del endeudamiento y redactarlos como leyes autónomas si quisiera agilizar la votación del presupuesto.

Pero hay otro condicionante: los jefes comunales de todos los partidos políticos presionan para que se reforme la ley que impide a los intendentes gobernar más de dos mandatos consecutivos. Se trata de una modificación a Ley Orgánica de los Municipios que se votó en 2016 y que fijó como el primero de esos dos mandatos al iniciado en 2015.

Casi 20 intendentes -de los 90 que no tienen reelección en 2023) encontraron una ventana para eludir esa prohibición en un decreto reglamentario de María Eugenia Vidal: tomaron licencias de sus cargos antes del 10 de diciembre, cuando cumplían dos años en la función, y asumieron puestos en el gobierno nacional y el provincial.

La intención de los intendentes es derogar la prohibición o, al menos, que el mandato iniciado en 2015 no sea considerado como el primero de los dos posibles, sino recién a partir de 2019.

El presupuesto incluye además la negociación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que reciben los intendentes. Este año solo está previsto un fondo de 7500 millones de pesos, de seguridad. Los alcaldes harán sentir su peso para incluir un FIM antes de empezar a negociar la votación en el reciento. Desde Juntos sostienen que debería alcanzar los 95.000 millones de pesos.