Nadie puede calcular los límites de la paciencia. Hay planes, subsidios y punteros, y todo parece en paz hasta que estalla. El 3 de abril quedará inscripto, al menos, en la memoria pequeña de este gobierno: no hay vuelta atrás.

El hombre tiene una venda en los ojos que se corre frente a la verdad, decía Sartre. Y una vez que se corre, la venda nunca vuelve al mismo lugar. La política es tan ajena a lo que sucede que esta semana vivió con miedo. Tan ajenos son que aquella mañana del lunes 3 nadie le dijo a Berni: “Jefe no vaya, a esta gente hace años que la venimos cagando”. O, aunque sea: “Jefe no vaya en el helicóptero, puede enojar todavía más a los que protestan”.

Berni bajó de su nave marciana dispuesto a dejarse amar por su público. ¿Qué podía salir mal?

Para ubicarnos en la escena:

-En La Matanza el 54% de los hogares no tienen cloacas.

-El 40% de los hogares no tienen gas de red.

-El 35% de las calles son de tierra (dato poco confiable porque en el catastro figuran como pavimentadas calles que no lo están).

- Hay más de 140 villas de emergencia y ninguna información oficial sobre la cantidad de habitantes.

-En los barrios más humildes la policía no existe. En Virrey del Pino los vecinos se organizan para hacer guardias.

-En los barrios más acomodados existe el riesgo de las entraderas y en los más humildes el robo de celulares o zapatillas en la parada del colectivo.

-El municipio, sin embargo, es rico: tiene un superávit mensual que le permite incrementar un plazo fijo y una serie de inversiones en bonos que, al 31 de diciembre de 2022 ascendía a $ 31.400 millones. Sin embargo, el presupuesto está subejecutado en áreas de necesidades extremas como protección ciudadana (seguridad), espacio público (basurales) educación y adultos mayores.

-Los vecinos del primer cordón de La Matanza buscan servicios de salud y educación en CABA y escuela y hospital en Morón, Merlo y hasta en Cañuelas.

No es un lugar en el que conviene aterrizar la nave.

“Un asesinato puede terminar en una pueblada”, le dice a Clarín un intendente peronista del conurbano.

La zona más caliente es el segundo cordón del GBA es la abarca La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, Moreno, José C. Paz y San Martín. Aún en los considerados distritos “de clase media” aumentó en los últimos años el narcomenudeo: chicos jóvenes en las esquinas vendiendo droga como salida laboral.

“La campaña va a ser imposible -sigue el intendente-. Hay mucha bronca contra la política y nos va a ir mal. Vamos a perder la Nación y la provincia. Con lo de Berni, Axel empezó a perder la elección. Y Cristina está replegada, enojada y mayor. Es un combo letal”.

Para un funcionario del área social de uno de los partidos del segundo cordón “la sensación es de anarquía. Todo puede pasar y no pasar”.

“El peronismo -observa- arrastrado por el kirchnerismo, perdió conexión con la realidad.Tanto jodimos con las minorías que nos olvidamos de las mayorías”.

Mientras la gente cantaba “que se vayan todos”, en Virrey del Pino, el Gobierno se echó aún más tierra encima: su teoría del “complot” alrededor del asesinato del colectivero sumó mentiras evidentes y concluyó con el allanamiento tipo SWAT ante trabajadores que rogaban “Bajen las armas, soy chofer de colectivo”.

Mientras todo esto sucede en Narnia, en la provincia de Buenos Aires el “negocio” de los colectivos presenta los siguientes números:

-El ingreso de un colectivo en el GBA es de $ 2,6 millones por mes. El 90% está cubierto por subsidios del Estado.

-Así son los gastos: $ 1,5 millones en sueldos, $ 800.000 en gas oil, $ 350.000 en repuestos y $ 100.000 en seguros. La cuenta da $ 2,75 millones en gastos y $ 2,6 millones en ingresos: una pérdida de $ 150.000 por unidad.

Los colectivos que cruzan la ruta 3 en González Catán, La Matanza. Foto: Rafael Mario Quinteros.

Como nadie esta dispuesto a perder, las empresas pasan a negro parte de la operación: no cambian ni reparan las unidades, no hacen los aportes patronales o gastan los fondos extra en otros destinos.

“La responsabilidad de que no haya cámaras es mía -dijo en Radio 10 el ministro de Transporte de Kiciloff, Jorge D’Onofrio-. Mi herramienta es no pagar el subsidio a aquella unidad que no tenga la cámara instalada, pero si hiciera eso en lugar de 9.000 unidades circularían 2.000”.

La ley que establece la obligatoriedad de las cámaras es de 2017. En 2018,asesinaron a un colectivero de la 620. Durante la gestión Vidal-Ritondo no se llegó a completar el 20% de los colectivos. En 2021 se reflotaron las cámaras con un desembolso de $ 2.500 millones para instalar los sistemas de seguridad en 180 días. Todas las empresas cobraron, muy pocas las instalaron.

Kiciloff no controló a las empresas y no se sabe que pasó con esos fondos. La línea 620,por ejemplo, no tiene ninguna de sus unidades equipadas, aunque tiene tres colectiveros muertos en los últimos años. Todos los colectivos de la Provincia, sin embargo, aprobaron la verificación técnica vehicular.

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