El manual de todo buen peronista enseña que la lealtad llega hasta la puerta del cementerio. No más allá. Ante un derrotero electoral que no se augura bueno, el oficialismo en el Congreso comenzó a ensayar acciones que se desmarcan de la férrea política fiscal que impone el acuerdo con el FMI y que el ministro de Economía, Martín Guzmán, pretende cumplir a rajatabla.

“Nosotros no vamos a votar nada en contra del Gobierno. Pero lo cierto es que, durante el primer trimestre de este año, se sobrecumplieron las metas de déficit fiscal con el FMI gracias a la recaudación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese excedente? Si podemos utilizarlo en medidas que mejoren la calidad de vida de la gente y eso nos sirve a nosotros, lo haremos”, sintetizó un legislador que se mantiene ajeno a las luchas intestinas del Frente de Todos. Peronistas al fin, el mandato que impulsa a los legisladores es asegurar su territorio y su propia supervivencia.

Si ello implica abrazar algunos de los postulados de Cristina Kirchner –quien, para muchos, no es santa de su devoción–, los oficialistas no dudarán en hacerlo.

Esto no significa romper filas con el gobierno de Alberto Fernández, al que defenderán con uñas y dientes frente al acecho electoral de Juntos por el Cambio. Pero la figura misma de Fernández y su nebuloso proyecto de reelección no les garantizan liderazgo ni votos, dos atributos fundamentales que el peronista vernáculo exige a la hora de ofrendar su lealtad.

El interbloque del Frente de Todos del Senado presentó un proyecto de ley que establece un plan de pagos de deudas previsionales para que unas 500 mil personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse este año.LA NACION

El kirchnerismo busca presentarse como la contracara de este vacío, con un proyecto de poder diferenciado del que representan el presidente Fernández y su ministro Guzmán, por considerar que este llevará al Frente de Todos a la ruina electoral.

Interpela a aquellos legisladores y dirigentes oficialistas que, por ahora, se mantienen neutrales en la pelea y busca seducirlos con iniciativas que abonan el espíritu peronista.

Es en este marco que presentó, en la última semana, dos iniciativas sobre salarios y jubilaciones, ninguna de ellas acordada previamente con la Casa Rosada.

Una de esas iniciativas la presentó Máximo Kirchner, quien propone que el Gobierno pague en agosto la totalidad de los aumentos pautados para todo el año del salario mínimo vital y móvil, que se utiliza como base para calcular montos de planes y seguros de desempleo, entre otras asignaciones. Un proyecto al mejor estilo peronista que, si bien es solo de resolución –y por lo tanto no sería vinculante si fuese aprobado–, busca llevar agua al molino kirchnerista.

“A Néstor y Cristina nunca les tembló la pera a la hora de defender a los trabajadores y trabajadoras”, enfatizó el primogénito de la vicepresidenta en un discurso que pareció dirigido no tanto al electorado kirchnerista, sino al peronista.

Similar propósito tiene el proyecto que presentó el bloque de senadores kirchneristas sobre jubilaciones. La iniciativa propone que aquellas personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, puedan cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes. Los autores enfatizaron que su impacto fiscal sería nulo, pero aun así no lo consultaron con el Presidente ni con su ministro de Economía.

“Este proyecto tiene visión de inclusión. Acá no hay intención de arruinarle la vida a nadie. Lo que la Argentina necesita son gestos solidarios. El Estado no se puede hacer el distraído”, enfatizó el senador José Mayans.

Adhesiones

Los cantos de sirena del kirchnerismo comenzaron a tener efecto en el redil peronista. “Los proyectos –el de salarios y el de jubilaciones– son muy razonables”, enfatizó el diputado Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Industria y especialista en temas previsionales.

Casaretto es un hombre que responde al gobernador entrerriano, Gustavo Bordet. “El proyecto de Máximo Kirchner sobre salarios está muy bien. Va en línea con lo que plantea el Presidente: que el poder adquisitivo de los sueldos le gane a la inflación”, sostuvo una diputada que responde al círculo “albertista”, en procura de relativizar el impacto que tiene esta iniciativa en la disputa interna.

En el mismo sentido se expresó uno de los alfiles de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y tercero en discordia en la pelea entre el Presidente y la vicepresidenta. “Vamos a bancar. Igual, es un proyecto de resolución, no es de ley”, se atajan.

En cambio, la iniciativa presentada por los senadores kirchneristas, si bien no es una moratoria en el estricto sentido de la palabra, sí tendrá un impacto en las arcas del Estado, aunque el kirchnerismo sostenga que sería “casi nulo”.

“El proyecto de ley del kirchnerismo es confuso. Permite que la persona en edad de jubilarse pero que no cumplió con los 30 años de aportes pueda hacerlo con un plan de pagos, pero el sistema previsional se tiene que hacer cargo automáticamente del pago del total de su jubilación. No es claro que el impacto fiscal sea nulo”, advirtió el diputado radical Alejandro Cacace.

Para el oficialismo, las críticas opositoras no hacen otra cosa que aglutinarlo aún más. El proyecto, aunque el ministro Guzmán esgrima algún reparo, no abrirá grietas en las bancadas del Frente de Todos. Peronistas al fin, los guía el más puro pragmatismo.

Por Laura Serra