"El Pelado" Rodríguez, oriundo de Hilario Lagos, es ingeniero agrónomo. Fue ministro de Cultura y Educación de La Pampa y posteriormente diputado nacional. De allí, saltó al Ministerio de Educación de la Nación y finalmente a la Jefatura de Gabinete, en ambos gobiernos menemistas.

El exministro -quien fue mencionado por la prensa porteña como integrante de la llamada Banda de los Pampeanos- actualmente reside parte del año en Uruguay. Entre otras actividades, ofrece conferencias.

El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones, al que accedió esta semana Diario Textual, es del 5 de diciembre de este año.

La investigación se profundizó luego del juicio a María Julia Alsogaray: justificó su enriquecimiento con esos sobresueldos.

Rodríguez no es el único en la mira. También están, entre otros, Adelina Dalesio de Viola y Juan Schiaretti. El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que se ha dado acreditado no sólo que los acusados "participaron en la sustracción de caudales públicos investigada sino que, además, por tratarse de funcionarios de las más altas jerarquías del gobierno nacional, lo hicieron teniendo un acabado conocimiento de la colaboración que prestaron" al ilícito.

Rodríguez admitió cobrar, como ministro de Educación, 1.840 pesos de salario. Pero, a la vez, 6.000 de gastos reservados por mes.

La mayoría de los acusados dijeron que consideraban lícitas las sumas percibidas de los fondos reservados, en el entendimiento de que la ley 18.302 "S" generaba un marco adecuado para recibirlos.

Inicialmente, el fiscal de grado Paulo Starc pidió la indagatoria a Jorge Alberto Rodríguez por el cobro de los sobresueldos como ministro. Pero luego, el juez de grado lo procesó además por hechos posteriores a su paso como ministro: lo acusó por casos cuando se desempeñaba como jefe de Gabinete. Es decir, fue indagado por hechos cometidos como ministro y lo procesaron posteriormente también por hechos cuando se desempeñaba en otro cargo. Fue un error que afectó la defensa del pampeano.

"Es obligación del juez -dijeron ahora los camaristas- de informar detalladamente al encausado el hecho cuya comisión se le atribuye. Ese conocimiento acabado es un requisito necesario para ejercer una adecuada defensa en juicio y el auto de mérito, en este caso, ha abarcado más aspectos que los descriptos, lo cual determina una afectación al derecho de defensa en juicio a través del quiebre de la congruencia".

"Resulta evidente que el auto cuya nulidad se postula se ha extralimitado en la enunciación y valoración de los hechos endilgados al procesado, en tanto hace referencia a un período de tiempo más extenso que el impuesto por lo que habremos de decretar su nulidad. En consecuencia, el magistrado de grado deberá, en tanto cuente con el impulso pertinente, formular una nueva intimación que abarque adecuadamente los aspectos omitidos en la anterior", expresaron. De esa manera, eventualmente puede ser otra vez procesado e ir a juicio.

Los procesados

Paralelamente a la resolución sobre Rodríguez, los camaristas procesaron a varios exfuncionarios que en primera instancia habían sido sobreseídos.

Están acusados altos funcionarios del menemismo: José Armando Caro Figueroa, Juan Schiaretti y Adelina Dalesio de Viola. También, Carlos Eduardo Sánchez, Félix Manuel Cirio, Jesús Antonio Leguiza, Liliana Isabel Gurdulich, Alejandro Emilio Mayoral, Oscar Cayetano Chialvo, Alfredo Alberto Aldaco, Guillermo Harteneck, Joaquín Alberto Cotan, Alberto Noé Carballo, Horacio Héctor Dalmau, Ricardo Lagorio, Jorge Pereyra de Olazábal, Santiago Manuel Lozano, Elías Jassan, Alejandro Bramer Markovic, Raúl Eduardo García, Carlos Manuel Bastos, Ricardo Cossio, Augusto Rodríguez Larreta y Félix Borgonovo.

Cómo fue la maniobra

La investigación, según los camaristas, "ha permitido revelar la existencia de un sistema ilegítimo de pagos a funcionarios del Poder Ejecutivo" Nacional de una determinada jerarquía. "(Fue) instrumentado desde la más alta esfera de dicho Poder, que tuvo lugar durante los dos períodos en los que Carlos Menem ejerció la Presidencia de la Nación, quien junto al entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, tenía a su cargo la administración de los caudales públicos involucrados en tales pagos ilegítimos".

El sistema estuvo ideado, desde sus inicios, como una forma de sustraer dinero público en beneficio de algunos funcionarios que se desempeñaban en el Poder Ejecutivo Nacional y que habían alcanzado una determinada jerarquía.

"La puesta en práctica del plan de acción demandaba la participación de distintos sujetos que, de acuerdo al cargo que ocupaban, debían desempeñar un rol determinado. Esto no aconteció de forma inmediata, sino que se desarrolló en diferentes etapas: comenzó con la conformación de un fondo común y culminó con el ilegítimo pago a funcionarios. Por ello, consideramos que la maniobra de sustracción quedó consumada en el momento en que los fondos llegaron a su destino final, es decir, a manos de los funcionarios que resultaron beneficiados, siendo éste el momento en que el Estado perdió completamente el control sobre ellos. Así las cosas, se puede afirmar con el alcance del presente resolutorio que los imputados participaron en la maniobra investigada percibiendo el dinero público, quitándolo, de modo definitivo, de la esfera de custodia del Estado. Ese último eslabón de la cadena perfeccionó el fin primordial de la maniobra", expresaron.