Pero en diciembre, los integrantes de la familia Ciccone cambiaron esa lógica. Abandonaron el silencio. Se presentaron ante el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que es el interventor en la Compañía de Valores Sudamericana –ex Ciccone- para exigirle explicaciones en tanto dueños de un 30% de las acciones de la firma expropiada.

La presentación fue revelada ayer por el diario La Nación y fue firmada por Nicolás Ciccone, uno de los fundadores de la empresa, y Silvia Ciccone, hija de Héctor -fallecido- y poseedores del 30% de las acciones que no tiene la firma The Old Fund, vinculada al entorno de negocios del vicepresidente. Alejandro Vandenbroele, señalado por su ex mujer como testaferro de Boudou, dirigía The Old Fund, pero dijo ante la Justicia que había actuado en nombre de Guillermo Reinwick, yerno de los Ciccone que había intentado “salvar la empresa”. Como artífice del salvataje económico hicieron aparecer al banquero ex menemista devenido kirchnerista Raúl Moneta.

Los Ciccone no reconocen “la validez de las normas que decidieron la intervención” y le advierten a Lorenzino que se reservan la posibilidad de entablar juicios para defender la propiedad de la empresa contra los “usurpadores”.

La presentación fue hecha en un momento clave para la investigación judicial en la que Boudou está imputado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Se presentó casi al mismo tiempo que el 20 de diciembre pasado trascendía que la Cámara Federal había validado todas las pruebas en contra del vice en la causa penal conocida como Caso Ciccone.

Esa misma tarde los Ciccone entregaron una nota a Ministerio de Economía donde dejaron sentada su posición y le pidieron a Lorenzino una especie de rendición de cuentas de su gestión como interventor de la compañía.

Entre otras cosas, le pidieron a Lorenzino que cite a una asamblea de accionista.

Los dueños del 30% de las acciones quieren saber si durante la intervención se tomó personal o despidieron empleados. Si se realizó un balance de inicio que refleje la situación económica y financiera y un inventario de los activos de la sociedad al momento de la intervención. Si hubo facturación y cuál fue la “ganancia operativa” de la firma. Si se compraron o vendieron bienes de capital necesarios para el funcionamiento de la empresa.

Y en una inequívoca alusión al contrato que se había firmado con la Casa de Moneda para imprimir billetes de $ 100, los Ciccone quieren saber si “existían contratos vigentes” y quieren conocer “su estado de cumplimiento”.