El pacto fiscal celebrado con los gobernadores y la reforma tributaria ingresada al Congreso la semana pasada podría tener un efecto en los números fiscales más pesimistas que los estimados por el Gobierno. Los cálculos que distintas consultoras elaboraron por estos días llevan a que el déficit podría incrementarse 8,5% en 2018 respecto al año en curso, con un aumento del rojo a $ 59.661 millones, asegura Economía y Regiones (EyR).

Según calculó, esta situación se daría porque la Nación (a través de la ANSeS) pondría este monto "pero no se compromete por escrito en ningún lugar a recortar gasto por $ 59.661 millones de manera que el impacto fiscal de todo el paquete sea nulo". Y detalló que el año próximo el Estado pierde aproximadamente $ 40.480 millones por el acuerdo Nación-provincias y

 

 

$ 19.181 millones por la reforma tributaria. A la vez, "también en 2018 las 23 provincias quedan prácticamente empatadas, ya que el acuerdo no les brinda recursos adicionales y la reforma sólo les otorga $ 1924 millones de recursos", asegura.

 

 

Al presentar la reforma, desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que el costo fiscal sería de 0,3% del PBI por año, y que acumularía un 1,5% hacia 2022. Además, mostraron optimismo cuando dijeron que este rojo se vería reducido por el crecimiento de la economía y también una menor evasión impositiva, que se traducirían en un efecto prácticamente neutro.

 

 

Tampoco desde el Ieral, el instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea, apuestan a que el impacto sea casi nulo: sostienen que el costo fiscal de la reforma resulta creciente en el tiempo debido al efecto de la toma progresiva del Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias, que no llegaría a ser compensado por la ampliación en la base imponible del IVA.

 

 

Por otro lado, la resignación de recursos que implica el establecimiento del mínimo no imponible para contribuciones patronales alcanzaría un 0,4% del PBI por año, cuando se considera a los asalariados formales del sector privado que poseen una remuneración bruta inferior a ese monto, calculan.

 

 

De esta manera, el impacto final sería de 0,4% del PBI en 2018, de 0,5% en 2019 y 0,6% en 2020, mayor al 0,3% por año previsto por el Gobierno.

 

 

Un punto no menor del cálculo del Ieral es que, al igual que el Gobierno, prevé un crecimiento de la economía y una inflación, aunque descendente, en menor ritmo que la prevista oficialmente. La expansión del PBI estimado por este instituto es de 3,5% por año, y la variación de los precios sería de 16% en 2018, 10% en 2019 y 6% en 2020.

 

 

Martín Vauthier, del la consultora EcoGo (ex Estudio Bein), asegura que (es) entre el acuerdo con los gobernadores y la reforma tributaria se producen efectos cruzados de todo tipo. Que el proyecto impositivo tiene un gran gradualismo y que la letra chica del acuerdo con los mandatarios provinciales terminará haciendo pesar la balanza para uno u otro lado, pero que aún no se la conoce.

 

 

"Cuando se mira el documento, está muy lejos de ser una letra chica consensuada", definió. Por esta razón, sostuvo que es muy difícil aún evaluar el efecto final de la reforma y de lo firmado por los gobernadores, pero que, a priori, el proyecto tributario tendría un efecto neutro el primer año y, para 2022, alcanzaría a dos puntos del PBI. "Hay impactos cruzados que de alguna forma están siendo compensados por Nación", explicó.

 

 

A diferencia de sus colegas, la consultora ACM sostiene que el impacto sería a favor del Gobierno. En ese sentido, identifica que, con todos los cambios que planea llevar a cabo el Ejecutivo, se podría reducir el gasto previsional en aproximadamente $ 85.000 millones. "Este monto compensaría los costos de los acuerdos sobre el Fondo del Conurbano y el Impuesto al Cheque, lo que implica que la Nación mejora su balance fiscal si consideramos todas las medidas en conjunto", aseguran.

 

 

Y avanza con un escenario en el que, en caso de que la inflación sea mayor a lo esperado en el Presupuesto, se traduciría aún en mayores ingresos fiscales, lo que ayudaría a alcanzar la meta de déficit primario de 3,2% del PBI en 2018.

 

 

Sin duda alguna, la gran ganadora es la provincia de Buenos Aires, identificó Vauthier. El año próximo recibirá recursos adicionales por $ 40.959 millones, estimó Economía y Regiones.

 

 

Un incremento del déficit implicaría desincentivos a la inversión, el empleo, los salarios y el crecimiento: más deuda, impuestos e impuesto inflacionario. "En el actual contexto en el cual la presión tributaria de la Argentina excede por aproximadamente 10 puntos porcentuales a la presión tributaria de la región, una reforma tributaria es buena si y sólo si baja impuestos en forma agresiva para estimular la inversión, el empleo y el crecimiento", concluyó EyR.