Quizá no sean el Gobierno, el Congreso, las universidades o el fuertemente cuestionado Fondo Monetario Internacional (FMI). Quizá sea la Justicia, o parte de ella, la encargada de revertir el desmantelamiento técnico del cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Tras una seguidilla de decisiones judiciales a favor de los trabajadores desplazados, ayer se conoció una que, en un contexto signado por la visita al país de una misión del Fondo luego de cuatro años, puede impactar con fuerza en el mundo de la política.

La sala III del Juzgado Nacional del Trabajo a cargo de Osvaldo Rappa falló a favor de la ex coordinadora del IPC Nacional, Marcela Almeida, y ordenó al Indec reincorporarla en su cargo.

La decisión judicial puede interpretarse como un duro golpe simbólico al Gobierno, ya que la llegada del FMI tuvo por objetivo oficial la reelaboración de un índice de precios a nivel nacional.

En rigor, ese dato vio la luz bajo la coordinación de Almeida en 2005 y fue dado de baja en 2008 por presión oficial: los economistas del sector privado lo utilizaban de espejo para medir la inflación real tras la manipulación que el Gobierno aplicó en el IPC-GBA desde enero de 2007.

Almeida, quien trabajaba en el Indec desde 2003 con un contrato de cooperación de la oficina de estadísticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá además cobrar $ 40.000 por el daño moral que sufrió desde su desplazamiento.

"Tras el conflicto iniciado en febrero de 2007, la dejan sin tareas, le quitan las herramientas de trabajo, la oficina y la coordinación del IPC nacional", relató a La Nacion Mariana Amartino, abogada de ATE Indec.

"Fue una agresión importante. Sería maravilloso volver", se esperanzó Marcela Almeida. "Es una alegría enorme, pero es colectiva, porque llega como producto de sostener una lucha por largo tiempo", relató la matemática y delegada gremial de ATE a este diario.

Consultados por el fallo judicial, voceros del Indec dieron una curiosa comunicación. "Lo que el Indec tenía que decir sobre el tema se dijo en la entrevista que Ana María Edwin [directora adjunta del Indec] y Norberto Itzcovich [director técnico del Indec] dieron en el programa de Víctor Hugo [Morales]."

En esa nota, que duró unos 25 minutos al aire y en los que fundamentalmente se ensalzaron los datos del censo de población, el periodista preguntó sobre la medida a favor de Almeida. La respuesta de Itzcovich fue fulminante.

"Marcela Almeida fue una de las responsables de lo que se llamó un IPC nacional, que hubo que discontinuarlo porque era un verdadero mamarracho. Sería bueno que se ponga a trabajar. La verdad es que antes venía al Indec de a ratos, se iba a dar clases de a ratos. Tiene su actividad gremial, que tiene derecho de tenerla, pero no en el horario de trabajo. Estaría bueno que trabaje."

Pero la de Almeida no fue la única victoria para los desplazados tras la intervención conducida por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Hace aproximadamente dos meses, el juez Ariel Lijo sobreseyó a la ex directora del IPC Graciela Bevacqua en una causa penal.

"Fue una victoria para mí y para mi familia. Todo fue un invento, una persecución", afirmó la primera desplazada del Indec a La Nacion.

En marzo de 2009, Lijo la había procesado -con embargos mediante- por una denuncia anónima que la responsabilizaba por avalar el pago de horas extras -por $ 5294- a Luciano Belforte (un empleado suyo) mientras éste se encontraba en el exterior.

En agosto de ese año, la Sala I de la Cámara en lo Federal anuló el procesamiento y cargó duramente contra Lijo por "arbitrariedades" en su decisión. La causa volvió a primera instancia y después de que el fiscal Luis Comparatore decidiera no apelar, Lijo dictó el sobreseimiento.

En mayo de 2009, el juez nacional de primera instancia del Trabajo, Alfredo Bertolini, ordenó la reinstalación en su puesto de trabajo como "supervisora del IPC" de Liliana Gasco, delegada de ATE. Ese fallo fue confirmado por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en agosto del año pasado.

En tanto, también a mediados de 2009, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado el planteo de la encuestadora del IPC Vanina Micello, y ordenó al Indec devolverle su puesto de trabajo. Seis meses después, Micello volvió al tercer piso del Indec.

"La hostilidad ya pasó", afirmó Micello a La Nacion. "Pero aún no cobro las horas extras como antes, ni tampoco me devolvieron todas mis tareas. No tengo computadora ni clave de acceso", criticó.

Estos trabajadores tienen algo en común: todos declararon en su momento ante el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y frente el ex fiscal Carlos Stornelli, en la causa por la manipulación estadística en el Indec que encabeza el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el único eslabón de la justicia que aún no dio su veredicto.

CLAVES

* Fallo en primera instancia. La justicia laboral obligó al Indec a reincorporar a la ex coordinadora del IPC nacional, Marcela Almeida. Además deberán pagarle $ 40.000 por "daños morales".

* Sobreseimiento. El juez federal Ariel Lijo sobreseyó en una causa penal hace aproximadamente dos meses a la ex directora de Precios del Indec Graciela Bevacqua.

* Reincorporación. En agosto del año pasado, otra empleada del Indice de Precios al Consumidor (IPC), Liliana Gasco, fue reincorporada a su lugar de trabajo por la Justicia.

* Otro caso. La encuestadora de precios Vanina Micello fue reinstalada en su cargo por la Justicia y el Indec deberá pagarle $ 40.000 por "daños morales". Aunque no le devolvieron todas sus tareas ni sus herramientas de trabajo, desde fines de 2009 está nuevamente en el 3° piso del Indec.