Javier Fuego Simondet

La Legislatura bonaerense no será un ámbito de actividad para que avancen proyectos que necesitan acuerdos entre oficialismo y oposición. Al menos así lo analizan en las filas legislativas de Juntos, en las que no muestran ninguna expectativa de poder alcanzar entendimientos con el oficialismo del gobernador Axel Kicillof. Observan que la Legislatura permanecerá virtualmente “cerrada” durante el año electoral y que solo se aprobarán temáticas de escasa trascendencia.

En el saldo de cuestiones pendientes, evalúan fuentes legislativas opositoras, este año quedarán la cobertura de las tres vacantes que tiene la Suprema Corte bonaerense, la redacción de una nueva ley de jubilaciones del Banco Provincia, la regulación de las aplicaciones de delivery, proyectos de boleta única, de desdoblamiento electoral permanente, las iniciativas sobre autonomía municipal, o el proyecto oficialista de reforma de la ley que regula al personal policial.

Consultado sobre las posibles negociaciones para cubrir las vacantes en la Corte provincial o redactar una nueva ley de jubilaciones del Banco Provincia (la Corte bonaerense suspendió el mes pasado la norma del gobierno de María Eugenia Vidal), un referente legislativo de Juntos sostiene: “No veo que puedan avanzar este año. Quizás pueda salir alguna designación de jueces, pero no los de la Corte. Sobre la ley del Banco Provincia, la Corte dio por solución que se mantenga la medida cautelar hasta tanto se discuta una norma que no genere pérdidas”.

“No hay manera de que salga una nueva ley de jubilaciones del Bapro. Pueden ponerlo en agenda, pero votaríamos en contra. Para discutir ese tema, ellos tendrían que pensar qué proyectos nuestros acompañarían”, advierte un diputado del bloque de Juntos.

La paridad de fuerzas en la Legislatura bonaerense requiere de consensos y negociaciones

Las fuentes opositoras consultadas apelaron a dos ejemplos recientes para graficar cómo consideran que se dará este año el escenario legislativo en la provincia de Buenos Aires: el de los proyectos oficialistas para regular las aplicaciones de delivery y para modificar el régimen de alquileres en la provincia.

“El mejor ejemplo de cómo está el tema hoy es el de las aplicaciones de delivery. Ellos [por el oficialismo] decidieron forzar el tratamiento. Nunca se llama a plenario de las tres principales comisiones, las de Presupuesto, de Legislación, y de Asuntos Constitucionales, sin negociación previa”, indica un legislador opositor. La oposición rechazó hace días un proyecto del oficialismo para regular la actividad de los repartidores. La iniciativa no logró avanzar en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados provincial, donde el Frente de Todos carece de mayoría y necesita de acuerdos y aliados para alcanzar el quórum de 47 legisladores.

El segundo ejemplo al que echaron mano en la oposición fue el tratamiento en comisión, en el Senado provincial, de un proyecto de alquileres impulsado por el kirchnerismo y que no logró avanzar. La iniciativa propone que los propietarios sean los encargados de pagar los honorarios, el informe de dominio en el Registro de la Propiedad, los costos de certificaciones de firmas y “todo costo de gestoría”, a la hora de celebrar un contrato de alquiler. “Votamos en contra en la comisión, fue el dictamen de mayoría”, puntualiza un senador opositor. El oficialismo redactó un dictamen de minoría para aprobar el proyecto, que giró a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que tiene mayoría.

“La Legislatura va a estar cerrada”, confía un dirigente de Juntos. Un par suyo subraya que, para evitar la situación de parálisis legislativa en años electorales, “debería haber elecciones cada cuatro años”.

En el oficialismo legislativo primó el silencio. Algunas fuentes consultadas sugirieron esperar definiciones de Cristina Kirchner, aunque la vicepresidenta, en su discurso del último jueves en La Plata, solo hizo aseveraciones económicas.