Con iniciativas diferentes, pero un mismo objetivo, los principales bloques de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron ayer o se aprestan a presentar en las próximas horas, proyectos para impedir que los represores de la última dictadura se beneficien por la aplicación del 2 x 1, convalidado por la Corte Suprema en el caso Muiña.

La discusión se va instalar en la sesión de hoy, pese a que fue convocada para el tratamiento de diversos convenios internacionales. El Partido Socialista y Libres del Sur ya presentaron proyectos que establecen que los acusados por delitos de lesa humanidad no pueden requerir la aplicación de ningún beneficio que reduzca su pena. El Frente para la Victoria (FPV) hará hoy una presentación similar, en tanto que el massismo promueve una declaración de repudio al fallo y un recurso en instancias internacionales.

Las iniciativas ya presentadas están en sintonía con el proyecto que prepara el oficialismo, que modificó la posición que había fijado el Gobierno en un primer momento. Pero hay otras propuestas que van más allá: el kirchnerismo y el Frente de Izquierda (FIT) van a pedir el inicio de un juicio político contra los tres jueces que firmaron el fallo, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco.

"Estamos ante la consumación de una operación política de la que participa el gobierno nacional y la jerarquía eclesiástica, que llamó al mismo tiempo a la reconciliación de las víctimas del terrorismo de Estado y de sus responsables", dijo Néstor Pitrola (Partido Obrero), sobre su presentación.

Para introducir el tema en la sesión de hoy, deberá votarse un apartamiento del reglamento, para lo que se requiere la aprobación de tres cuartos de los presentes. Es decir, el oficialismo deberá definir si acepta abrir el debate sobre un tema en el que tuvo una postura cambiante. Los integrantes de la mesa chica de Cambiemos analizaban anoche que el mejor camino era habilitar el tratamiento de una declaración de repudio al fallo y dejar para más adelante la sanción de una ley.

Los proyectos de Alicia Ciciliani y de Victoria Donda tienen un solo artículo, en el que manifiestan que el 2 x 1 no debe aplicarse a los casos de lesa humanidad. "Por sobre la cosa juzgada, por sobre el principio de retroactividad de la ley penal más benigna están los derechos humanos, cuya protección y respeto ha privilegiado la comunidad internacional, de la que por suerte nuestro país forma parte", sostuvo Ciciliani, en los fundamentos de su iniciativa.

Donda argumentó: "Resulta imprescindible adecuar la legislación interna a la legislación internacional en el ámbito de la imposición, y sobre todo del cumplimiento de la pena en estos delitos, para hacer efectivos los alcances de la máxima de «no impunidad» asegurando el cumplimiento de la totalidad de la pena impuesta como consecuencia de la comisión de los delitos de «genocidio» y «lesa humanidad»".

En acuerdo con Libres del Sur y con el GEN, de Margarita Stolbizer, el Frente Renovador va a impulsar un proyecto de repudio. Además, el massismo anunció que elevará el reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Convocó ayer por esa razón a un grupo de juristas, y les encargó que estudien y preparen la presentación.

Otro camino

La solución política que impulsa la oposición es vista con reparos por constitucionalistas, que consideran que será muy difícil que la Corte dé marcha atrás. Si el máximo tribunal decidió que rige el principio de la ley penal más benigna para todo tipo de delitos, ¿por qué aplicaría de manera retroactiva una ley que sancione el Congreso en los próximos días?

"Es una forma de darle a la Corte una herramienta para sortear esta crisis y poder modificar su posición", respondió a LA NACION un diputado. La percepción de diputados de la oposición que definen la estrategia a seguir es que la mayoría de la Corte que se construyó en el caso Muiña es "endeble" y puede ser modificada en otros casos que lleguen al máximo tribunal.

Para los constitucionalistas la vía más idónea para lograr revertir la situación es la presentación de un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Es la única salida", dijo a LA NACION el constitucionalista Félix Loñ, aunque advirtió que tampoco se trata de una solución sencilla. "El fallo de la Corte dice que la convención de la Corte Penal Internacional convalida el principio de ley penal más benigna", agregó.

Hay que recordar que en febrero de este año, en el caso Fontevecchia y D'Amico, la Corte Suprema sostuvo que la Corte Interamericana no puede revocar las sentencias de la Corte Suprema. Para llegar a esa decisión habrá que esperar varios meses, coinciden los especialistas.