La Oficina Anticorrupción (OA), que es el organismo del Gobierno de control de sus funcionarios y quien debería verificar la consistencia de sus declaraciones juradas de bienes, prefirió el silencio cuando se la consultó acerca de si iba a iniciar una investigación por las omisiones en las que incurrió el titular de la DGI, Andrés Vázquez, al no declarar sus departamentos en Miami.

“No tenemos información sobre el temperamento a seguir”, dijo a LA NACION un funcionario de la Oficina Anticorrupción.

La OA es un organismo de control del Estado que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Su titular es Alejandro Melik, un abogado de extrema confianza del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien es su superior en el organigrama del Estado. LA NACION intentó comunicarse con Melik, que no quiso hablar.

Su ámbito de actuación incluye a los funcionarios del Poder Ejecutivo, empresas, sociedades y todo ente público o privado en que el Estado participe.

La Oficina Anticorrupción es la depositaria de las declaraciones juradas de bienes que deben presentar los funcionarios públicos cada año y cuando entran y salen de sus cargos. Tiene un área destinada a realizar investigaciones anticorrupción, recibe denuncias e investiga irregularidades. Dice su web que cuando detectan hechos de corrupción formulan denuncias penales. No se conoce que esté haciendo nada de esto en el caso de Vázquez.

Andrés Vázquez, jefe de la DGI, en la foto de su pasaporte, incluida en los registros de constitución de sus sociedades offshore

El gobierno de Javier Milei fue oscilante en su política de impulsar investigaciones de hechos de corrupción y presentarse como querellante en esos casos. Durante la presidencia de Alberto Fernández, la Oficina Anticorrupción se retiró en 32 causas penales donde actuaba como querellante. Es decir, decidió no impulsar la acusación ni pedir medidas de prueba. Con la llegada de Javier Milei, el Gobierno dijo que iba a mantenerse con la misma política, pues destacaba que esa tarea correspondía a los fiscales y no al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, las críticas la forzaron a modificar su posición y anunció que la oficina iba a ser querellante en los casos de resonancia institucional.

Las funciones de la OA

En su página web la OA dice, bajo el título “Investigaciones Anticorrupción”: “Recibimos denuncias e investigamos irregularidades y hechos de corrupción; formulamos denuncias penales cuando detectamos delitos contra la Administración Pública. Nuestro ámbito de acción comprende organismos del Poder Ejecutivo Nacional y empresas, sociedades y todo otro ente público o privado en que el Estado participe o su aporte sea la principal fuente de recursos”.

También informa en su página web que se dedica a la “Política preventiva”. En este punto, sostiene: “Asistimos en el diseño y elaboración de políticas, acciones, planes y programas vinculados con la integridad, la ética pública y la transparencia. Prevenimos, investigamos y sancionamos casos de conflicto de intereses de funcionarias y funcionarios públicos y otras infracciones a la ley de Ética Pública. Administramos, publicamos y analizamos las Declaraciones Juradas Patrimoniales de integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”.