El viceministro de Justicia y representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, propondrá formalmente hoy la suspensión y el envío a juicio político del juez federal Claudio Bonadio. El plenario del Consejo está convocado para el inusual horario de las 7:30. Difícilmente comience a esa hora. Tan difícil, como que la postura del consejero Álvarez consiga los nueve votos necesarios para que hoy mismo Bonadio sea apartado provisoriamente del cargo y afronte el Jury de Enjuiciamiento en los próximos seis meses.

El proyecto de dictamen de Álvarez, de unas 35 páginas, reflota las causales de mal desempeño que el kirchnerismo le reprocha en dos causas de corrupción de los '90: Tandanor y Curtiembres Yoma. En ambas, Bonadio está acusado de haber posibilitado, con su inacción y la laxitud de los tiempos procesales, la prescripción de episodios que significaron millonarias pérdidas en dólares para las arcas públicas.

En concreto, el dictamen le achaca a Bonadio "haber incurrido en excesivas e injustificadas demoras en la tramitación de la causa Nro. 1338/09 caratulada "Bofill, Alejandro Arturo y otros s/ infracción al art. 174 inc. 5 en función del artículo 173 inciso 7 del Código Penal" que motivaron la prescripción de la causa dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5, "por no haber producido actos procesales válidos durante prolongados lapsos en que la causa tramitó ante el juzgado a cargo del magistrado denunciado". La misma imputación se hizo extensiva a la causa 1379 "Yoma, Emir Fuad; Yoma, Alfredo Carim, Núñez, Miguel Angel, Romano, Elías Daniel y Crivello, Domingo s/ Inf. Art. 174 inciso 5 en función del artículo 172 del Código Penal". Ambas son defraudaciones en perjuicio de la administración pública. Negocios turbios, ganancias privadas, quebrantos públicos. Perjuicios que soporta la sociedad toda.

En ese contexto, según Álvarez, el juez Bonadio generó "con su conducta morosa y negligente un grave perjuicio al Estado Nacional, y afectó la eficaz prestación del servicio de justicia". Al mismo tiempo, evidenció "un notorio desinterés en el cumplimiento adecuado de su función de magistrado".

Para que un dictamen acusatorio sea aprobado en el plenario es necesario el voto afirmativo de dos tercios de los presentes. El de hoy será el segundo plenario del Consejo con su nueva integración, de modo tal que se prevé que habrá asistencia perfecta. En ese escenario, el documento que presentará Álvarez necesita nueve votos. Y no los tiene.

La cuenta daba anoche seis, con la posibilidad de extenderse a siete. Los cuatro legisladores oficialistas (los senadores Ruperto Godoy y Pablo González y los diputados Eduardo "Wado" De Pedro y Héctor Recalde), el representante de los académicos, Jorge Candis, y el propio Álvarez están convencidos de votar la suspensión de Bonadio. A ellos podría sumárseles la presidenta del Consejo, la jueza Gabriela Vázquez. El oficialismo se ilusionó en un momento con recibir el apoyo del bloque radical, integrado por los legisladores Ángel Rozas y Gustavo Valdés. O de los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas. Ninguno de ellos se mostraba proclive a apoyar la suspensión inmediata de Bonadio. Por lo menos, no ahora. "Todos saben que Bonadio no debe seguir siendo juez, pero los puede más el antikirchnerismo que hacer lo que tienen que hacer", dijeron a Tiempo Argentino voceros del ala K del Consejo.

Los votos que se descuentan en contra son los de los jueces Ricardo Recondo y Leónidas Moldes. Ellos también tienen una visión crítica de Bonadio, pero puertas adentro. En el Consejo asumirán corporativamente la defensa del juez. «