Una de las causas judiciales que tuvo cierta relevancia a fines del 2021 fue la que dejó en evidencia la presunta existencia de algunas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial, a partir de una serie de allanamientos que ordenó la Justicia. La escalada pública del tema impactó en la Corte Suprema, que rápidamente puso límites a la gestión de Aldo Tonón, el director del organismo.. 

Sin embargo, en los días previos a la feria judicial de verano llegó a la Justicia una nueva denuncia por supuesta corrupción en la contratación de dos firmas: en una de ellas no se habrían cumplido los requisitos licitatorios legales y tampoco se prestaban los servicios de emergencias médicas acordados, siempre según la denuncia; mientras que la otra firma supuestamente es una empresa fantasma. 

La denuncia lleva la firma del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) y fue presentada en el Juzgado de Daniel Rafecas, que ya tiene avanzada otra investigación por una supuesta contratación de un software para controlar a algunos trabajadores y trabajadoras del organismo. Sin embargo, el magistrado elevó la presentación a la Cámara y esta finalmente dictaminó que el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli eran competentes. 

Se espera que en los primeros días de febrero, apenas termine la feria judicial, la causa comience a moverse. En principio porque Stornelli ya le pidió al juez que cite al denunciante a ratificar la denuncia y a exponer más detalles acerca de la acusación. Lo mismo con un puñado de empleados de la Administración de la Obra Social tras librar un oficio a Tonón para que informe la nómina de empleados y empleadas del organismo. 

En paralelo, también fueron citados a declarar los directivos de las empresas Emergencias Médicas Integrales S.A. y Farmandat S.A, cuyas contrataciones por parte del organismo fueron puestas en la mira por parte del denunciante y los investigadores pretenden ahondar en la posibilidad de que efectivamente haya habido un delito. 

Las dos empresas en la mira por la Obra Social del Poder Judicial

En la denuncia radicada en Comodoro Py piden que se investiguen supuestas irregularidades "graves" en torno al vínculo entre la Obra Social del Poder Judicial y Emergencias Médicas Integrales. "Se trata de la contratación por licitaciones que siempre se le adjudicó a la misma empresa durante diez años, por una suma equivalente a 100 millones de pesos", señala la presentación del Sitraju.

Para la organización sindical, esa empresa "no cumplía con los requisitos mínimos" ya que supuestamente el pliego de licitación redujo a 12 meses el patrimonio mínimo de prestación de servicios cuando regularmente es de 24 meses. Y más: presuntamente la firma tampoco podía acreditar esos 12 meses de servicio al ser contratada. 

La presentación agrega también que a esa empresa se le adjudicó el servicio de emergencias médicas "en todo el interior del país" pero en realidad "por manifestaciones de afiliados de distintas provincias llega a nuestro conocimiento que no contaban con el servicio en las distintas provincias del país (...) es decir que sólo los prestaba en la ciudad  de Córdoba capital". 

Mientras tanto, los investigadores también quieren escuchar en febrero las explicaciones de los directivos de Farmadant S.A., empresa que supuestamente fue contratada por la Obra Social para "controlar las recetas que presentaban las farmacias" y que sería, a criterio de los denunciantes, una firma fantasma. 

En ese caso, piden que se investiguen las "funciones reales" de la firma y la supuesta "destrucción de medicamentos de elevado costo por encontrarse vencidos".

Este medio intentó comunicarse con las Direcciones de ambas empresas aunque sin éxito. Lo mismo en consultas a la Obra Social. 

El frente judicial que enfrenta Tonón

Como se mencionó, previo a la denuncia del Sitraju se inició una investigación que está a cargo del juez Rafecas y donde ya se llevaron a cabo tres allanamientos en la sede central de la calle Lavalle, en pleno centro porteño. Allí se investiga una supuesta contratación de un software con el que Tonón habría ejercido seguimientos a algunos trabajadores por fuera del ámbito laboral. 

Mientras tanto, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales siguen de cerca los movimientos y uno de los posibles requerimientos de la Justicia sea la auditoría que ordenaron los cortesanos sobre el organismo.

A cargo del secretario Daniel Marchi, el informe concluyó que la gestión económica era hasta hace unos meses uno de los puntos críticos de la Obra Social ya que no había una herramienta de gestión de información financiera y tampoco práctica presupuestaria a pesar de manejar una millonaria caja de fondos.