Ayer, la noticia del hallazgo de su cuerpo sin vida con un balazo en su sien causó estupor y le agregó dramatismo a la hecatombe que ya había generado su denuncia del miércoles último involucrando a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros, con un presunto encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA.

Para algunos, el fiscal Alberto Nisman de 51 años, abogado y docente de Derecho Penal, padre de dos hijas de su ex mujer, Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal N 1 y a cargo, entre otras, de la causa que investiga a Ernestina Herrera de Noble, dueña del multimedios Clarín por la adopción irregular de Marcela y Felipe, era un hombre solitario aunque agradable al trato.

Dio sus primeros pasos en 1987 en la justicia de Morón donde ocuparía el cargo de secretario del Juzgado de Gerardo Larrambebere quedando a cargo del expediente que investigó el ataque al cuartel de La Tablada perpetrado por el Movimiento Todos por la Patria en 1989.

Años después sería designado como fiscal ante los tribunales orales de San Martín sumándose al equipo de Eamon Muller y José Barbaccia, quienes investigaban el atentado contra la mutual judía ocurrido el 18 de julio de 1994 dejando un saldo de 85 muertos.

En 2004, Nisman se hizo cargo de la Unidad Fiscal creada para develar lo ocurrido con la voladura de la mutual y donde pondría su mirada en las evidencias del presunto “plan de ataque” que según sostenía, había sido ejecutado por la organización “Hezbollah, cuya base se encuentra en el Líbano, apoyados por Siria y patrocinados por Irán”. Por esa linea de investigación, la que iba en sintonía con los planteos de los Estados Unidos, el 1 de julio de 2010 la cámara de Representantes y de Senadores de ese país emitió un dictamen apoyando su labor.

Fue precisamente por esa conexión fina que un año más tarde los cables develados por Wikileaks lo dejaron al desnudo al revelar que el fiscal respondía más a las directrices de la embajada estadounidense en Buenos Aires a la que le anticipaba sus movimientos que a las directrices del propio juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.

El malogrado fiscal no dudó en su momento en pedir la detención y el procesamiento del ex presidente Carlos Menem por su presunta complicidad con el atentado y el año pasado se alineó junto a la DAIA y la AMIA en contra del Memorandum de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán e hizo público sus vínculos con agentes de la Secretaría de Inteligencia (SI), en especial con el desplazado Jaime Stiusso.

Sin embargo, lentamente su estrella se fue apagando ante los escasos resultados obtenidos en la causa y no pasó mucho tiempo hasta que los familiares de las victimas nucleados en la Asociación Civil Memoria Activa lo terminaran repudiando y pidiendo su remoción.

El miércoles de la semana pasada y tras regresar imprevistamente de un viaje vacacional por Europa,volvió a ocupar la primera plana de los diarios al pedir la indagatoria de la presidenta y de su canciller, y ayer su exposición quedaría sellada, esta vez por la noticia de su muerte.