En medio de un crisis prolongada y con contradicciones internas a cielo abierto, La Libertad Avanza buscará este miércoles en el Senado obtener dictamen para un ambicioso paquete de leyes que tenía en agenda: la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la reforma de la Ley de Barrios Populares, la derogación parcial de La Ley de Tierras Rurales, la modificación del Código Civil y Comercial sobre alquileres de viviendas, y del Código Procesal Civil y Comercial en los procesos de desalojos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Parte de una ofensiva que iba en línea con la reforma laboral y la derogación de la Ley de Glaciares, la reforma en la propiedad de la tierra que favorecía a los propietarios extranjeros en detrimento de las comunidades locales naufragó en las últimas semanas. En medio de la agonía del caso Adorni y con Patricia Bullrich en tensión con los hermanos Milei, el oficialismo se dispuso a hacer modificaciones de última hora en el Senado. Según publicó el sitio Parlamentario, el mileismo cedió en los últimos días al pedido de los bloques de la oposición moderada y prometió eliminar del dictamen el Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 de Barrios Populares y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos. Al mismo tiempo, se habilitaron una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a La Ley de Tierras. Se trata de una derrota de Milei, pero sobre todo del desregulación Federico Sturzennegger. 

Distintas organizaciones como el CELS habían advertido que la versión original del proyecto del gobierno introducía un procedimiento exprés para ejecutar desalojos sin evaluación de la proporcionalidad y otorgaba un grado desequilibrado de protección a los propietarios a expensas del interés social en caso de expropiaciones.

Eje de la reforma que ahora el gobierno parece desandar en parte, el proyecto original de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada promovía un cambio jurídico-legal que limitaba aún más el acceso a la tierra y a la vivienda: agravaba la situación habitacional de quienes viven en barrios populares, empeoraba la situación de inseguridad jurídica de los territorios de comunidades indígenas y familias campesinas, facilitaba los desalojos en una vivienda familiar y reducía la capacidad del Estado para emprender políticas de cuidado ambiental, infraestructura, o de planificación urbana.

La Ley de Barrios Populares reconoce como titulares de derecho a más de 5 millones de habitantes, prohíbe desalojos y otorga la posibilidad de regularizar su situación. En línea con el hostigamiento policial comandado por Jorge Macri en las villas ciudad de Buenos Aires, la reforma libertaria facilitaba los desalojos en la CABA y la anulación de las condiciones que impedían la venta de los terrenos donde están emplazados los barrios populares. En 2025 el Estado Argentino ya fue condenado por el Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturale (DESC) de la ONU por la violación del derecho a la vivienda adecuada, debido a la decisión judicial en la Ciudad de Buenos Aires de ordenar el desalojo forzoso de una vivienda en un barrio popular.

Diego Montón es referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena - Somos Tierra y de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Además, es parte de la Comisión Directiva del CELS. Para él, el proyecto inicial del gobierno tiene como verdadero fin elevar todavía más la concentración de la tierra y generar un aumento del precio de la tierra para productores que son en su mayoría arrendatarios, lo que tendría un impacto directo en el precio de los alimentos. De acuerdo a los datos del último censo nacional agropecuario, cerca del 60% de los productores hortícolas de los cinturones verdes de Argentina son arrendatarios y en la zona núcleo, la cifra llega al 80%. La agricultura familiar representa al menos al 65% de los productores, pero sólo accede al 13% de la superficie agrícola. 

Según cifras del “Programa de Agricultura Familiar” del INTA, entre 2002 y 2018 los pequeños productores disminuyeron en un 27%. En los últimos 30 años, se estima que desaparecieron 150.000 agricultores familiares. A esto se le suma, apunta Montón, la precariedad registral de cientos de miles de hectáreas en las que viven comunidades campesinas y originarias desde hace décadas.

El otro eje de la reforma de la extrema derecha tiene que ver con la venta de tierras a extranjeros. Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei quiere derogar parte del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Ley de  Tierras Rurales (26.737). Primero lo intentó a través del decreto 70/2023, pero la ofensiva quedó en suspenso por una cautelar. Ahora, el nuevo paquete de leyes de LLA buscaba suprimir la prohibición de vender un máximo de 1000 hectáreas en zona de producción de alimentos que buscaba desalentar las grandes concentraciones. Un marco ideal para plasmar en la propiedad de la tierra las relaciones carnales con Donald Trump. 

Sancionada en 2011, La Ley de Tierras fijó un límite de extranjerización de tierras de un 15% de la superficie a nivel provincial y departamental y fortaleció los mecanismos de control. A través del decreto 820/2016, Mauricio Macri modificó su aplicación y flexibilizó los procedimientos: habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados, redujo los requisitos para compras e introdujo criterios más amplios para definir quién era considerado extranjero.

Según el interesante mapa interactivo que elaboró el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, casi el 5% del territorio nacional -más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra- ya pertenece a firmas o Estados extranjeros. El informe contradice el argumento oficial de que la extranjerización no supera el 15% y muestra que hay 36 distritos que exceden el límite. Hay casos críticos como Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná. En localidades como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) -todas ubicadas sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná- la propiedad en manos de extranjeros está muy por encima del 30%. Las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas -tanto en el norte como en la cordillera- y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos.

De acuerdo a los datos del mapa que elaboraron el historiador Matías Oberlin Molina y la socióloga Julieta Caggiano, hoy ya hay más de 2,7 millones de hectáreas en manos de ciudadanos estadounidenses: es una superficie mayor que la provincia de Tucumán. En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, la derogación de la Ley apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional: lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas.

Hace dos semanas, el relator especial sobre vivienda de la ONU, Koldo Casla, envió una comunicación formal al Estado argentino en el que cuestionó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se trata en el Senado. “Me preocupa que el proyecto de ley no logre un equilibrio justo entre la protección de la propiedad privada y el derecho a una vivienda adecuada”, dijo. Para el relator de la ONU, la letra actual de proyecto no contempla la “función social de la propiedad” y prevé cambios legales que podrían violar tratados internacionales ratificados por el Estado argentino.

En su mensaje al Ejecutivo y al Congreso, Casla advirtió sobre 1) la aceleración de los procedimientos de desalojo sin una solución de vivienda alternativa para las personas afectadas; 2) la protección desproporcionada de los propietarios a expensas del interés general de la sociedad en el caso de expropiaciones públicas y 3) el desprecio de la función social de la propiedad como instrumento para avanzar en la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada

La comunicación del relator de la ONU tuvo una rápida respuesta que, de algún modo, anticipaba la marcha atrás del gobierno. En un documento de 5 páginas, la Misión Permanente Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra afirmó que la ley todavía no estaba sancionada, que Argentina era respetuosa de las leyes internacionales y que reconoce la necesidad de cumplir con las garantías de personas en situación de vulnerabilidad ante desalojos o conflictos habitacionales.