La Nación continúa alineada con La Pampa en la discusión sobre el uso que hace Mendoza sobre las cuencas hídricas. Esta semana, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, prometió que el gobierno central brindará apoyo técnico para fortalecer la postura de la provincia vecina.

Fue durante una reunión que se produjo en Buenos Aires entre Cabandié, el secretario general de la Gobernación pampeano José Vanini y su subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli.

Cabandié aseguró que la conversación abordó temas vinculados con "la agenda ambiental e inversiones que llevamos adelante en La Pampa, donde ya destinamos más de $250 millones en maquinaria como parte de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu)".

Pero luego se refirió al tema que más pega en Mendoza: las diferencias respecto a la utilización y distribución del agua.

Cabandié apoyó a La Pampa en el reclamo por el Atuel

Los funcionarios pampeanos le recordaron al ministro que existe un fallo de la Corte Supema donde "se fijó como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre La Pampa y Mendoza". Denunciaron que no se está cumpliendo con ese fallo.

Ante eso, el titular de la cartera ambiental respondió que "acompaña a La Pampa en su justo reclamo sobre el derecho del curso del río Atuel".

"Vamos a brindar apoyo con capacidades técnicas para restituir este recurso que la provincia de Mendoza le impide hace años", agregó.

Por si el lector no lo sabe, hay un dato obvio que aporta otra capa conceptual para entender las tensiones: en La Pampa gobierna el peronismo y en Mendoza los radicales.

La Pampa, Mendoza y el agua: un problema de larga data

De todos modos, el conflicto entre Mendoza y La Pampa alrededor de los recursos hídricos ya tiene más de 75 años y, lejos de apaciguarse, pareciera que no hace más que escalar.

La periodista de UNO Rosana Villegas, de hecho, contó hace algunos meses que en colegios de la vecina provincia se canta la "Zamba del río robado", en alusión al Atuel.

Es que a mediados del siglo XX, la construcción de los diques Los Nihuiles, en San Rafael, alteró la llegada de agua a territorio pampeano, afectando los ecosistemas de esa provincia.

En 2020, un fallo de la Corte Suprema determinó que Mendoza debía garantizar 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite con suelo pampeano.

Ya en marzo de 2022, la fiscal de Estado de La Pampa Romina Schmidt presentó una cautelar ambiental ante la Corte Suprema de Justicia en la que exigió que Mendoza “suelte un caudal mínimo del Río Atuel” antes de sentarse a discutir nuevos proyectos, en referencia a la presa Portezuelo del Viento.

Por su parte, el ministro de Infraestructura de Mendoza, Mario Isgro, negó que se esté incumpliendo con el fallo que libró el máximo tribunal, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de obras que son imprescindibles para alcanzar el caudal solicitado.

"Estamos haciendo lo que nos marcó la Justicia. Trabajamos en forma conjunta las dos provincias, con participación de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de La Nación, para hacer las obras pertinentes que nos permitan erogar ese caudal", aseguró Isgro.

Es en ese contexto que La Pampa empezó a endurecer posiciones sobre prácticamente cualquier proyecto que tenga en mente el gobierno mendocino. El ejemplo más vistoso es la hasta ahora fallida megapresa Portezuelo del Viento. Pero más recientemente, proyectos como el dique El Baqueano recibieron críticas de los pampeanos.

Mendoza apuró a Alberto Fernández para que laude por Portezuelo

La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Mercedes Monti, acaba de dictaminar que la acción de amparo por mora que Rodolfo Suarez presentó para solicitar el rápido pronunciamiento del presidente Alberto Fernández en el arbitraje por Portezuelo del Viento debe tramitarse efectivamente ante el máximo tribunal.

Su opinión fue requerida luego de que el gobernador, en representación de Mendoza, interpusiera formalmente una acción de amparo por mora en la administración en contra del Gobierno nacional el pasado 25 de octubre.

"A fin de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación", rezaba el proveído que finalmente fue respondido el 6 de diciembre.

Ahora sí el expediente quedó en manos de la Secretaría de Juicios Ambientales a cargo de Néstor Cafferatta.

Si bien en el fondo de la cuestión será la Corte la que decida, para que esto sucediera era necesario que la procuradora fiscal se expresara acerca de la competencia originaria del máximo tribunal.

Con ello, el gobernador Suarez busca que la Justicia obligue al presidente a concretar el postergado laudo que habilitaría -o cerraría- la vía jurídica para que se realice la obra.