Municipios en emergencia: cruda realidad y especulación política

Municipios en emergencia: cruda realidad y especulación política

En varias comunas se aprobaron ordenanzas que disponen medidas para paliar los problemas sociales y productivos. En algunos casos es por impulso de los gobiernos locales. En otros surgieron desde los concejos deliberantes. Acusaciones cruzadas de inacción y de oportunismo electoralista.

 

El conurbano bonaerense es denso, espeso. Recorrer sus calles sirve como muestra de la desidia y la falta de planificación de políticas desacertadas por décadas. Asentamientos, extrema pobreza, escuelas que funcionan como depósitos de niños con un desalentador porvenir y servicios públicos inexistentes, son la muestra de un Estado ausente. El equilibrio social en estos lares es milimétrico, el mínimo desbalanceo hace caer a miles en una situación de absoluta vulnerabilidad. 

Si bien la economía comienza a mostrar leves signos de recuperación en sectores puntuales, los números globales que arrojan los 19 meses de la gestión de Cambiemos repercuten de forma negativa en los municipios. Por ejemplo, el consumo durante 2016 registró un descenso del 4,7% y se convirtió en el peor nivel de los últimos 10 años, según una medición de la consultora CCR. Esa tendencia continúa este año, y por caso las ventas de shopping y supermercados siguen sin reacción con caídas del 4,3% y 2,5% en mayo, respectivamente, tal como informó el INDEC. Otro dato de la economía surge de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que registra un descenso del 0,5% en junio de la producción de las pymes industriales, acumulando 21 meses consecutivos de retracción en un sector clave para el empleo en el ejido urbano. Un dato positivo impulsado por el plan de obras públicas del Gobierno es la recuperación de la construcción. Un informe de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), aseguró que el empleo formal en el sector creció un 9,8% interanual en mayo, lo que representan 10.000 nuevos puestos de trabajo y que se supere la barrera de los 400.000 empleos.

Así las cosas, las comunas padecen los efectos de un nivel de actividad que continúa con débiles destellos, a lo que se suma un año electoral que abre paso a la especulación política y la consecuente disputa territorial entre oficialismos y oposiciones. En este contexto político-social es que en varios municipios se declaró la emergencia social y productiva, en procura de alivianar la situación de empresas y vecinos.

Inicio

Uno de los sectores más afectados por la caída del consumo interno, el alza de costos y la apertura importadora es el textil. El último informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) arrojó que la fabricación de productos textiles acumuló en los primeros cinco meses de 2017, una caída del 17,3% en relación con igual período de 2016, mientras que la fabricación de prendas de vestir, terminación y teñidos de pieles reflejó una merma del 13,5%.

El partido de Luján es un polo textil que se había recuperado tras el ostracismo al que había sido condenado por el libre mercado de los 90. Sin embargo, la tormenta perfecta que se desató sobre el sector volvió a poner a las pymes textiles en una situación límite. Ante este panorama es que el 21 de febrero el Concejo Deliberante de Luján declaró la Emergencia Textil, siendo el primer municipio en donde se avanzó con este tipo de iniciativa. El concejal Silvio Martini, del Bloque Militancia Peronista, quien impulsó la ordenanza sostuvo en diálogo con Municipios que "vivo en un pueblo netamente industrial, más fuertemente textil y uno ve cómo de a poco se van perdiendo puestos de trabajo, se pierden las horas extras, se reducen las jornadas de 8 a 6 horas, y hay suspensiones en las empresas del polo de Jáuregui y Villa Flandria".

Ahora el propio Martini llevó al Concejo un proyecto para declarar la Emergencia Productiva, un texto que aún está en análisis en comisión y que el edil espera sea tratado en breve en el pleno del recinto. "La segunda ordenanza que está en comisión abarca a toda la producción y tiene que ver con la reducción de tasas y con promociones especiales a las empresas que se comprometan a no despedir y reincorporar a aquellos que hayan sido despedidos de 2015 a la fecha".

Capital de la Industria

Con un entramado pyme principalmente en los sectores textil, metalmecánico y plástico, el partido de San Martín es considerado como la "Capital de la Industria". Tal es así que dos tercios de la economía del distrito son generados por esta actividad, y en forma global todos los segmentos de productores de bienes aportan el 70% del PBG, según un estudio del Centro de Economía Regional de la UNSAM.

"Venimos relevando la situación de las pymes del distrito a diario, parte del trabajo de la Secretaría es visitar las pymes y los dueños nos cuentan su realidad. En función de eso es que nos dimos cuenta que había gran parte de las pymes que estaban atravesando serios problemas, y en ese marco vimos que era necesario declarar la emergencia y el intendente avanzó en ese sentido", cuenta Alejandro Tsolis, secretario de Producción y Desarrollo Económico del municipio de San Martín, que el 28 de marzo declaró la Emergencia Pyme por decisión del intendente Gabriel Katopodis.

La medida implica una reducción del 40% de la alícuota de la Tasa de Seguridad e Higiene para las firmas que hayan facturado hasta $10,3 millones de ingresos anuales en 2016. Esa decisión beneficia a 2.264 empresas locales. Además brinda la posibilidad de refinanciar las deudas que tengan con el municipio en hasta 48 cuotas y deducciones en los intereses. También Tsolis cuenta otros dos puntos que establece la Emergencia Pyme: "Uno es el armado de una mesa productiva para charlar con diferentes actores del distrito temas vinculados a la política industrial, productividad y empleo. Y una ventanilla pyme que atiendo todos los lunes para revisar cuestiones puntuales que requieren algún tipo de articulación de organismos de Nación o provincia".

Año electoral

Uno de los triunfos electorales más resonantes de Cambiemos en 2015 fue el que lo catapultó a Ramiro Tagliaferro como intendente de Morón, poniendo fin a los 16 años del sabbatellismo.

El jueves 13 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que declara la Emergencia Productiva y Comercial. Sin embargo, en el oficialismo ven un trasfondo político que parece teñir de sombras esa decisión de los ediles, en donde el oficialismo tiene 8 sobre los 24 que conforman el cuerpo deliberativo. "Esta declaración está vinculada al año electoral, sobre todo teniendo en cuenta la forma en que se hizo, sin ningún tipo de estudio y de forma muy irresponsable", explica la presidenta del bloque Cambiemos en el Concejo Deliberante de Morón, Analía Zappulla, en diálogo con Municipios.

Para el oficialismo, esta declaración de Emergencia afecta directamente a las arcas municipales, y la enmarcan en una intencionalidad política. "Fue un tratamiento que se hizo sobre tablas, nosotros habíamos hablado con la responsable de Economía del municipio y vimos que la ordenanza tenía defectos técnicos importantes. De hecho una de las cuestiones que rechazábamos de plano era que plantea la eximición del pago de la TISH para absolutamente todas las industrias y los comercios durante un año sin tener en cuenta el tamaño, esto implica que el municipio deje de percibir $45 millones mensuales", analiza Zappulla.

Fuentes oficiales explicaron que los $45 millones perjudican directamente a los clubes de barrio porque una parte se destina al fondo de fortalecimiento de las entidades sociales. Además otra parte de ese dinero que el municipio dejaría de recibir se destina a la promoción industrial y comercial. "Hay ingenuidad por parte del sector político que nunca manejó el Estado municipal que apoyó esta medida y no tiene idea de lo que significa llevar adelante el Ejecutivo, y por otro lado, la intencionalidad de quienes estuvieron 16 años en el Gobierno que claramente saben que esto implica desfinanciar al Estado municipal", critica Zappulla.

Asistencia social

Moreno es uno de los municipios más golpeados por el pasivo social histórico que las malas políticas dejaron en suelo bonaerense, profundizado por la actual situación económica. Sin un entramado productivo sólido, los vaivenes económicos comprometen la realidad de sus vecinos.

Según datos del municipio, con un presupuesto anual de $1.700 millones, el 92% se destina a gastos fijos como los son el pago de salarios (60%) y recolección de residuos (32%). Es por eso que en la actualidad padece un déficit de $40 millones mensuales, lo que pone a la comuna en una situación de extrema tensión. "El Gobierno de la provincia nos dice que no nos cierran las cuentas. Ahora la realidad es que el gasto está en lo mínimo indispensable, el gran peso del gasto municipal son los salarios. Y lo que propone un tecnócrata desde La Plata para resolver los números es reducir la planta de empleados de 5.000 a 3.500, pero al hacer eso tenés como primer problema el conflicto social, y el segundo problema es que tenemos una relación de empleado público de 8,4 empleados cada mil cuando la media provincial es de 15. Entonces, lo que piden repercute en un peor servicio municipal y se entra en un círculo vicioso que afecta la cobrabilidad y por ende la recaudación", analiza Lucas Chedrese, secretario de Gobierno de Moreno.

Este año el Ejecutivo local impulsó la declaración de la Emergencia Social y Alimentaria, y la Emergencia Pyme. En ese sentido, Chedrese cuenta que "a principios de año se empezó a hacer más visible la conflictividad social, y en ese sentido muchas organizaciones sociales armaron la Coordinadora del Oeste. Viendo ese crecimiento de la conflictividad creamos la Mesa del Diálogo Social integrada por movimientos sociales, la Iglesia Católica y Evangélica, uniones de empresarios y comerciantes, y todos los partidos políticos. En el marco de esa mesa se llegó al acuerdo de sancionar estas dos ordenanzas de Emergencia, obviamente motorizadas por el Ejecutivo pero consensuadas con todas las fuerzas vivas del municipio".

En el marco de la Emergencia Social el municipio negoció y firmó ayer un acuerdo con los supermercados mayoristas Jaguar y Maxiconsumo y con los supermercados chinos, con el objetivo de comercializar una caja de alimentos básicos, con el propósito de asegurar a los vecinos el acceso a alimentos de primera necesidad a un precio razonable. A partir de este convenio, el Programa Compromiso Público contempla la venta de la "Canasta Inteligente", en la sucursal local de Maxiconsumo, compuesta por productos de necesidad primaria y valoración nutricional a un precio de $250 por el plazo de seis meses. Asimismo, en la sucursal Moreno de Supermercados Yaguar podrá adquirirse una canasta de 10 productos a $145. Por su parte, el caso de los supermercados chinos adheridos a este acuerdo, se prevé la venta de 18 productos (que pueden adquirirse por separado) por un monto cercano a los $320.

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